OPOSICIÓN FILTRA LISTA DE POSIBLES SANCIONADOS POR EE.UU QUE SE SUMARÍAN A ROBERTO RIVAS

En la lista figuran empresarios sandinistas, funcionarios públicos, operadores políticos, religiosos, un hijo y hasta una nuera del Presidente Daniel Ortega. También destaca el nombre de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos y del expresidente Arnoldo Alemán Lacayo. 100% NOTICIAS tuvo acceso a una lista de posibles sancionados por Estados Unidos que se sumarían a Roberto Rivas Reyes, presidente del Poder Electoral, pero sin funciones legales y administrativas, según la última reforma a la Ley Electoral. La lista circuló durante el foro que organizó el Instituto Interamericano por la Democracia en Washington, donde estuvieron como invitados Violeta Granera y Suyen Barahona del Frente Amplio por la Democracia y como expositor estuvo el ex embajador de Nicaragua en Países Bajos, Bosco Matamoros. En este encuentro participaron los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Marco Rubio. Desde Washington Doña Violeta Granera informó a 100% Noticias que aprovecharon el viaje para seguir denunciando ante el mundo lo que pasa en Nicaragua, informaron de los últimos acontecimientos que según Granera tienen que ver con  la “farsa electoral”. La dirigente del Frente Amplio por la Democracia, FAD expresó que “la percepción que se tiene es que Daniel Ortega no está haciendo absolutamente nada en el caso de la dictadura de Nicaragua,  para tratar de resolver este asunto y por lo tanto lo que podemos deducir es que las sanciones que han empezado con la Magnitsky van a continuar y pues esperemos que logremos todos allá en Nicaragua juntándonos y presionando y evitar mayores consecuencias en el país”, señaló Granera en un video que compartió vía whatsApp. Esta semana la embajadora de Estados Unidos Laura Dogu, lamentó que los diputados y el gobierno perdieran una oportunidad de hacer los cambios en el Consejo Supremo Electoral. “Es una lástima que no han aprovechado la oportunidad de hacer los cambios necesarios, porque Roberto Rivas fue sancionado y está en investigaciones en diferentes países en este momento, entonces fue una oportunidad perdida”, comentó la diplomática estadounidense. Como recordarán el presidente Daniel Ortega informó el pasado 8 de noviembre del 2017 que se comprometió con la OEA a impulsar reformas para tener “un sistema electoral mejorado” para las elecciones regionales de la Costa Caribe. Ortega dijo en esa ocasión que aceptó las recomendaciones de la misión de observación de la OEA, liderada por Wilfredo Penco, sobre las reformas al sistema electoral. El presidente Ortega le comunicó a Penco estar listo para “ir mejorando, en ir perfeccionando de acuerdo a nuestras posibilidades” el sistema electoral, pero dijo que se necesita dinero para concretarlo y el presupuesto “es limitado”, señaló Ortega. “Vamos a seguir avanzando de acuerdo a nuestra posibilidad (…) cuando ya nos aproximemos a una próxima elección, las próximas serán las de las autoridades regionales en el Caribe Norte y en el Caribe Sur, tendremos un sistema electoral mejorado, más perfeccionado, más fuerte y seguro”, mencionó Ortega. La lista la encabeza el vicepresidente de ALBANISA Francisco López, quien es hombre de confianza de la pareja presidencial y en Venezuela es visto por la oposición como operador de lo que llaman “lavado de dinero” de PDVSA vía ALBANISA. López fue designado para sanciones bajo la ley global Magnitsky por la congresista Ileana Ros-Lehtinen “por su papel en la erosión de las instituciones democráticas en Nicaragua y por sus violaciones de los derechos del pueblo nicaragüense”, según Lehtinen. El Cardenal Miguel Obando y Bravo, nombrado prócer de Nicaragua, es supuestamente el segundo de la lista por ser el padrino político de Roberto Rivas desde la ONG PROCOSA cuestionada por supuestos actos de corrupción que al final no se investigaron. Ambos son socios de la Universidad Católica de Nicaragua, UNICA y otros negocios. La UNICA recibe al año 21.2 millones de córdobas del Presupuesto General de la República de Nicaragua, aunque sea privada. Estas transferencias de dinero datan desde el año 2009 y hasta la fecha suman 173.2 millones de córdobas de los nicaragüenses que entraron a las finanzas de la UNICA. Obando es aliado del FSLN desde el año 2005 y su protección a Rivas lo vinculan directamente con el enriquecimiento y operaciones que Estados Unidos considera corruptas y que lesionan la democracia en Nicaragua. El Cardenal Obando da apoyo moral y público a la administración del presidente Daniel Ortega y este paso supuestamente dividió a la jerarquía y parte del clero católico. Roberto López, Presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, cuestionado en reportes periodísticos por utilizar el dinero de los asegurados para inversiones en bienes inmobiliarios junto a empresarios privados. López aun no explica la construcción de edificio del Norte, ubicado por METROCENTRO y que luce abandonado. Así también los préstamos dados para la construcción de condominios San Sebastián y Pinares de Santo Domingo. Fidel Moreno, actual secretario general de la Alcaldía de Managua, pero que en realidad es quien manda en la comuna y es el principal operador político de la familia Ortega-Murillo. Moreno actualmente controla todas las municipalidades sandinistas. Laureano Ortega Murillo, nombrado asesor de inversiones de PRONICARAGUA, vendió la idea de la construcción del canal interoceánico y fue quien trajo a Wang Jing. El joven tenor de 35 años de edad, es el principal interlocutor con los rusos. Es visto como el sucesor del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo. Yadira Leets, esposa de Rafael Ortega Murillo, es quien administra la distribuidora nicaragüense de petróleo, DNP, Petronic. El padre de Leets, el señor Ramón Leets recientemente fue movido de la embajada de Nicaragua en Venezuela y lo trasladaron a República Dominicana, previendo cualquier situación de inestabilidad por las elecciones de Abril. El año pasado Carlos Vecchio, coordinador político del partido Voluntad Popular de Venezuela, solicitó al gobierno de Estados Unidos investigar a la empresa Alba de Nicaragua S.A (ALBANISA) para que se incluyera en las sanciones financieras que la administración de Donald Trump impuso a Petróleos de Venezuela (PDVSA) señalada de lavado de dinero. PDVSA es el socio mayoritario de ALBANISA, con el 51% de acciones. Los fondos de la cooperación venezolana a Nicaragua bajo la figura de ALBANISA fueron valorados en más de 4 mil 820 millones de dólares, usados según los opositores venezolanos y nicaragüenses de manera “discrecional” por el presidente Daniel Ortega. La congresista Ileanna Ros-Lehtinen instó a Estados Unidos a investigar los lazos de PDVSA-Albanisa. “De acuerdo con el testimonio en el Congreso, PDVSA de Venezuela también está utilizando su filial en Nicaragua, Albanisa, para el blanqueo de dinero. Si Maduro está utilizando Nicaragua con el fin de evadir las sanciones de Estados Unidos, tenemos que echar un vistazo más de cerca a estos lazos y (que) la gente rinda cuentas”, resaltó Ros-Lehtinen, durante la presentación de la Nica Act, que establece  sanciones para el gobierno de Nicaragua y que fue aprobado en la Cámara de Representantes. En octubre del 2017, la Embajada de Estados Unidos en Managua advirtió a empresas de capital estadounidense radicadas en Nicaragua consultar con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sobre los riesgos o sanciones a los que se exponen al hacer negocios con Albanisa, tomando en cuenta que esa empresa tiene como socia principal a PDVSA, castigada por Estados Unidos. Arnoldo Alemán Lacayo, expresidente de Nicaragua, quien es visto por opositores nicas como un obstáculo para la unidad y lo acusan de mantener el pacto vivo con el presidente Ortega. Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. El año pasado el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su informe sobre el clima de inversiones en Nicaragua 2017, sostuvo que “los miembros del poder judicial, incluidos los de alto nivel, son ampliamente considerados corruptos y sujetos a presiones políticas, especialmente del poder ejecutivo”, señaló el informe. Intentamos ubicar a los posibles enlistados para la aplicación de la ley global Magnisky, pero no respondieron el llamado. Supimos que muchos de los integrantes de la lista tuvieron que cancelar sus viajes al exterior por temor a ser detenidos en aeropuertos del mundo, ante cualquier anuncio sorpresivo que de Estados Unidos. La lista ha sido una propuesta de movimientos de oposición que promovieron la ley NICA-ACT y la aplicación de sanciones personalizadas a hombres y mujeres que han sido claves para lo que llaman “plan de perpetuarse en el poder de la familia Ortega-Murillo”. Como recordarán entre los opositores que han sido consultados por congresistas y Departamento de Estado están el MRS, FAD, CPDH, CENIDH, Movimiento por Nicaragua, periodistas del grupo CINCO y de LA PRENSA y los conocidos como los “washingtologos”, entre otros que han insistido en el planteamiento del deterioro de la democracia e institucionalidad del país. Diversas fuentes indican que Estados Unidos quiere que el gobierno del presidente Ortega enjuicie a lo inmediato a Roberto Rivas Reyes y lo despoje de los bienes que todavía no explica como los adquirió cuando gana 60 mil dólares al año y el argumento de que es un potentado cafetalero, ha sido cuestionado por su propio gremio de productores, pues ningún cafetalero tiene mansiones en España, Costa Rica y Jets privados. Una fuente ligada al círculo más cercano al gobierno nos informó que todo es un proceso, van poco a poco con Rivas (a quien le quitaron poderes en CSE, pero lo dejaron en el cargo con inmunidad, salario y custodia policial) por ser un aliado fundamental. “Sacrificar a Rivas, daría una mala imagen al partido ante los otros aliados que lo han dado todo”, asegura la fuente que a la vez indica que Rivas, si se sintiera traicionado,  podría ser útil a los intereses de Estados Unidos porque sabe mucho y es mejor tenerlo al lado del gobierno. La lista está supuestamente en manos del Congreso y de hacerse efectiva, depende de las negociaciones con el presidente Trump y de las negociaciones entre Estados Unidos y Nicaragua. Parte de las negociaciones es sacar de la lista a familiares y más allegados a la pareja presidencial a cambio de hacer una reforma integral con elecciones transparentes y vigiladas para el año 2021.

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