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Policía sandinista se toma las instalaciones de Conagan y Expica

La Policía se tomó las instalaciones y desalojó al personal que laboraba en las oficinas de Conagan y otros negocios que alquilaban en el parque de ferias de Expica
Las instalaciones de Expica fueron tomadas por la Policía.
Cortesía

Siguiendo el patrón de confiscaciones de facto orientadas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, agentes de la sancionada Policía Sandinista y funcionarios de la Procuraduría General de la República, invadieron esta tarde las instalaciones de las oficinas de la Exposición Pecuaria del Istmo Centroamericano (Expica), y de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua (Conagan), informó Confidencial.

Una fuente bajo anonimato confirmó al medio que varios agentes ingresaron a las oficinas de Conagan y de Expica, meses después que los diputados, (quienes usurpan los escaños en la Asamblea Nacional) despojaron de su personería jurídica a la Exposición Pecuaria del Istmo Centroamericano cuya finalidad era realizar ferias para que el productor agropecuario pudiera adquirir libre de impuestos insumos y maquinarias agrícolas.

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El pasado mes de julio, Conagan suspendió la feria después que el régimen canceló la personería jurídica de Expica, lo que ocasionó grandes pérdidas a decenas de ganaderos de la región.

La propiedad confiscada por el régimen pertenece en 70% a Conagan y el 30% restante es propiedad de una sociedad anónima llamada Indesa.

“La fuente explicó que en horas de la mañana de este martes 20, un contingente policial llegó al parque de ferias en compañía de personal de la Procuraduría, exigiendo la entrega de las llaves de cada oficina, tomando asimismo posesión del equipo y el mobiliario, a la vez que expulsaban al personal administrativo y de seguridad, quedando la totalidad del parque (incluyendo dos empresas privadas que alquilaban locales), bajo el resguardo policial”, cita el medio en declaraciones de un testigo.

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Desde el año 2018, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han emprendido una serie de ataques en contra de la empresa privada nicaragüense, quienes tras el estallido social de ese año, exigieron respetar los derechos humanos de las personas que protestaban en contra de las fallidas reformas al Seguro Social, que trajo como resultado la muerte de más de 355 personas, según la Comisión interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

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