Economía: algo huele a podrido

Información estadística del Fondo Monetario Internacional (FMI) revela que, en los años 50 y 60 del siglo XX, el potencial económico de Nicaragua era equiparable al de Costa Rica y superior al de Honduras.

Pero algo falló, sus economías eran equivalentes; ambos países despegaron, pero Nicaragua cayó al sótano y con el correr de los años allí se mantiene.

Para principios del siglo XXI, diferencia y la distancia de nuestro país y con los referidos países, se hicieron notarias; y, a estas alturas, son abismales, es el caso con Costa Rica.

El régimen Ortega-Murillo no ha sido capaz de satisfacer las necesidades de la generación presente ni crear la capacidad productiva para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.

El desarrollo sustentable es la pieza central para comenzar a erradicar la pobreza, proteger el medio ambiente y asegurar que toda la población mejore su nivel de vida y goce de prosperidad.

Entre más rápido ha sido el crecimiento económico se ha traducido en mayores desigualdades sociales por la voracidad del capital y de la nueva clase, en el proceso de concentración de la riqueza.

El origen del conflicto distribucional yace en la política pública implementadas por el régimen. Quizás la mejor expresión de esto está en el estancamiento salarial y en la alta informalidad laboral.

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Todo esto está íntimamente relacionado con la creciente desigualdad, la deficiencia crónica de la demanda agregada y los altos niveles de endeudamiento de los hogares.

De acuerdo al Presupuesto General de la República 2020 (PGR-2020), la disciplina fiscal del régimen pasa por recortar la inversión social (salud, educación), la protección del medio ambiente y congelamiento salarial; mientras se incrementa el gasto policial.

El PGR-2020, es un presupuesto que nos anuncia que la recesión continuará el próximo año, aunque el discurso oficial sostenga lo contrario. Por lo tanto, el desempleo se mantendrá elevado o se incrementará.

La distribución del ingreso nacional de Nicaragua entre el salario que reciben los asalariados y las ganancias de los empresarios es la más desigual de Centroamérica.

La riqueza que genera la actividad económica, el 80 por ciento engrosan al capital en sus diferentes formas: rentas, dividendos e intereses. También, sería necesario conocer la concentración patrimonial y no sólo del ingreso para conocer exactamente los niveles de desigualdad.

Por ejemplo, los salarios han permanecidos estancados tanto en el 2018 y 2019, algunos han descendidos. Mientras que, la tasa de ganancia de los bancos se ha mantenido por encima de la media nacional. Por ejemplo, a septiembre de 2018, la tasa de beneficio fue del 23.9 por ciento y, a septiembre de 2019 alcanzó el 14.5 por ciento.

Las altas rentas o beneficios de los bancos se explican por una reducción de las ganancias de muchos. El rentismo financiero es un factor que repercute en la disminución de la rentabilidad del capital productivo general.

El sector financiero se apropia de gran parte del excedente económico de los otros sectores económicos en forma de intereses, dividendos, seguros y los llamados seguros empresariales. Es decir, son ganancias extraordinarias por encima de la productividad media.

Desde abril 2018, se demostró que el modelo corporativo era un espejismo en el desierto, ya que Nicaragua era y sigue teniendo uno de los peores rankings latinoamericano del Índice Gini que mide la disparidad entre pudientes y miserables.

Se calcula que el 5 por ciento más rico acapara la misma proporción de ingresos que el 95 por ciento de la población. Vivimos algo propio del siglo XIX, los grandes empresarios hacen lo quieren y no pasa nada.

Las cifras oficiales revelan que, por evasión fiscal, exoneraciones y beneficios fiscales se pierde anualmente más del 10 por ciento del PIB en beneficio de los grandes empresarios.

Para reducir realmente la pobreza sería necesario que la tasa de crecimiento del ingreso del 50 por ciento de la población más pobre crezca más rápidamente que la media nacional. Para lograrlo es necesario instrumentar políticas públicas fiscales, salariales y protección social.

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La evasión fiscal tiene “grandes implicaciones” para la desigualdad. Una prueba es que el 1.0 por ciento de los hogares es responsable del 80 por ciento del dinero desviado hacia destinos offshore o paraísos fiscales. Lugares en los que impera el secreto bancario y la legislación financiera es más laxa que en otros.

El saldo de 20 meses de recesión económica, de represión, la globalización de la economía y la financierización provocó que el trabajador perdiera poder de negociación y poder adquisitivo.

Además, las instituciones estatales hacen menos por proteger a los asalariados. Está también el hecho de que los salarios bajos se asumieron como un factor para competir por inversiones extranjeras con otros países.

Esta desigualdad sólo puede comenzar a ser revertida mediante una reforma fiscal que aumente los recursos para la inversión pública y elimine los “muchos agujeros tributarios”.

El tema de fondo es modificar de raíz el modelo corporativo y superarlo verdaderamente y no basta solamente administrarlo bien, como quisieran algunos sectores del empresariado.

El trabajo asalariado constituye la fuente preponderante de los ingresos de la gran mayoría de las familias nicaragüenses. Representando el canal mediante el cual los ingresos derivados del crecimiento económico puedan ser distribuidos más ampliamente entre la población.

La desigualdad tiene efectos adversos en el crecimiento económico potencial y en la cohesión social. Entre el 2007 y el 2017, el foso de la desigualdad se incrementó en la proporción que se distribuyeron los salarios y las ganancias del capital.

Nicaragua entró a un esquema de globalización sin tener la posibilidad, por su atraso, de aprovechar que eso pudo haber ofrecido.

Nos quedamos en la base, en los puestos de trabajo menos remunerados de las cadenas de valor, se creyó que los posibles beneficios de la globalización eran automáticos y no era así. Por ejemplo, el déficit de la balanza comercial es un dato crónico hasta hoy día.

Tenía que haber habido una política económica para entrar al mercado global. Por ejemplo, no hubo coordinación entre la política económica con la educativa. Tampoco, hubo una política para el mejoramiento de la productividad ni para mejorar la oferta de exportaciones.

De acuerdo a los datos oficiales del Banco Central de Nicaragua, las exportaciones de 2018 fueron menores a las exportaciones de 2012. Las tendencias de las exportaciones de 2019 muestran un retroceso en relación a los años anteriores al 2017.

Desde abril 2018, muchas empresas han reducido los salarios entre el 20 y el 40 por ciento, igualmente han reducidos las comisiones, las depreciaciones de los vehículos y recorte el suplemento para combustible.

En el 2019, el déficit del INSS será superior a los C$ 4,000 millones de córdobas y tiende a incrementarse porque los egresos aumentarán por los nuevos pensionados y los ingresos disminuirán por el cierre de nuevas empresas y la caída de las cotizaciones de los trabajadores que han perdido y perderán sus empleos.

La combinación de la recesión económica y el incremento de la deuda externa ha elevado el Índice de Riesgo-País; es decir, ha aumentado la probabilidad de que la nación no pueda pagar las deudas contraídas en el exterior por préstamos y otros compromisos.

Entre abril 2018 a diciembre 2019, cumpliremos 21 meses y 7 trimestres de contracción económica, y llegaremos a tener un decrecimiento acumulado de más de menos -10 por ciento.

Desde el inicio de la crisis sociopolítica y económica se ha producido un declive del bienestar y la calidad de vida de los sectores populares. La tasa de riesgo de caer en pobreza se incrementó por el desempleo, el congelamiento de los salarios, el acrecentamiento de la precariedad laboral, la política de austeridad y la contracción de la inversión en los programas de inversión pública.

Mientras la crisis sociopolítica persista, la recesión económica tiende a prolongarse, existe el riesgo real que se transforme en una depresión económica.

San José/Costa Rica, 07 de noviembre de 2019.