Enrique Sáenz: Nos toca lidiar con el más maligno

Para nuestra desgracia, la historia que como país hemos vivido, generaciones tras generaciones, está poblada de charlatanes, caudillos, conspiradores, dictadores, embusteros, vende patrias, sanguinarios, judas, pactistas, corruptos, irresponsables, fanáticos; en fin, si usted observa una galería de fotos de quienes ejercieron el poder en algún momento en estos doscientos años, podrá encontrar siempre a quién adjudicarle alguno de esos adjetivos. Por supuesto, honrosas excepciones hay. Pero así, como excepciones.

Sin embargo, hasta los dictadores más conocidos por generaciones que todavía viven, como José Santos Zelaya y Anastasio Somoza Debayle, al final tuvieron un límite y abandonaron el poder, evitando así mayor daño y destrucción al país.

Ortega ha demostrado que no tiene límites en su obstinación de mantenerse en el poder. Cueste lo que cueste. Destruya lo que destruya.

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No vayamos muy largo. Entre la avalancha de leyes que ha dictado en los meses recientes, hay una que lo retrata de cuerpo entero, aunque no lo parezca. Nos referimos a la reforma a la ley de consumidores. Por su nombre, no dice nada, pero su contenido puede ser devastador para miles y miles de familias nicaragüenses.

Mediante esta ley el dictador pretende evadir el impacto de las sanciones que impuso la anterior administración norteamericana. Como sabemos, fueron objeto de sanciones bancos y empresas propiedad de la mafia en el poder. Algunos además fueron sancionados a nivel personal. Uno de los impactos de estas sanciones es que los bancos, para preservar sus relaciones financieras  internacionales, se vieron obligados a cancelar depósitos, cuentas, operaciones financieras, tarjetas de crédito y de débito, en fin, todas los servicios financieros que prestan los bancos.

Con la reforma a la ley de consumidores pretenden obligar a los bancos a reabrir estas operaciones bajo la amenaza de sanciones que incluyen desde multas hasta el cierre.

He escuchado o leído comentarios que se refieren únicamente a los bancos, probablemente porque son los destinatarios inmediatos de la medida, pero los perjudicados seremos todos los nicaragüenses, aunque no lo parezca. Veamos el asunto más de cerca.

El principal socio económico de Nicaragua es Estados Unidos. Revisemos algunos numeritos correspondientes al 2020: 1100 millones de dólares en remesas, 1400 millones en exportaciones, US$1000 millones en importaciones, US$2500 millones en exportaciones de zonas francas, la mayor proporción hacia Estados Unidos. Seis mil millones de dólares solo aquí. Dejamos por fuera los créditos que reciben los bancos y las inversiones. Esto para no hablar de las afectaciones a las tarjetas de crédito, el encarecimiento de los créditos o el aumento del riesgo país.

Pues bien, detrás de estos números están las trabajadoras de las zonas francas, los exportadores, los importadores y comerciantes, las familias que sobreviven con las remesas, pequeñas, medianas y grandes empresas, en fin.

¿Y qué tienen que ver con esta ley?

Pasemos a los ejemplos: si usted exporta queso a Estados Unidos por 50 mil dólares, esos billetes no se los mandan en una caja por avión. Manda el queso y recibe una transferencia bancaria. Si usted es importador y compra un lote de computadoras por 20 mil dólares, realiza la transacción por medio de un banco. Y si usted recibe una remesa, esto lo sabemos casi todos, pues también los retira principalmente por vía de los bancos.

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Resulta que los bancos no tienen sucursales en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos. Operan con un mecanismo que se llama bancos corresponsales. Hay grandes bancos internacionales que están en todos lados. Entonces, los bancos locales realizan contratos de “corresponsalía” mediante los cuales, los bancos norteamericanos prestan servicios bancarios a nombre de los bancos locales.

¿Entonces qué? Ortega está poniendo una pistola en la cabeza de los banqueros: o reabren operaciones bancarias a los mafiosos, o serán objeto de sanciones. Los banqueros están contra la pared: si acceden al chantaje de Ortega, pierden las corresponsalías, con el riesgo de colapsar las transacciones bancarias internacionales. Si no acceden al chantaje, se exponen a las sanciones de la dictadura.

Que conste, esto es análisis, no es para clamar: pobrecitos los banqueros…

No podemos descartar que en su maquiavelismo Ortega esté tramando otra jugada: aprobar la ley con la expectativa de aplicarla selectivamente. Esto es, para llegar con el machete en la mano donde cada banquero para extorsionarlo, someterlo políticamente, obligarlo a operaciones turbias por debajo de la mesa o impedir que otorguen créditos, por ejemplo, a las organizaciones que participen en las elecciones.

El problema es que la cadena comienza a romperse con solo aprobar la ley, ya que inmediatamente las empresas internacionales calificadoras de riesgo, los bancos transnacionales, el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI, adoptarán sus medidas con las consecuencias que hemos anotado.

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En resumen: El dictador, con tal de salvaguardar su patrimonio y a la mafia en el poder, irresponsablemente está colocando en riesgo la economía nacional, la economía de empresas, los trabajos en las zonas francas, a exportadores, importadores y a centenares de miles de familias de viven de las remesas.

Comenzamos diciendo que, a lo largo de estos 200 años de historia, como país hemos sufrido charlatanes, caudillos, conspiradores, dictadores, embusteros, vende patrias, sanguinarios, judas, pactistas, corruptos, irresponsables, fanáticos.

Para nuestra desgracia, a las generaciones presentes nos toca lidiar con el más maligno de todos.

#Nicaragua

#VamosAlPunto

Un editorial de Enrique Sáenz  

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