“Hay una escalada”: Maduro pone en la mira a defensores de DD.HH.

Provea, que exigió respeto a los derechos de los detenidos en la Operación Gedeón, fue blanco de acusaciones de Nicolás Maduro por presunta financiación de la CIA

Horas después de haber frustrado un operativo militar en su contra y rodeado de su Alto Mando, Nicolás Maduro, presidente en disputa de Venezuela, atacó a una de las organizaciones defensoras de los derechos humanos más antiguas del país.

“Sale Provea ahí mismo, una organización financiada por la CIA y que algún día defendió los derechos humanos en el país, salen rápido a darle cobertura a los terroristas”, expresó el pasado lunes Maduro, en una transmisión en cadena de radio y televisión donde precisó detalles de la llamada “Operación Gedeón”.

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, Provea, es una organización no gubernamental cuyo rol ha sido, desde 1988, promover la defensa de los derechos humanos.

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La ONG advirtió de eventuales desapariciones forzadas y actos de tortura contra los detenidos en lo que llamó “supuesto intento de invasión marítima” del domingo 3 de mayo en Vargas y del siguiente día en Aragua. El madurismo arrestó a 16 hombres y abatió a disparos a ocho presuntos insurgentes.

Maduro prosiguió su crítica contra la organización, que había reiterado su rechazo a las salidas violentas a la crisis política.

“Ahora aparecen Provea y la oposición diciendo que se respeten los derechos humanos de estas nobles ovejas descarriadas, cuando tenemos suficiente material grabado con su voz diciendo que venían a matar a sangre y fuego”, dijo.

Provea tiene un amplio historial de defensa de los derechos de detenidos por golpes de Estado en Venezuela. Sus antecedentes en la década final del siglo pasado incluyen, incluso, al fallecido expresidente venezolano, Hugo Chávez.

Provea demandó públicamente que se respetaran los derechos de Chávez y del teniente coronel Francisco Arias Cárdenas cuando fueron detenidos en la intentona de 1992.

La exigencia se mantuvo años después, mientras eran presos políticos del gobierno de turno y del siguiente, del presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez y del socialcristiano Rafael Caldera.

“Ratificamos el derecho de toda persona detenida, cualquiera sea el presunto delito que haya cometido, a que se le respeten su integridad, su vida y se le garantice el debido proceso”, explica Marino Alvarado, directivo de la organización no gubernamental, a la Voz de América.

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Durante y después del fugaz derrocamiento de Chávez del 11 de abril de 2002, Provea hizo lo propio, también con Chávez como epicentro de los hechos.

Pidió respeto a los derechos humanos del líder depuesto, de su vicepresidente Diosdado Cabello -estuvo en la clandestinidad por dos días- y del entonces diputado chavista, hoy fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.

También, urgió garantías de debido proceso judicial a Pedro Carmona Estanga, autoproclamado presidente de la junta de transición de entonces, capturado tras la vuela al poder de Chávez.

Ataques esperados

Alvarado, coordinador de investigación de Provea, reivindica la labor como un “deber”. Su lema institucional, de hecho, lo proclama: “todos los derechos para todos y para todas”.

“Que nos ataquen diciendo que somos de la CIA, no nos extraña. Antes, con Chávez, decían que éramos aliados de la delincuencia común y de los terroristas. Nos acusaban de defender terroristas y hoy nos acusan de defender terroristas”, señala.

La financiación de Provea es “transparente”, asegura su vocero. En su página digital, está publicado un listado detallado de quiénes históricamente les han entregado recursos. Las embajadas de Suiza, Holanda y Canadá en Venezuela aparecen en él. También, los nombres de ONG internacionales.

Aparecen además destacados los reportes de auditores externos sobre sus finanzas. Alvarado resalta que el mismo Estado venezolano tiene información exacta de sus financiamientos.

“El BCV sabe con exactitud cuánto le ingresa a Provea y cómo cambia (divisas a bolívares). El Estado venezolano sabe de los ingresos de Provea. Hacemos públicas nuestras actividades. Se difunden, se publicitan antes y se elaboran balances públicos de esas actividades, precisa.

Alvarado sabe que sus labores pueden no ser populares. En 2017, recuerda, denunciaron la ejecución de planes de seguridad del madurismo, conocidos como los Operativos de Liberación Popular, a pesar de que encuestas nacionales revelaban que contaban con una aprobación de 90 por ciento.

Su postura institucional ante los señalamientos de Maduro permanece intacta, sentencia.

“Nos mantenemos firmes en nuestro trabajo, sin miedo, enfrentando las adversidades y acompañando a la gente, que es la que necesita del apoyo de los derechos humanos cuando les son violados”, apunta.

“Hay una escalada”

Carlos Nieto, coordinador general de Una Ventana a la Libertad, especializada en los derechos de los internos de cárceles en el país, opina que las ONG están “bajo la mira” oficial desde hace años.

“Las ONG siempre vamos a ser una piedra en el zapato de cualquier gobierno”, comenta a la VOA el abogado Nieto. Su organización está vetada de los centros carcelarios, acota.

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y considerado el segundo hombre fuerte del chavismo, ha mencionado a la organización de Nieto en su programa televisivo.

El dirigente chavista suele mencionar a varias de las más de 200 ONG que existen en el país, acusándolas de conspirar contra el gobierno y amenazándolas con perseguir a sus directivos.

Cabello atacó a Provea en febrero, acusándola de intentar desestabilizar el país. Reveló entonces que la ANC aprobaría una ley para regular los financiamientos de las ONG en Venezuela.

“Las amenazas más grandes siempre las ha hecho Cabello desde su programa Con el mazo dando. Nos manda a buscar en nuestras casas, nos llama con nombre y apellido. Eso no amilana el trabajo que tú haces, pero siempre existe el miedo por tu familia y tu gente cercana”, admite Nieto.

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La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño, rechazó entonces las acusaciones contra Provea y elogió la labor de organizaciones similares por “su compromiso inquebrantable” con la defensa de los derechos.

“Defender los derechos humanos no es un delito, tampoco el libre y transparente financiamiento”, escribió en Twitter la representante de la CIDH.

La reciente acusación de Maduro contra Provea no es un hecho aislado, a juicio de Liliana Ortega, coordinadora general y fundadora de la organización no gubernamental Cofavic, creada en 1989 para defender los derechos de los ciudadanos tras la explosión social conocida como “El Caracazo”.

Cofavic, junto a cuatro organizaciones promotoras de los derechos humanos, presentó el pasado 7 de marzo un informe en el que detalla “un esquema sistemático de debilitamiento” de las garantías de trabajo de las personas defensoras de derechos humanos” de parte del madurismo.

Entre los afectados, se encuentran directivos de las ONG, periodistas, líderes sindicales y abogados que defienden a víctimas de violaciones de derechos humanos.

En el primer trimestre de este año, hubo 33 casos que resultaron en 51 ataques contra el trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos en Venezuela, precisa el reporte. Se detallaron “estigmatizaciones”, intimidaciones y ataques per se contra integrantes de este tipo de ONG.

“Hay una escalada de criminalización, hostigamiento y amenaza contra los defensores de derechos humanos en Venezuela”, declara Ortega a la VOA.

Advierte que tales ataques se han notado particularmente en el marco de la declaratoria del Estado de Alarma de parte de Maduro para combatir la COVID-19.

Desde 2010, calcula, se nota el empeoramiento de los ataques contra las organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela, pero, dice, con especial acento en años recientes.

Las nuevas organizaciones no gubernamentales han enfrentado trabas administrativas en registros y notarías para formalizar sus actas constitutivas en Venezuela, ejemplifica la representante de Cofavic.

Valora que esa postura gubernamental no transcurre “en vano” ante la comunidad internacional.

La respuesta de Provea, Cofavic y sus pares, augura Ortega, será similar: “continuar trabajando, apoyando a las víctimas. No estamos haciendo nada que no hicimos en el año 89 y en el 92”.

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