MÉXICO: A UN AÑO DE LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 ESTUDIANTES

La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos queda en Ayotzinapa, un pueblo de 84 habitantes ubicado en el estado de Guerrero, en el sudoeste del país. Fue parte de una oleada de instituciones educativas creadas por la Revolución Mexicana (1910 - 1920), que apuntaba a formar docentes comprometidos con la realidad social de sus comunidades. Los normalistas, como se llama a sus alumnos, conservan hasta hoy una tradición fuertemente combativa. Les gusta ser la piedra en el zapato de los alcaldes de la región, frecuentemente corrompidos por el narcotráfico. José Luis Abarca, presidente comunal de Iguala, también ubicada en Guerrero, a 257 kilómetros de Ayotzinapa, era un claro exponente de esa oscura estirpe. El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Raúl Isidro Burgos fue hasta Iguala para recaudar fondos. Allí participaron de una protesta contra María de los Ángeles Pineda, esposa de Abarca y candidata a sucederlo. A la noche fueron a la terminal de ómnibus, donde "tomaron prestados" algunos buses para regresar a su pueblo. Ni bien salieron de la estación, ya tenían encima a la Policía Municipal, que abrió fuego sin que medie ninguna palabra. Los normalistas respondieron con piedras. La escena no tardó en volverse caótica, y terminó de desmadrarse cuando aparecieron en camionetas grupos de civiles fuertemente armados. Se cree que eran miembros del cartel Guerreros Unidos, de estrechos vínculos con Abarca. Fue una cacería. Tres estudiantes fueron asesinados. A uno de ellos, Julio César Mondragón, lo desollaron, le sacaron los ojos y lo dejaron tirado en la calle, a modo de ejemplo. También murieron otras tres personas, parte del equipo de fútbol Los Avispones, que los atacantes confundieron con normalistas. La conferencia de prensa del procurador general con la versión oficial de lo ocurrido A la madrugada del 27 el saldo era de seis muertos y 43 desaparecidos. Aún hoy, un año después, no está claro qué pasó con ellos. En noviembre de 2014, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ofreció una conferencia de prensa en la que dio la versión oficial: los estudiantes habían sido capturados por policías municipales, entregados a sicarios de Guerreros Unidos, fusilados en un basural e incinerados. Los padres, que ya recorrían el país pidiendo justicia por sus hijos, desconfiaron de esa interpretación desde un primer momento. En septiembre de este año, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que había sido convocado por el Estado para hacer un informe sobre lo ocurrido, desnudó las graves irregularidades de la investigación. Testigos falsos, confesiones obtenidas mediante apremios ilegales, pruebas desechadas sin justificación, hipótesis insostenibles científicamente y crasas omisiones en la búsqueda de responsabilidades institucionales, algunos de los vicios denunciados por los investigadores internacionales. Indignados con la manera en la que el Gobierno manejó el caso, los padres de Ayotzinapa iniciaron esta semana una huelga de hambre en la plaza del Zócalo, en Ciudad de México. Piden que se haga un esfuerzo sincero por encontrar a sus hijos, y que alguien les explique qué pasó. En esta entrevista concedida a Infobae, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que representa legalmente a los familiares, cuenta cuáles son sus exigencias, dice en qué estado se encuentra la causa y cómo puede continuar, y explica por qué se cometieron tantas irregularidades. El testimonio de uno de los supuestos sicarios, en cuya confesión se basa la investigación oficial —¿Qué balance hace del encuentro que mantuvieron el jueves 24 con Enrique Peña Nieto? —Fue una reunión en la que el Presidente escuchó, pero no se comprometió. Los padres entregaron un documento de ocho puntos, con peticiones claras, como el relanzamiento de la búsqueda de sus hijos y la creación de instancias de justicia que garanticen confianza, independencia e imparcialidad en la investigación. Pero Peña Nieto lo único que hizo fue darle el escrito a funcionarios de su gabinete, y no quiso responder punto por punto, lo que fue muy frustrante para los padres. El encuentro no cumplió con el objetivo de que el Presidente se comprometiera a buscar la verdad. Ellos exigían la permanencia en el país durante un año del grupo de expertos internacionales que develó el montaje armado por la versión oficial, porque ven que la investigación está como en el día uno. Pero la Presidencia ofreció que se queden sólo seis meses, algo que ya se sabía desde el 14 de septiembre. Lo otro que el mandatario prometió fue crear una fiscalía general para buscar personas desaparecidas, algo que, para los familiares y sus representantes, tampoco responde a sus necesidades. Lo que requiere este caso es una unidad de investigación especializada, abocada exclusivamente a resolverlo, dada su enorme complejidad. —¿En qué estado se encuentra hoy el proceso judicial, luego de que la contundente impugnación que hizo el GIEI? —Hoy la causa está en trámite. Hay un órgano investigador que es la Procuraduría General de la República (PGR), que ya ha hecho varias consignaciones y procesó a distintas personas. Una de las grandes críticas es que no fueron acusadas por desaparición forzada, sino por crimen organizado. Peña Nieto insiste en que la investigación está en curso, pero después de las revelaciones que hizo el GIEI lo que queda sobre la mesa es que hubo deficiencias y manipulación de evidencias. Por eso los padres han pedido la garantía de una unidad especializada. Claudia Paz, Carlos Beristain Y Angela Buitrago, los expertos de la GIEI presentando su informe AFP —¿Cuáles son sus principales discrepancias con la versión oficial, esgrimida por la PGR? —Su caso se fundamenta en tres confesiones de personas que fueron arrestadas. Ellos dicen que los normalistas fueron detenidos por policías municipales y entregados a un bando del crimen organizado, que los llevó a un basurero. Allí supuestamente fueron ejecutados y quemados en una pira. Pero el GIEI dice que esa teoría no se sostiene científicamente, porque sería imposible quemar 43 cuerpos en ese lugar, y mucho menos de la manera en que lo relatan estas personas. Por ejemplo, dicen que los quemaron entre 10 y 12 horas, pero los expertos explicaron que serían necesarias por lo menos 70 horas. Además el Gobierno ha intentado minimizar el caso, encapsulando la responsabilidad en los policías municipales. Sin embargo, el informe de los expertos sostiene que fue una operación coordinada, y que los estudiantes fueron monitoreados desde mucho antes de llegar a Iguala. Hubo participación de distintas instituciones: policías estatales, federales y el propio Ejército. También se pretendió reducir la responsabilidad política a un presidente municipal corrupto, pero para que el crimen organizado esté tan arraigado se requiere una cadena de complicidades que lo exceden. Esto se suma a la evasión de muchas pruebas. Por ejemplo, hay un quinto camión con estudiantes que habría desaparecido de la investigación, y cuando se lo quiso incorporar tomaron uno distinto al original. Hay escenas del crimen que no fueron levantadas y videos que no fueron solicitados. Son una serie de irregularidades, algunas omisiones casuales, pero otras dolosas. El recuerdo de los 43 desaparecidos sigue vivo en la Escuela Normal de Ayotzinapa AFP —¿Qué es lo que motiva al Gobierno y a la Procuración a falsear pruebas y a rechazar una investigación más amplia y transparente? —Hay dos cosas. Una es la ineficiencia institucional. Quienes hemos estado cerca pudimos corroborar que en los meses de octubre y noviembre del año pasado sí hubo una investigación para dar con el paradero de los muchachos, pero aunque querían, no pudieron. No hay una capacidad instalada para que las fiscalías hagan búsquedas eficaces de personas desaparecidas, ni hay mecanismos de inteligencia que les den capacidad de respuesta en tiempo real. La PGR no tiene georeferenciación de fosas, crematorios y de distintos lugares que podrían formar parte fundamental de una estrategia de búsqueda. El otro tema es la corrupción. De acuerdo al GIEI, los fragmentos óseos que se encontrar en el lugar de los hechos presentan una forma de quema muy pareja, que no sería posible de lograr al aire libre. Por eso pidió que se investiguen los hornos crematorios en la región. Eso nos deja entrever que estamos ante un caso de corrupción, con funcionarios que pueden tener consecuencias penales por fabricar evidencias. Si el caso más grave en nuestro México contemporáneo no tiene un investigación seria y profunda, ¿qué podemos esperar de las otras 26 mil personas desaparecidas? —¿Cómo cree que va a seguir el caso? —Nosotros apostamos a la supervisión internacional de este proceso. Tenemos la esperanza de que el GIEI pueda seguir trabajando en condiciones. Y lo otro que reivindicamos es el apoyo social. Se cumple un año de esta tragedia y esperamos que la sociedad en su conjunto esté en las calles y le dé un mensaje claro al Gobierno: Ayotzinapa no se olvida y seguirá habiendo una exigencia popular para que las investigaciones avancen. INFOBAE