ARRESTARON EN EL SALVADOR A 17 MILITARES POR EL ASESINATO DE SEIS SACERDOTES JESUITAS

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Unidades de élite de la Policía Nacional Civil y de la fuerza internacional Interpol realizaron un operativo para dar con un grupo de hombres que son requeridos por la justicia de España por su presunta participación en la matanza a los religiosos en 1989, durante la guerra civil del país.
 
Efectivos de la división central de investigación de la policía allanaron varias viviendas de coroneles y generales del ejército de El Salvador en una residencial exclusiva para militares, en el oeste de la capital, San Salvador.
 
Aunque no confirmaron si los uniformados que habrían participado en la muerte de los jesuitas estaban en sus casas, Lisandro Quintanilla, que representa a varios de los militares señalados, confirmó que los subsargentos Tomas Zárpate Quintanilla y Ramiro Avalos Vargas, que formaron parte de la unidad del batallón de reacción inmediata Atlacatl, que perpetró la masacre, fueron apresados.
 
"En cumplimiento de la notificación roja emitida por Interpol estamos desarrollando operativo para la detención de las personas reclamadas", indicaron las fuerzas policiales salvadoreñas en su cuenta de Twitter.
 
 
 
El general retirado Mauricio Ernesto Vargas, que ahora es diputado en la Asamblea Legislativa por el derechista Alianza Republicana Nacionalista, salió en defensa de sus compañeros y dijo sentirse "indignado y preocupado. Indignado por que las resoluciones de la jurisprudencia están siendo desconocidas y preocupado porque esto puede polarizar más a nuestra sociedad".
 
 
Mientras que Quintanilla, que representa a 13 de los militares señalados por el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco, acudió a los lugares de los registros, y dijo que "las capturas no proceden y no procede la extradición porque ésta ya fue denegada por la Corte Suprema de Justicia".
 
 
Los uniformados que son requeridos por España ocuparon altos cargos en la jerarquía militar durante la guerra, y formaban parte de un grupo conocido como "La Tandona".
 
El operativo en El Salvador se produjo horas después de que la jueza federal Kimberly Swank, de Estados Unidos, determinó que el ex coronel salvadoreño Inocente Orlando Montano Morales puede ser extraditado a España para responder al cargo por su supuesta participó en la planificación de la masacre de seis sacerdotes jesuitas.
 
La decisión de la magistrada supone un paso importante en los esfuerzos para juzgar a los cargos militares salvadoreños por la muerte de los religiosos, la mayoría de los cuales eran españoles.
 
La orden de detención contra los 17 militares fue emitida en 2011. La Interpol reactivó el aviso el pasado 4 de enero a petición del juez Velasco. Sin embargo, la policía salvadoreña no había procedido con las detenciones con el argumento de que no sabía qué resolución acatar ya que en 2011 la Corte Suprema de Justicia dijo que la difusión roja de Interpol no equivale a una orden de captura, sino de localización.
 
El Coronel René Emilio Ponce, entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de El Salvador, Rafael Humberto Larios, ministro de Defensa, Inocente Orlando Montano, entonces viceministro de Seguridad Pública y el coronel Juan Orlando Zepeda
 
De todas formas, en agosto de 2015, la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema cambió de criterio y afirmó que este tipo de avisos equivalen a una orden de captura.
 
Los jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados en noviembre de 1989 con disparos en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín de la casa en la que vivían dentro del campus universitario.
 
Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del batallón de élite Atlacatl fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.
 
Otros dos se beneficiaron en 1993 de una amnistía decretada por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pocas horas antes de la publicación de un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.
 
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