Paso a paso: cómo la desesperación de Maduro dejó al descubierto el golpe a la Asamblea

Desde 2015 Nicolás Maduro tiene un objetivo claro: cerrar el Parlamento. No es que la Asamblea Nacional -el Congreso unicameral de Venezuela- en sí le moleste, lo que no logra superar es que esté controlado por la oposición. En Venezuela todos los poderes del Estado están cooptados por el chavismo y el punto negro en esa isla roja -el Parlamento- se transformó en un verdadero obstáculo para el régimen... Por eso, hace más de tres años que ensaya maniobras para acabar con él.

Lo primero que hizo fue utilizar al Consejo Nacional Electoral para inhabilitar algunos diputados, con la intención de que nunca llegaran a asumir. Después, en 2017, recurrió al Tribunal Supremo de Justicia (T, brazo judicial del chavismo, para declarar el “desacato”. La Corte pretendía asumir las competencias legislativas. Iba a cerrar el Parlamento y legislar a través de fallos, pero los venezolanos no lo permitieron. Salieron a la calle y resistieron la violenta represión. Tal fue el escándalo internacional que el régimen tuvo que dar marcha atrás. Sin embargo, la estrategia de Maduro ya estaba clara, iba a desplazar a la oposición como fuera posible. Si no era a través de la Justicia, entonces había que buscar otra manera.

                                                       Y encontró el camino… Convocó a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y anunció su propósito de “refundar todo el Estado”. Bajo una premisa electoral falsa, llamó a los venezolanos a las urnas. Los 500 constituyentes de Maduro no fueron elegidos de forma directa, sino que un porcentaje fue electo por municipios y otros propuestos por sectores sociales: productivos, empresariales, educación. Sin elección directa, se garantizó el triunfo. Además, según explicaron los especialistas, su convocatoria incluso violaba la propia Constitución bolivariana ya que la Carta Magna exige una consulta popular para aprobar el inicio de un proceso constituyente. El 4 de agosto de 2017 finalmente se instaló la ANC. Con Diosdado Cabello como principal figura, decidió “asumir las competencias para legislar”.

Pese a todas estas maniobras, la Asamblea Nacional continuó su trabajo. Se mantuvo paciente pero activa y, en 2019, cuando Maduro asumió su segundo mandato, denunció el fraude. Su voz retumbó en la comunidad internacional, declaró la “usurpación” del cargo presidencial y Juan Guaidó, el jefe del cuerpo, juró como mandatario interino cobijado por miles de venezolanos y más de 50 países. Para todos esos Estados, la Asamblea Nacional es el único órgano democráticamente electo en Venezuela y, por lo tanto, Guaidó el único interlocutor válido.

En este contexto de aislamiento internacional, el chavismo puso en marcha otro plan: vaciar el Parlamento. ¿Cómo? usando todo la maquinaria estatal para quitarle los fueros a los diputados, perseguirlos, encarcelarlos o empujarlos al exilio. La ecuación chavista fue sencilla: sin diputados no hay Parlamento. Así, comenzó un raid en la Justicia que, en combinación con la Constituyente, inauguró una lista negra de diputados. Van por titulares y por sus suplentes. Todas las semanas un nuevo diputados aparece en la lista negra chavista. Pero la estrategia tampoco funcionó. Los legisladores aprobaron un sistema de voto virtual, por lo que los exiliados también puede votar desde el extranjero.

Pero el régimen no se resignó y en septiembre pasado montó una nueva táctica que fue tejiendo de a poquito. Sentó en su “mesa de diálogos nacional” a un grupo de diputados opositores de minoría y con ellos acordó el retorno de los diputados del PSUV al hemiciclo.

Los parlamentarios aparecieron en la primera sesión tras el pacto y después poco se los vio… Es que el régimen no tenía ninguna intención de votar en contra de los proyectos de Guaidó cada martes sino que pensaba a largo plazo, pensaba en el 5 de enero.

En el medio estalló el escándalo: según una investigación periodística, luego respaldada por el gobierno interino, siete diputados opositores, de ese grupo que negoció con Maduro el retorno de los chavistas al Parlamento, se unieron a la “Operación Alacrán”, cuyo objetivo era sumar voluntades para impedir la reelección de Juan Guaidó como presidente del Parlamento en la elección de este domingo.

Luis Parra, hoy conocido por autoproclamarse presidente de la Asamblea Nacional mientras la FFAA chavista impedía a la fuerza el ingreso de Guaidó, y otros seis parlamentarios utilizaron su rol en la Comisión de Contraloría para favorecer a Alex Saab, el colombiano señalado por EEUU como testaferro de Nicolás Maduro, y su red empresarial detrás del programa de cajas de alimentos CLAP, que distribuye comida subsidiada en Venezuela.

Lo que comenzó en septiembre con el regreso de los diputados chavistas al Congreso, se concretó el domingo 5 de enero. Con un grupo de opositores que traicionaron a sus votantes y con respaldo de un puñado de diputados chavistas, el régimen puso en marcha su última jugada. Maduro ya no busca cerrar el Parlamento que perdió, ahora intenta tomarlo por la fuerza.

5 de enero de 2020: otro golpe de Maduro

Cada 5 de enero, según la ley venezolana, el Parlamento debe instalar una nueva junta directiva. Durante las últimas semanas el régimen azuzó los rumores de que Guaidó no tenía suficientes respaldos para la reelección, que el joven político opositor había perdido la confianza de sus compañeros, etc. Pero nada de eso era cierto y ni el propio régimen se creía sus mentiras. Guaidó tenía apoyo suficiente y se encaminaba a ser reelegido.

Tranquilo, el presidente interino de Venezuela aseguraba que todo iba como era previsto. Los diputados del interior del país llegaron a Caracas la noche anterior y en la madrugada del 5 sucedió la primera señal de preocupación: las fuerzas chavistas allanaron violentamente el hotel donde se hospedaban con la excusa de un supuesto maletín bomba. El explosivo nunca se halló y el único objetivo de tamaña requisa era amedrentar.

Ya en alerta, el domingo por la mañana, los diputados partieron en caravana hacia el Parlamento, pero cuando llegaron se encontraron con una película repetida... Lo normal es que el Palacio Legislativo esté en custodia y a disposición del la directiva de la Asamblea Nacional en ejercicio, es decir de Guaidó. Sin embargp, eso no ocurre en la Venezuela de Maduro. Cuando el opositor se bajó del vehículo que lo traía, se encontró con un primer retén militar. Sí, el presidente del Congreso estaba demorado por los militares de su propio país en las puertas del Parlamento. Esta situación inédita aumentó la tensión.

El mundo veía por televisión cómo Guaidó encaraba a las fuerzas chavistas. Al frente de una columna de 100 diputados, les explicaba que ellos no decidían quién entraba o salía del Congreso, que esa era su función. Que reteniéndolos violaban la propia Constitución. Guaidó ponía en palabras claras y directas lo que ocurría para que el mundo entendiera con precisión al gravedad de la situación.

La tensión iba en aumento y las horas pasaban. logró sortear la primera de las barricadas y esperó paciente que cada uno de sus 100 diputados también pasara.

Cuando llegaron al segundo retén, ya no alcanzaron las palabras. Y cada vez había menos cámaras de televisión -también vedadas por el régimen- para transmitir lo que pasaba. “Uno, dos y treeeeees”, gritaban los diputados y empujaban hacia adelante. Así una decena de veces, hasta que lograron pasar la valla.

Solo quedaba un retén.

Mientras, la televisión pública que hacía años había dejado de transmitir las sesiones del Congreso había vuelta a hacerlo. VTV mostraba lo que sucedía en el Congreso por primera vez desde que el régimen perdió las elecciones en 2015. Pero no mostraba la violencia con la que las fuerzas chavistas golpeaban a los opositores en las puertas del edificio, sino que mostraban cómo el puñado de parlamentarios chavistas había ingresado y ocupaban sus bancas sin siquiera despeinarse…

Guaidó y los 100 diputados seguían su procesión. Para ese entonces ya el acceso a internet en todo el país era restringido y era imposible conectarse a las redes sociales. En la zona del Parlamento, el asunto era aún más serio: ya no había siquiera red de datos. Nuestro colaborador, Maiker Yriarte, estaba allí y en cuanto sorteó el segundo retén quedó incomunicado. Como él, todos, incluso Guaidó.

Desde entonces comenzó la incertidumbre. La hostilidad ya se había transformado en violencia y había diputados golpeados. En ese momento llegó la información de que los chavistas y un grupo de opositores de minoría -sí los mismos que habían pactado en septiembre con el régimen y que están señalados de haberse quedado con una fortuna para traicionar a sus votantes- iban a sesionar sin Guaidó y el resto de los diputados.

Los opositores empujaban para entrar. Estaban a una valla de las puertas del Congreso. Guaidó, vestido de traje azul, emergió por encima de las cabezas e intentó saltar. Las fuerzas chavistas lo golpearon, le destrozaron la ropa y lo bajaron a tierra. Guaidó volvió a intentarlo y la respuesta fue más violenta aún. Pero había cámaras. No hizo falta nada más, todos vimos lo que pasó.

El círculo abierto en septiembre pasado comenzaba a cerrarse: Maduro intentó instalar al corrupto Luis Parra como nuevo presidente de del Congreso sin votos ni quórum. Montó un show para desplazar a Guaidó, solo que fue tan burdo que ni sus aliados internacionales terminaron apoyándolo.

Porque EEUU, el grupo de Lima y la OEA condenaron contundentemente el nuevo golpe de Maduro al Parlamento, pero lo extraordinario fue que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador, en México; Alberto Fernández, en Argentina; y el socialista Pedro Sánchez, en España, también lo hicieron.

Además, el Grupo Internacional de Contacto -que favoreció el diálogo aún cuando Maduro demostró una y otra vez que no estaba dispuesto a negociar seriamente- también denunció el uso de la fuerza para impedir el ingreso de los diputados a la Asamblea. “La elección de Luis Parra no puede ser considerada ni legítima no democrática (...) Apoyamos a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional”, aseguraron en un comunicado firmado por Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido.