CONFIDENCIAL: Régimen no rinde cuentas sobre test Covid-19, y pide al BCIE US$ 13 millones

Minsa mantiene en secreto aplicación de las 26 000 pruebas rápidas; BCIE dice que “el manejo de los insumos es responsabilidad” del Gobierno

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) deslindó su responsabilidad sobre la utilización de las 26 000 pruebas rápidas para diagnosticar de forma masiva el Covid-19, que le entregaron al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo el pasado siete de abril.

El régimen no ha informado hasta la fecha cómo se ejecutarán los test –o si ya lo hace–, en medio de un panorama de incertidumbre sobre la expansión de la epidemia en Nicaragua. Expertos recomiendan realizar un muestreo masivo para determinar posibles contagios, y de esa forma poder contener el Coronavirus.

Hasta ahora, las pruebas siguen centralizadas por el Ministerio de Salud en el complejo Nacional Conchita Palacios, mientras fuentes vinculadas al Ministerio de Salud aseguran que el Gobierno sigue realizando entre cinco y diez pruebas diarias, únicamente a personas que presentan síntomas severos, lo que hace imposible determinar los casos asintomáticos.

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Ante el secretismo sobre el paradero de las 26 000 pruebas donadas, representantes del BCIE respondieron las consultas de Confidencial a través de una comunicación firmada desde Tegucigalpa, Honduras. El Asesor de Relaciones Instituciones Institucionales, Salvador Sacasa, explicó que “el manejo y uso de los insumos mencionados es responsabilidad propia de los gobiernos”.

El BCIE, con el apoyo y la aprobación de su directorio, adquirió un lote de 182 000 pruebas para la detección temprana del Covid-19 en coordinación con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA), integrado por representantes de las autoridades de salud de todos los países que integran el sistema.

Aunque en los países de la región las pruebas fueron recibidas por autoridades sanitarias, en Managua las recepcionó el viceministro de Gobernación Luis Cañas. Desde entonces, no se sabe en manos de qué autoridad están las pruebas, y tampoco hay indicios de que el gobierno esté realizando un muestreo masivo, como sí lo hacen en Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

“Los kits de prueba han sido otorgados en carácter de donación en especie a los gobiernos de los Estados miembros del SICA para ser utilizadas por las áreas rectoras de la salud y de la atención de la emergencia generada por el Covid-19, por lo que la forma de ejecución, el manejo y uso de los insumos mencionados es responsabilidad propia de los gobiernos”, remarcó Sacasa.

El Asesor de Relaciones Instituciones Institucionales del BCIE explicó que toda cooperación financiera no reembolsable que realiza el banco “se ejecuta en el marco de su normativa”  y que contempla “la rendición de un informe al final del periodo de su ejecución, el cual queda estipulado en el documento suscrito entre el BCIE y el beneficiario”.

“En aras de la transparencia y de nuestra política de acceso a la información, una vez que se concluya el período de la crisis se llevará a cabo una evaluación de todo el programa que anticipamos puedes ser en el periodo de un año a partir de marzo 2020”, agregó Sacasa.

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Mientras el tiempo avanza, el gobierno administra todo lo relacionado a la epidemia con total hermetismo. Hasta este domingo, en Nicaragua se reportan nueve casos positivos de Covid-19, de los cuales uno de los pacientes falleció. La opacidad gubernamental llega a tal punto, que el Minsa informa de manera enrevesada sobre los contagios que van confirmando, y excluyen de la estadística el número de pruebas realizadas.

Especialistas han insistido que para entender la verdadera magnitud del Coronavirus en Nicaragua, y por ende frenar su avance, es urgente un testeo masivo, incluso a personas que no presenten síntomas.

Régimen pide 13 millones al BCIE

En adición a la donación del BCIE de las 26 000 pruebas rápidas, el gobierno sandinista solicitó al organismo financiero regional un préstamo de13 millones de dólares para financiar un proyecto para atender la crisis sanitaria del Covid-19. El proyecto se denomina “Prevención y Contención del Covid-19 en Nicaragua”, y fue enviado al BCIE en marzo de 2020.

Aunque el gobierno minimiza la epidemia de Coronavirus, y no ha declarado una emergencia, cuarentena ni medidas de distanciamiento social, y en cambio promueve aglomeraciones masivas, el documento del Minsa alega irónicamente que el fin del proyecto es frenar la transmisión del Covid-19.

“El Proyecto tiene como objetivo complementar la limitación de la transmisión local a través de estrategias de contención, fortaleciendo la capacidad de proporcionar atención a las personas que se enferman”, dice el documento, y promete al BCIE que “protegerán” a 1 millón 513 mil 186 personas.

“La población protagonista a proteger, mediante el proyecto son: 570,862 personas mayores de 60 años, 394,997 niños y niñas menores de 2 años, 162,165 mujeres embarazadas o puérperas y 385,162 con afectaciones médicas preexistentes, tales como diabetes, hipertensión, asma bronquial, enfermedad renal crónica, cáncer, enfermedades cardíacas y reumáticas”, explica el Minsa.

El Proyecto del Minsa tiene dos componentes. El primero es llamado “Atención oportuna a los casos sospechosos y confirmados de Covid-19”. La autoridad sanitaria calcula que para ejecutarlo se necesitan 5 ,917,184.50 de dólares. Mientras que el segundo componente se denomina “Equipamiento médico”.

Entre los equipamientos médicos que el Minsa pretende comprar con el dinero del BCIE sobresalen 40 ventiladores, cuyo coste es 895, 440 dólares. Ni el Minsa ni el gobierno han aclarado cuál es la capacidad real ni el número de respiradores con los que cuenta el sistema de salud nacional, un tema clave, ya que los ventiladores son vitales para atender a los pacientes más graves del Covid-19. Fuentes médicas señalaron que en el país existen unos 160 ventiladores, de los cuales el 80% está en uso para otras patologías.

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Aunque a nivel público el régimen Ortega-Murillo vende la idea de que el Covid-19 no es mortal y está bajo control, las estimaciones del Minsa dicen lo contrario. De acuerdo con otro protocolo del mismo Minsa, en Nicaragua habrá 32, 500 contagios de covid-19 y fallecerán unas 813 personas en un período de seis meses. De los 32 500 afectados por el virus, las autoridades de Salud prevén que un 25% serán pacientes graves, es decir 8125 personas. “Si se toma de referencia la letalidad de 2.5% de fallecidos frente a los afectados podríamos tener 813 fallecidos. Los fallecidos son el 80% de los pacientes que requieren Unidad de Cuidados intensivos, por lo que se calcula que 1016 ingresarán a UCI”, concluye la proyección.

Además de los respiradores, el Minsa pide al BCIE 72, 395 dosis de Lopinavir 200mg y ritonavir 50 mg y otros insumos. Sin embargo, entre otras medicamentos, lo más caro que piden en el segundo componente es el fármaco cubano Interferón beta 2B inyectable. Son 49, 715 dosis, para un total de 5,904,153.40 dólares. La propaganda oficial del régimen aseguró que Cuba donó a Nicaragua más de 8, 000 dosis de este fármaco, pero no se ha revelado cuántas dosis han aplicado. Ahora piden financiamiento para comprar más Interferón, pese a que no hay ninguna certeza científica de que ese medicamento cubano contrarreste el Covid-19.

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