Impunidad y persistencia de las violaciones de derechos humanos en un país ahora enfrentando el COVID-19

Este mes de abril se marcan dos años de crisis de derechos humanos en Nicaragua, un parteaguas en la historia reciente del país centroamericano, en donde todavía persisten graves violaciones de derechos humanos con consecuencias para la vida, la integridad física y la libertad individual de los nicaragüenses, especialmente para aquellos que defienden derechos humanos y quienes expresan sus opiniones políticas o ejercen el periodismo independiente, y una oposición, que enfrenta restricciones indebidas impuestas por el régimen, para ejercer sus derechos políticos.

Después de 24 meses de aquel 18 de abril que inició una rebelión pacífica, y ante la inexistencia de respuestas por parte del Estado, aún se mantienen en pie las tres demandas básicas de la ciudadanía: libertad para los presos políticos y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías constitucionales; justicia para las víctimas de la represión, garantías de reparación y no repetición; y democracia para el país.

Hasta la fecha, en Nicaragua continúa la represión selectiva y persiste la impunidad para los responsables de las violaciones de derechos humanos, algunas de las cuales el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó que podían constituir crímenes de lesa humanidad. En las prisiones del país aún están encarcelados unos 61 ciudadanos por motivos políticos y las capturas continúan ocurriendo, siendo las más recientes a excarcelados y universitarios organizados.

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En el Caribe, más de 800 indígenas han sido desplazados forzosamente de sus comunidades, lo que representa la ocupación por colonos de al menos 23,243 hectáreas de cultivo, según el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN).

La libertad de prensa también sigue siendo restringida. Desde 2018, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha reportado más de 2 mil violaciones a la libertad de prensa, pero los periodistas continúan informando a pesar de las restricciones oficiales. Los medios Confidencial y 100% Noticias siguen confiscados por la Policía y sin poder transmitir en televisión abierta. Sin embargo, en este periodo han surgido 21 nuevas plataformas digitales y la organización gremial Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).

Para las mujeres los riesgos de ser víctimas de violencia siguen latentes: en 2019 se registraron 63 femicidios y 18 se han documentado en lo que va de 2020. Las defensoras de derechos humanos continúan siendo víctimas de agresiones y las mujeres excarceladas son perseguidas y amenazadas por grupos paraestatales, como en el caso de Tania Muñoz, de Masaya, y Nelly Roque, de Matagalpa.

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En el contexto de la pandemia del COVID-19, el panorama no es alentador para Nicaragua. A un mes de anunciado el primer caso de la enfermedad del coronavirus, el Gobierno no ha tomado medidas urgentes para combatir su propagación incluidas las medidas básicas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mostrando serias deficiencias para proteger el derecho a la salud y la vida de la ciudadanía.

La actuación estatal en materia de salud expuesta en 2018, cuando se bloqueó el acceso a centros médicos y hospitales a ciudadanos opositores, genera serios temores para la ciudadanía en cuanto a la respuesta que dará el sistema de salud pública.

Hasta este 17 de abril, en Nicaragua se han confirmado 9 casos de coronavirus y 1 muerte, una cifra que genera desconfianza entre los expertos, porque además de ser la más baja de Centroamérica, las autoridades no informan la cantidad de pruebas que se realizan a diario ni se brinda información transparente sobre los contagios y personas en vigilancia. Preocupa además que el Gobierno no haya adoptado un plan específico para la Costa Caribe, en donde los servicios de salud son de difícil acceso y la mayoría de las comunidades carecen de agua potable.

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Raza e Igualdad ha acompañado al pueblo nicaragüense y a organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua durante estos dos años, facilitando los espacios de comunicación entre estos y el Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos. Una de las demandas más recurrentes en estos espacios es que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición que el Estado está en la obligación de facilitarles.

Seguimos comprometidos con hacer eco de sus demandas y llamamos a la comunidad internacional a continuar prestando la atención debida a la situación de los nicaragüenses.

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