Despacho 505: Miembro del GIEI, Sofía Macher: “Si no se puede juzgar a cada responsable de los crímenes, debemos ir a las cabezas”

La especialista analiza las consecuencias de la impunidad en Nicaragua desde abril de 2018 y rememora las lecciones de su misión en el país como miembro del GIEI

Sofía Macher ha participado en procesos de transición alrededor del mundo, pero nunca había visto y trabajado en algo parecido a lo sucedido en Nicaragua a partir del 18 de abril de 2018. Tenía experiencia en procesos post conflicto, pero al llegar a Managua se vio en un escenario de violencia, estaba en marcha la Operación Limpieza, el brutal despliegue armado ordenado por el régimen de Daniel Ortega para acabar con la protesta social.

Llegó al país el 1 de julio de 2018 como parte de los cuatro integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyo informe evidenció que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad.  

“Profesionalmente fue muy retador. Teníamos que hacer malabares para acceder a las víctimas y recoger sus testimonios porque estaban siendo perseguidas. Era hacer un trabajo en el medio de la persecución, del conflicto”, explica en esta entrevista con Despacho 505.

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Estuvo en el país hasta el 19 de diciembre de ese año cuando el régimen decidió expulsarlos un día antes de presentar su informe sobre las investigaciones de los hechos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo. Revela que luego de una reunión con el canciller Denis Moncada, quien les ordenó el retiro inmediato del país, les llamaban cada cinco minutos para preguntar si habían conseguido vuelo, incluso se ofrecieron a llevarlos a la frontera con Costa Rica para que organizaran su viaje desde San José. 

“Estaban desesperados porque nos fuéramos. Tuvimos que presentar el informe en Washington. Fue tremendo porque estábamos vestidos de verano y nos fuimos a Washington en pleno invierno, en diciembre. Tuvimos que prestarnos ropa, fue increíble”, recuerda la experta de nacionalidad peruana. 

Entre abril y mayo, el periodo investigado por el GIEI, hubo en Nicaragua 109 asesinatos contra manifestantes, más de 1,400 heridos y al menos 690 detenciones ilegales.  

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Sobre la responsabilidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo y los crímenes que se cometieron en Nicaragua, la experta del GIEI es contundente: 

 “Hay una responsabilidad directa de Ortega. Él mismo es el jefe directo de la Policía. Ortega no es un responsable político lejano, él tiene una responsabilidad directa sobre los crímenes que se cometieron. Rosario Murillo tiene una responsabilidad directa en todo lo que se hacía a nivel de los municipios y la movilización de los paramilitares”. 

La justicia tiene que llegar, sostiene. “Si no se puede ir individualmente a cada responsable que hizo algo, por lo menos debemos ir a las cabezas que lo planificaron y que lo permitieron”

¿En todo el tiempo que estuvo en Nicaragua qué fue lo que más le marcó a nivel profesional y personal? 

Las mamás. Una señora me dijo: “A mí me mataron a mi hijo y es como si me hubieran matado a mí también. Yo no tengo miedo a nada y voy a seguir luchando hasta que se haga justicia”.  

Era una cosa tan conmovedora porque no es como “me mataron a mi hijo y me pongo a llorar”, sino que el dolor las llevaba a hacer un pacto de que no iban a parar hasta que se haga justicia.  

En vez de aplastarlas les habían dado toda la fuerza del mundo.  

Cuando se sufre una represión tan alta y un golpe tan grande, normalmente lo que hace es que te desmoviliza. Te oprime de tal manera, que cuando ves que la represión es tan amplia, tiende a achacarte, a bajarte. Aquí en Nicaragua no. Cuando tienes el cariño, la responsabilidad y el cuidado de alguien, como que les da fuerza y salen a pelear. 

Los universitarios. Eran jovencitos que habían estado movilizándose y de repente esto creció en las magnitudes que conocemos. Se sentían como asumiendo una responsabilidad que nadie les estaba exigiendo, pero habían entendido que habían provocado una respuesta que casi toda la población salió. Se sentían como que no podían echarse atrás.  

No eran partidarizados, no eran organizados, no era una cosa planificada y era a un costo muy grande como sus propias vidas. Esa era otra cosa que me conmovía tremendamente. De repente se vieron envueltos en el medio de una protesta social inimaginable.  

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Los refugios para estudiantes. Me sorprendió tanto de Nicaragua esto y no lo he visto en otros países, en diferentes regiones del mundo, donde he estado.  

Era como que estaban preparados —fundamentalmente mujeres— para refugiar a estos chicos que estaban siendo perseguidos y los escondían en sus casas. Pero, además, verlos a ellos organizándose inmediatamente con sus cuadernitos para ver qué podían hacer y qué no.  

No sé si es que tiene que ver con esta historia de Nicaragua de tantos conflictos que han vivido y saben lo que es eso, la persecución, y los cuidan a riesgo de ser ellos reprimidos.  

División entre la niñez en los colegios. Tenemos montones de dibujos de los niños de seis, siete u ocho años que ven todo lo que está pasando en el país y todo eso les afecta. Vimos que todo esto que estaba pasando permeó los colegios, parecía tremendo como sociedad en Nicaragua que esa división entre los que estaban a favor y en contra del gobierno se transmitía también a las criaturas y se producían esos conflictos en los niños. Eso se tiene que atender, eso se tiene que trabajar. 

¿Cómo vio la evolución del conflicto en el tiempo que estuvo en Nicaragua y a qué métodos recurrieron para poder hacer su trabajo? 

Estuvimos seis meses. En julio era una situación y en diciembre era otra. En julio no podíamos hablar con nadie, todo mundo tenía miedo. Utilizábamos Zoom (herramienta digital de videollamadas).  

Hubo un apoyo increíble de las organizaciones de derechos humanos que eran nuestros lazos con las víctimas. En noviembre la realidad ya era otra y organizamos más de 24 talleres con víctimas en Managua y en Costa Rica con los refugiados.  

La realidad ya era otra. Trabajábamos lo que era el Plan Integral de Reparación a Víctimas y decidimos consultar esa propuesta con los afectados, y para entonces ya estaban organizados en Madres de Abril y (la Asociación de) Presos Políticos. La persecución se mantenía, pero la gente ya iba a capacitaciones para ver qué es lo que se podía hacer. Era impresionante ver la resiliencia de Nicaragua y no la he visto tan de cerca en otros países. 

Ustedes tenían como mandato, y así lo hicieron, presentan un plan de atención a víctimas, pero el régimen vino luego y presentó su propia Ley de Atención y Reparación a Víctimas. ¿Cómo valoró esa propuesta? 

Era negar todo lo que estaba sucediendo, como que todo lo que pasó nunca hubiese existido. Era lo más contraproducente para reconstruir y reconciliar Nicaragua. Por el contrario, profundizaba más bien las diferencias entre los que estaban contra el Gobierno y los que estaban a favor. Priorizaba más la división en la sociedad.  

No es posible hacer una ley de reparación donde se niega todo lo que ha sucedido. No hay otra forma que poner todo sobre la mesa y reconocer las cosas que han pasado. 

No basta con una atención psicológica individual. Estas cosas se tienen que procesar socialmente. 

¿Para que se dé esa reparación qué tan importante es que, efectivamente, haya justicia para las víctimas? 

Eso es fundamental. La justicia será como recobrar el equilibrio. Cuando se violan los derechos de una persona, para eso existe la justicia. El Poder Judicial establece sanciones para el violador. Si es que esto no se hace, si se garantiza más bien la impunidad, el Estado está incumpliendo con su obligación, pero para las personas que lo sufrieron es como decirles que no valen, que no les importa. Es como un desprecio a la víctima. 

 La única manera de restituir equilibrio a la sociedad es con la justicia. Si eso se rompe, estás diciendo que hay una parte de la población que no importa y sin eso no se puede hablar de reconciliación, de pasar a un proceso de convivencia. La justicia es medular para emparejar el piso y decir que todos los ciudadanos tienen derecho.  

¿En qué momento las víctimas podrán decir que tienen justicia, qué es lo que tiene que pasar? 

Un punto de partida, incluso que puede favorecer la justicia, es la verdad. Eso es como un punto de partida sustancial que se reconozca y se asuman responsabilidades sobre las cosas que sucedieron. La afectación —no solo la muerte— ha sido masiva.  

Se tiene que crear un espacio público donde se reconozca lo que la gente vivió y la represión que se vivió en toda la protesta social. Transparentar y poner en evidencia.  

Lo otro es individualizar responsabilidades. Esto te lleva a procesos judiciales. Nosotros concluimos que había violaciones de lesa humanidad. Establecimos que, en los 43 días analizados, se logró identificar un patrón de violaciones a los derechos humanos y que había una responsabilidad del Gobierno, del Estado, en esas violaciones. Eso tiene que ser juzgado.  

¿A todos los niveles? 

No sé si se puede identificar individualmente a cada uno, pero sí hay responsabilidades en los mandos que lo permitieron, que lo planificaron o que no hicieron nada para detenerlo. Si no se puede ir individualmente a cada responsable que hizo algo, por lo menos debemos ir a las cabezas que planificaron eso y que lo permitieron.  

¿Qué conclusiones tuvieron como GIEI en la responsabilidad directa de Daniel Ortega y Rosario Murillo? 

Nuestras conclusiones son clarísimas. Hay una responsabilidad directa de Ortega. Él mismo es el jefe directo de la Policía. Ortega no es un responsable político lejano, él tiene una responsabilidad directa sobre los crímenes que se cometieron durante la protesta social en Nicaragua. Rosario Murillo tiene una responsabilidad directa en todo lo que se hacía a nivel de los municipios y la movilización de los paramilitares.  

¿Hay suficientes pruebas para elevar este proceso a nivel internacional? 

Hay suficientes evidencias y en eso fue muy importante el trabajo de técnicos en balística, información forense e investigación. Si nosotros hemos demostrado formalmente que hubo crímenes de lesa humanidad, cualquier tribunal internacional puede hacer un proceso judicial. Las violaciones de derechos y los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. El crimen sigue vigente y puede ser investigado en cualquier momento.  

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