La Lupa:¿Qué ha logrado Nicaragua durante dos años de denuncia internacional?

La plataforma digital https://lalupa.press/ nos presenta un reporte especial respecto a la importante que es Nicaragua la denuncia internacional de violaciones a derechos humanos que perpetra la dictadura de Daniel Ortega. 

Al menos cuatro informes de organismos de derechos humanos internacionales han dejado al descubierto las violaciones constantes a los derechos humanos en Nicaragua en marco de las protestas cívicas contra el régimen de Daniel Ortega. Sin embargo, para muchos ciudadanos hay un sabor amargo porque en la práctica, la represión por parte de la pareja dictatorial es igual o más cruda que en 2018. No obstante, especialistas aseguran que hay importantes avances y resultados concretos que favorecen a la búsqueda de la justicia.   

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuantificó las vidas que se perdieron por la violencia institucional: 328 muertos más los heridos, encarcelados y lesionados. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dio una de las estocadas más fuertes al régimen orteguista, al comprobar que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad y que el mismo Daniel Ortega, en su carácter de máxima autoridad del Estado, tendría que ser investigado.

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En la última actualización por parte de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reiteró al Estado que permita el acceso de su oficina al país, además de asegurar que se siguen violando los derechos de la población.

Lo que se ha conseguido

Para el especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, los Estados suscriben compromisos de buena fe, es decir, son metas y reglas mínimas que deben respetarse y comprometerse a cumplir. Estas nacen en un foro político, y por ende, este es el que da seguimiento, lo que se hace a través del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.  

Lo que ha ocurrido con Nicaragua es que cualquier país con un mínimo de vergüenza o respeto por la democracia acata las observaciones expuestas, y esto repercute favorablemente en la población del país. Sin embargo, el régimen Ortega Murillo “no solo es antidemocrático y represivo, sino descarado, niega burdamente lo ocurrido. Los mecanismos internacionales de protección a los derechos Humanos no están diseñados para regímenes autoritarios, sino para Gobiernos que juegan con las reglas de la democracia”, explicó Pineda.

En el 2019 Nicaragua obtuvo una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El documento, además de denunciar los abusos que han ocurrido en el país, también orientaba la elaboración de un informe de la Alta Comisionada, que fue presentado en septiembre de 2019.

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Antes que la pandemia del Covid-19 pusiera el mundo de cabeza, organizaciones nacionales e internacionales junto a un grupo de países promovían una segunda resolución en el Consejo, que apuntaba a ampliar el mandato de la primera, enfocado en la orientación de dos informes; uno, sobre el tema de derechos civiles y políticos, impunidad y acceso a la justicia; y el segundo, sobre los derechos económicos, sociales y culturales. “Que haya todo un escrutinio sobre esos temas nos parece importante”, sostuvo Amaru Ruiz, de la Articulación de Movimientos Sociales.

Ramón Muñoz, director de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), explica que los informes son una documentación de denuncias de violaciones comprobadas: tortura, detenciones arbitrarias, malos tratos, la negación de acceso a la justicia, la negación del derecho a la manifestación y las violaciones cometidas por la fuerza pública.

Esto va a permitir en un futuro que muchas de las víctimas puedan reclamar justicia, ya que tendrá que haber un momento en que el Estado de Nicaragua investigue esas violaciones con una justicia independiente.

Y si en definitiva el Estado se cierra en colaborar con los organismos de derechos humanos, algunos casos pueden llegar al sistema interamericano para ser juzgados, pero estos son procesos largos. “En principio, la idea es que estos informes abran todos esos espacios poco a poco, primero para colaborar y segundo, para que pueda haber justicia en el futuro. Esa es la idea. No es  simplemente para escribir los informes es para que sirvan de bases para acciones futuras, para reclamar justicia, la justicia debida por las violaciones”, expresó Muñoz.

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La base de las sanciones

Estados Unidos ha sancionado a 18 funcionarios del régimen orteguista, incluidos dos de sus hijos: Laureano y Rafael Ortega Murillo. Con las últimas sanciones también sacudieron las finanzas del emporio de hidrocarburos al incluir en la lista a las empresas Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP), la empresa de seguridad El Goliat e Inversiones Zanzíbar, además de la Policía Orteguista.  Precisamente, el ministro asesor de la presidencia de Nicaragua para Asuntos Internacionales, Valdrack Jaentscke, había pedido ante el Consejo de Derechos Humanos la suspensión de las sanciones, pero no hubo eco. 

Para Ruiz la denuncia internacional sobre las violaciones de derechos humanos ha permitido la evaluación de procesos de las sanciones, tanto por el Parlamento Europeo, como Canadá y Estados Unidos. Es decir que la evidencia presentada ha sido la base para que los países tomen acciones para frenar la represión en Nicaragua.

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Los tres defensores consultados concuerdan que no dejar de hablar de Nicaragua en los espacios de Naciones Unidas permite que la situación del país no se escape del foco internacional, y mucho menos de una instancia tan importante, como es el Consejo de Derechos Humanos.

Pineda expresa que “aunque hoy pueda generar una sensación de frustración, lo cierto es que precipita la caída del régimen a develar su rostro represor ante el mundo, y por otro lado, documenta las graves violaciones a Derechos Humanos que han cometido, lo que será de utilidad para construir la nueva Nicaragua, permitiendo adoptar medidas para que estás graves violaciones a derechos humanos, no sé repitan nunca más en el país”, expresó.

A la vez Ruiz destacó el trabajo de varias organizaciones de derechos humanos que antes de la crisis informaban sobre el deterioro de los derechos humanos en el país. También sostuvo que los testimonios de las víctimas han garantizado la legitimidad de las denuncias de todo lo que vivieron a parte de la explosión social de abril de 2018.