Expediente Público: Alcaldías sometidas: política de premios y castigo a municipios

Con voz aguda, pero con fuerza, se dirigió a un grupo de policías y paramilitares apostados en las instalaciones de suministro de agua potable del municipio de El Almendro, municipio ubicado a 280 kilómetros de Managua. “Venimos a quitar ese candado, porque esto es de la alcaldía”, reclamaba indignada Lilliam Jiménez, la vicealcaldesa, ante la falta del vital líquido por varios días, en noviembre de 2019, en esta comunidad del departamento de Río San Juan.  

Acompañaban a Jiménez unos 12 pobladores decididos a cambiar el candado del tanque de agua para que los armados no se adueñaran de la propiedad. 

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El inmueble está a nombre de la alcaldía local, que recibe y paga las facturas de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (Enacal), pero no tenían las llaves del portón de acceso al tanque de agua. 

“Nosotros tenemos las escrituras de esta propiedad, y lo único que nos queda para hacer presión es traer a los medios e ir al lugar con la población”, confesó la vicealcaldesa a Expediente Público.  

Este tipo de situaciones serían inauditas para la mayoría de municipios de Nicaragua, pero el problema de El Almendro viene del período 2013-2017 cuando fue gobernado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y en 2018 se convirtió en una de las pocas administraciones locales a cargo de los opositores políticos al régimen Ortega-Murillo.  En noviembre de 2017 se dieron elecciones municipales en donde 7 alcaldías gobernadas por el FSLN pasaron a manos de partidos opositores: Camoapa, La Trinidad, Wiwili de Jinotega, El Cuá, San Sebastián de Yalí, Murra y El Almendro. Esto resultó ser un duro golpe para estos gobiernos municipales ya que por haber dejado de ser gobernados por el sandinismo se les redujo, en promedio, casi el 50% de la transferencia que le habían propuesto inicialmente en el PGR 2018. Mientras tanto, otras nueve alcaldías del FSLN fueron favorecidas aumentándoseles en promedio casi un 50%. 

Recortes presupuestarios a municipios del FSLN y opositores

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Además del recorte presupuestario para los municipios en los últimos años, el despojo de puestos como alcaldes, tanto por fraudes electorales como presiones para que renuncien, y violaciones a la ley, entre otras faltas, evidencian el retroceso en la “descentralización” que un día quiso formar parte del sistema político-administrativo de Nicaragua.

Fin de la autonomía municipal

El poder político, administrativo y financiero de los municipios, que se había establecido constitucionalmente y por medio de la Ley 40 o Ley de Municipios, empezó a centralizarse y la autonomía de los gobiernos municipales de Nicaragua fue opacándose con el retorno al poder de Daniel Ortega.

“La estrategia del partido de gobierno desde su regreso al poder en 2007, ha sido la concentración y centralización del poder en el Poder Ejecutivo, tanto a nivel de los poderes horizontales (parlamento o Asamblea Nacional, Poder Judicial, Poder Electoral), como de los poderes verticales o territoriales (regiones autónomas y municipios)”, pero esto, a como señala el sociólogo Manuel Ortega Hegg, se ha conseguido por distintas vías, incluyendo el fraude electoral.

El control sobre las plazas municipales se dio por medio del Consejo Supremo Electoral (CSE), cuando en 2008 se otorgaron de forma muy dudosa la mayoría de las alcaldías al FSLN, 99 de las 124 que existían entonces, incluyendo 10 de las 14 cabeceras departamentales. Según una investigación de la Cooperación Técnica Alemana, divulgada por el diario La Prensa en 2012, al menos, consta evidencia que, 37 alcaldías fueron obtenidas por el Frente Sandinista de manera irregular en el 2008.

El “colapso” del sistema electoral nicaragüense del 2008 se da cuando Roberto Rivas, presidente del CSE, dio los resultados preliminares de las votaciones; pero la escena no acabó ahí, pues Eduardo Montealegre candidato del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), quien disputaba la Alcaldía de Managua, se pronunció públicamente en los medios de comunicación argumentando que, según sus actas, él había obtenido el 51% de los votos. Sin embargo, su denuncia fue en vano.

Cuatro años más tarde la transparencia vuelve a ausentarse y el FSLN captura más alcaldías con 67.7% votos a favor. En esas elecciones municipales de 2012, obtuvo 127 de 153 alcaldías, también de forma poco transparente.

Finalmente, en el 2017 con 72.46% de los votos el régimen arrebata 135 gobiernos locales.

Por otra parte, el régimen de Daniel Ortega había obligado a renunciar a 38 alcaldes y vicealcaldes hasta abril 2020, en la mayoría de casos, se trataba de funcionarios de su propio partido que no se sometían a la autoridad vertical de su mandato.

“Los alcaldes son electos directamente por la población y solo responden a ella y no a ningún partido político, y no pueden ser movidos de sus cargos, más que en los casos y por las causales establecidas en la ley”, dice el sociólogo Ortega Hegg. Renuncia, fallecimiento, jubilación y excedencia, son algunas de las 8 causales que establece la Ley 502 o Ley de carrera administrativa.

Para el experto en desarrollo local, Luis Murillo, el proceso de descentralización en los gobiernos municipales en Nicaragua se divide en una serie de etapas que corresponden al surgimiento de las leyes que exigen al municipio tener un plan de desarrollo y arbitrio que les permita resolver sus problemas.

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La Ley de Estatuto de autonomía de las regiones de la Costa Atlántica o Ley 28, creada en 1987, y la Ley de transparencia municipal del 2003, forman parte de la serie de etapas de la descentralización, a la que se refiere Murillo, pero la Ley de municipios sufrió una reforma en el 2013, que estableció un año más en el periodo de cargo a los alcaldes y le permite la reelección indefinida.

Murillo asegura que al contravenirse los reglamentos de descentralización se contribuyen al “retroceso del desarrollo local y municipal”.

Inestabilidad en las alcaldías 

Las 135 alcaldías gobernadas por los sandinistas fueron el resultado del periodo más reciente de elecciones municipales de 2017, donde 111 alcaldes eran candidatos a reelección.  

Según Ortega Hegg, en los ámbitos político, administrativo y financiero se ha perdido autonomía durante los tres periodos consecutivos del régimen Ortega-Murillo en el poder. A los candidatos a alcaldes y concejales del partido de gobierno los obligan a firmar un compromiso de responder y de someterse en su gestión a los dictados del partido pasando por alto a sus electores y la ley, y como resultado el cambio arbitrario de alcaldes y concejales en los territorios que responde al interés político.  

Por otro lado, en el ámbito administrativo “se obliga a los gobiernos locales a ser ejecutores de la política y los planes del gobierno central en el territorio, relegando a segundo plano el propio plan municipal”. 

Y en el ámbito financiero, se reforma la ley de transferencias municipales obligando por ley a destinar un 30% de las competencias del gobierno central, como educación, salud y agua potable, por encima de otras necesidades locales previstas como obligación del gobierno local, señala el experto. 

Según el artículo 12 de ley No. 466, los gobiernos municipales deben asignar anualmente de las transferencias de capital el 5% para salud, 5% para educación, 5% para medio ambiente y el 7.5% para agua y saneamiento. 

A casi 200 kilómetros de distancia de Managua sucede una situación similar a la del municipio de El Almendro. En Camoapa, administrado por un partido opositor que retomó esta plaza en las últimas elecciones municipales del 2017, la alcaldesa entrante recibió las deudas del gobierno municipal anterior a cargo del FSLN, mientras algunas instituciones controladas por el sandinismo como Enacal y el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) están boicoteando a la alcaldía.  

Según la alcaldesa Greetcheng Martínez y el responsable de la Unidad Ambiental Eduardo Urbina, no se puede impulsar el desarrollo del municipio en cuanto a proyectos de energía, mantenimiento de planta de tratamiento de aguas residuales, construcción de caminos, ni tampoco de programas educativos por falta de coordinación y disposición.  

“Si viene algún proyecto de camino de parte del gobierno central, a quien viene a beneficiar es a todo el sector, pero ellos lo gestionan y se van a hacerlo solos, sin tomarnos en cuenta y los inauguran”, señaló Urbina. 

Y a juicio del experto Luis Murillo, se está haciendo una publicidad de precampaña en donde se le está quitando la competencia a las municipalidades, a través de mantenimientos de caminos que parecieran ser del gobierno central, pero por ley le corresponden al municipal. 

Otro claro ejemplo, es la declaración del secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, quien el miércoles 11 de marzo de 2020 planteó que más de 70 cuadras al interno de Managua iban a ser impulsadas por el gobierno central. “Cuando sabemos que aquí hay una municipalidad que tiene la responsabilidad”, agregó Murillo.  

Por otra parte, el Gobierno de Nicaragua violó la ley de Transferencias municipales en 2019 al reducirle esta asignación presupuestaria a las 153 alcaldías, a un equivalente del 3.6% de los ingresos tributarios cuando lo establecido es el 10%. La acción fue argumentada como una medida de austeridad, pero la reforma del Presupuesto General de la República (PGR) estaba incrementando los ingresos tributarios proyectados inicialmente para ese año. Esta merma a las municipalidades se mantuvo en 2020. 

Los efectos del centralismo y la opacidad

Si el régimen no hace ningún esfuerzo por ser transparente, por rendir cuentas, por ser equitativo en los desembolsos, Nicaragua se enrumba a una depresión económica, sostiene el economista Luis Murillo. Las recientes sanciones internacionales se deben también a la corrupción, y han ocasionado un problema de falta de recursos externos, reformas fiscales y tributarias y el rezago de información de un año en el sitio web del Banco Central no permite que inversionistas extranjeros tomen en cuenta al país.

Ante mayor opacidad en la gestión pública, mayor corrupción y mayor subdesarrollo existe, así como se ha podido evidenciar en las últimas investigaciones realizadas por Expediente Público.

Según el estudio que acompaña este reportaje, la omisión de información por parte de las municipalidades sandinistas ha repercutido en la reducción de la transparencia y una deficiente rendición de cuentas, afectando no solamente a su alcaldía, sino también, al gobierno central.

Para Ortega Hegg lo que realmente está en crisis en el país es “esa concepción concentradora de riquezas en unos pocos que viven en la capital y en los principales centros urbanos, subestimando y dejando sin apoyo del Estado las inmensas capacidades, potencialidades y oportunidades de desarrollo de las entidades locales”.

El modelo económico del régimen apuesta a megaproyectos que “solo han existido en la cabeza de quienes lo idearon” como el puerto de aguas profundas, el satélite chino, el Gran Canal Interoceánico, y controlar desde el gobierno central el desarrollo nacional, continúa afirmando Ortega Hegg. Es decir, la priorización de recursos de todo tipo al desarrollo de ese modelo centralista concentrador de riqueza y poder, por encima del desarrollo local-territorial.

“Si la población quiere resultados diferentes a los que tenemos actualmente, la población debe plantearse cambiar de gobierno en las próximas elecciones y pugnar por un cambio de modelo económico, más equitativo y respetuoso de la naturaleza”, finalizó el académico.

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