Confidencial: Ortega envía a casa a empleados públicos ante covid-19, sin suspender el Gobierno

El propósito es “mantener el discurso de normalidad”, pero “rotando la presencia del personal; “fanáticos” dudan de comunicados del Minsa

Días antes de que Daniel Ortega atacó la campaña ciudadana de prevención “Quédate en casa”, en una comparecencia televisiva desde su residencia y despacho de El Carmen, el pasado 30 de abril, su Gobierno ordenó a algunas instituciones públicas trabajar con parte de su personal desde casa.

Trabajadores del sector público revelaron a CONFIDENCIAL, que el Gobierno los está enviando de vacaciones y a trabajar desde casa, para evitar la exposición al contagio del nuevo coronavirus causante de la covid-19, pese a que el régimen se niega a reconocer el avance acelerado de la pandemia en el país, y a decretar oficialmente medidas de aislamiento social.

Es una medida “extrema” y “radical”, dijo Ortega tras quince días de ausencia desde su último discurso. Sin embargo, una fuente vinculada al sector público sostuvo que “Nos están enviando obligadamente a limpiar vacaciones”.

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Cada institución ha trazado una forma particular para evitar la presencia de todos sus trabajadores en las oficinas. Algunas están obligando a sus empleados a tomar vacaciones semana de por medio, y otras, están ordenando a aquellos funcionarios y técnicos que pueden realizar su trabajo de forma remota, a que lo hagan desde casa.

Según los servidores públicos, el propósito es “rotar la presencia del personal”, pero mantener “abiertas” las instituciones de Estado “para mantener el discurso de normalidad”. “Lo están haciendo de oficio, pero no lo hacen oficial”, revelan.

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El Gobierno está implementando estas medidas durante los meses de mayo y junio, cuando los epidemiólogos advierten un crecimiento exponencial de la pandemia en el país, de no decretarse medidas sanitarias y de distanciamiento físico.

Ordenan medidas personales de prevención

Antes de lanzar su ataque virulento contra la campaña de prevención “Quédate en casa”, promovida por la sociedad civil en Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ya habían ordenado reducir la presencia de los servidores públicos en las instituciones, y fumigar y desinfectar las instalaciones. “Han fumigado los accesos, las puertas, las salas de espera y jardines”, cuenta un trabajador público.

Según fuentes del Estado, la orden ha sido girada para las alcaldías y el resto de instituciones del Poder Ejecutivo, también van acompañadas de recomendaciones básicas de prevención como el uso de mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento físico en los puestos de trabajo. “La implementación de esas medidas ha sido gradual en diferentes instituciones desde la semana pasada (de finales de abril)”, afirma.

Antes de ordenar estas medidas en el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia ya había adoptado algunas acciones de protección en el complejo judicial tras divulgarse en redes sociales, la sospecha de que una familia de un funcionario de ese Poder estaba en cuarentena. Desde entonces construyeron una cabina de desinfección a la entrada de su edificio principal en Managua y distribuyeron a todo su personal en todas las sedes del país, material de protección como: alcohol gel, jabón líquido, desinfectantes líquidos de superficie y piso, cloro, mascarillas y guantes.

“Fanáticos” cuestionan los comunicados del Minsa

Hasta hace un mes, los comunicados oficiales no se ponían en tela de duda. Pero ahora, cuando habla Carlos Sáenz, el secretario general del Minsa, se escuchan murmullos entre los “más fanáticos”, —“solo ellos se lo creen”—, cuestionando en privado las cifras del Ministerio de Salud.

Los jefes y operadores políticos se limitan a decir que la epidemia “está controlada”, mientras que algunos “fanáticos” no creen la versión oficial, implementan sus propias medidas de protección, callan y se “alinean a las orientaciones políticas”, sin embargo, “sí hay una fractura de credibilidad, hay quienes ya no defienden lo que les dicen sobre la pandemia”, afirma una fuente vinculada a los trabajadores del Estado.

El Gobierno continúa ocultando información

El Ministerio de Salud anunció este martes un nuevo caso positivo de covid-19 en Nicaragua, después de 48 horas sin brindar ningún tipo de información sobre la pandemia, para contabilizar un total de 16 casos oficiales.

Mientras aumentan las denuncias de casos sospechosos de covid-19 en el país, el Gobierno no reconoce que exista transmisión local comunitaria, y continúa su política secretista, administrando un subregistro de los casos de la pandemia, y desacatando las medidas sugeridas por la Organización Mundial de la salud, como la realización masiva de pruebas, y decretar medidas que promuevan el distanciamiento social.

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En Nicaragua hay al menos tres muertes más por coronavirus que han sido verificadas por CONFIDENCIAL con fuentes médicas y familiares, pero que el Gobierno se niega a reconocer, para una cifra extraoficial de ocho fallecidos, y 18 casos positivos, con la más alta tasa de letalidad a nivel regional.

El Observatorio Ciudadano COVID-19, integrado por ciudadanos, médicos y expertos independientes, contabilizan en su último reporte un acumulado de 632 casos sospechosos en todo el país, incluyendo los casos positivos confirmados por el Gobierno, más los 16 casos a los que afirman dar seguimiento.

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