Casi 600 médicos emplazan al régimen sandinista ante el COVID-19

Casi 600 médicos nicaragüenses demandan y exigen al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua la realización masiva de las pruebas covid-19 tanto a nivel público como privado, fundamental para lograr mitigar la epidemia y reducir el impacto en la mortalidad y en los servicios de salud en la nación.

Los profesionales de la salud también exigen a Ortega Murillo transparencia en los datos pertinentes sobre la evolución de la epidemia de acuerdo con los estándares epidemiológicos internacionales, utilizando lenguaje técnico y claro.

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Asimismo, demandan establecer públicamente su plan de contingencia ante esta emergencia de salud pública e implementar las medidas de distanciamiento social y restricción de reuniones masivas, así como de aislamiento y cuarentena que sean necesarias, garantizar las medidas de protección adecuadas para todo el personal sanitario de los servicios de atención pública, garantizar la existencia suficiente de medios diagnósticos, medicamentos y equipos de sostén vital (como ventiladores) a todos los pacientes con COVID-19 que lo ameriten.

Y finalmente los médicos piden implementar políticas de reducción o amortiguación del daño a nivel socio-económico (congelamiento de las tarifas de agua, luz, IVA y deudas bancarias, fondos de ayuda, etc.) que permitan un alivio ante la crisis sanitaria a los trabajadores de la salud y ciudadanos en general, así como garantizar la vigencia de los derechos humanos a la población más vulnerable.

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En el pronunciamiento público, los médicos nicaragüenses lamentan el negligente manejo de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, dado que la dictadura de Daniel Ortega promueve actividades masivas como la “Marcha de amor en tiempos del COVID”, Plan Verano, Jornadas de boxeo, partidos de beisbol, Fiestas de bienvenida Mayo ya, sumado a una campaña educativa tímida, con el agravante de exponer a los profesionales de la salud al riesgo de infección, con modalidades que no han demostrado ninguna eficacia como las denominadas visitas casa a casa. 

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“Al contrario, se ha desestimulado y restringido el uso de mascarillas y en algunos casos hasta prohibido su empleo, atentando con la salud de los trabajadores sanitarios. De igual manera, se ha generado información confusa sobre las personas afectadas por la infección. Este tipo de comunicación ha creado desinformación en la población, obstaculizando el manejo responsable de la crisis sanitaria, convirtiéndose más bien en un factor facilitador de la diseminación de la infección”, señala el pronunciamiento de los profesionales de la salud.