Confidencial: La herencia de Orlando Castillo en Telcor: los negocios de la familia y la censura televisiva

Orlando Castillo promovió el consorcio privado de radios y canales de TV de la familia presidencial y ejecutó la censura televisiva

“Los hijos del comandante (Daniel) Ortega, por ser hijos del comandante Ortega, no los vas a mandar a trabajar a la Luna o les vas a decir: vos tenés que trabajar aquí en el Mercado Oriental o dedicarte a las bienes raíces”. Así defendió en noviembre de 2013 el director de Telcor, Orlando Castillo —fallecido este primero de junio a los 76 años de edad— lo que él calificó como un “derecho” de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo para apropiarse de varias licencias de televisión en Nicaragua. Para entonces, los hijos de la pareja presidencial ya dirigían los canales 4, 8 y 13, y Castillo les seguía concediendo nuevas licencias desde su puesto de ministro del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos.

“Pueden tener 20 (licencias), y nadie se los puede impedir porque tienen derecho”, agregó Castillo en una entrevista con el diario La Prensa, en aquella fecha, tras conceder la licencia del Canal 22 a Difuso Producciones, de Juan Carlos Ortega Murillo, que en 2010 ya había comprado el Canal 8 a Carlos Briceño.

El promotor del imperio mediático de la familia presidencial, también ejecutó la censura del régimen, al firmar la orden de clausura del Canal 100% Noticias, de Miguel Mora, menos de una hora antes de que policías y paramilitares asaltaran y ocuparan el medio de comunicación, el 21 de diciembre de 2018. Un mes después, en enero de 2019, Castillo impuso la censura de facto contra los programas Esta Semana y Esta Noche, del periodista Carlos F. Chamorro, en Canal 12 y en el sistema de cable.

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CONFIDENCIAL enlista las diez principales acciones que marcaron el itinerario de doce años y medio de la gestión de Orlando Castillo como director de Telcor, al frente del cual fue sancionado por los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá por ser el “censurador del régimen”.

Al servicio de los negocios de la familia Ortega Murillo

Orlando Castillo inició su carrera en el FSLN como administrador del Sistema Sandinista de Televisión en los años 80. Cuando el FSLN perdió el poder en 1990, reapareció con Dionisio “Nicho” Marenco como gerente del Canal 4 de televisión, originalmente propiedad del FSLN, y se convirtió en la persona de confianza de Daniel Ortega en las inversiones en radio y televisión que comenzó su familia en esos años.

En 2004, con la elección de Marenco como alcalde de Managua, Castillo ocupó un cargo público en la administración de la comuna y cuando Ortega regresó al poder en 2007 fue nombrado director del “ente regulador”, el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).

Desde su cargo como ministro de Telcor, Castillo priorizó la creación del emporio mediático de la familia Ortega Murillo en radio y televisión, a través de inversiones de forma directa y en alianza con el empresario mexicano Ángel González, propietario de Canal 10.

Además de recuperar el control accionario total de Canal 4 de televisión en una transacción con Ángel González, a cambio de bienes inmuebles y acceso privilegiado a Telcor, la familia Ortega Murillo adquirió en 2010 Telenica Canal 8 de televisión, entonces propiedad de Carlos Briceño Lovo.

La compra se dio bajo hermetismo, pues Briceño alegó la existencia de una cláusula de confidencialidad. El traspaso se oficializó a inicios de 2010, tras una  negociación en la que el director de Telcor participó como juez y parte al lado del grupo Ortega Murillo, liderado por Rafael Ortega que pagó a Briceño 9.7 millones de dólares de las cuentas bancarias de Albanisa. Como resultado de la transacción, Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, apareció como dueño y director del canal de televisión.

Las concesiones de canal 13 y canal 22

En junio de 2011, tan solo un año después de la compra de Canal 8, Castillo asignó a través de Telcor la señal de Canal 13 a Maurice, Camila y Luciana Ortega Murillo.

Difuso Comunicaciones, la empresa productora de Juan Carlos Ortega Murillo, también obtuvo de Telcor una licencia para operar el Canal 22 en señal abierta, mediante una Resolución Administrativa emitida por el ente regulador en diciembre de 2015. En la práctica, Canal 22 ya era operado por Juan Carlos Ortega Murillo desde 2013, aunque el Acuerdo Administrativo se publicó dos años después.

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En paralelo, Castillo también ordenó la concesión o cancelación de al menos una decena de radios locales, o permitió la invasión de su frecuencia, reduciendo notablemente su alcance frente a emisoras oficialistas.

Las cadenas televisivas y la cooptación de Movistar y Claro

Además de favorecer los negocios de la familia presidencial en radio y televisión, la gestión de Castillo se enfocó en cooptar y alinear a las dos grandes empresas de telecomunicaciones en el país: la española Telefónica-Movistar (recientemente adquirida por Tigo) y la mexicana Claro, propiedad del magnate Carlos Slim, en torno a la voluntad política presidencial.

Castillo impuso una política de discrecionalidad, descartando la modernización institucional de las telecomunicaciones y la promoción de una nueva ley. “Su misión era transmitir el poder presidencial, chantajear y coaccionar”, hasta donde se lo permitiera la resistencia que opusieron en temas puntuales las dos grandes empresas de telecomunicaciones, dijo una fuente empresarial vinculada a la industria.

En 2010, Telcor dio un espaldarazo a las cadenas nacionales de televisión convocadas por Ortega a través del Acuerdo Administrativo 009-2010 en el que ampliaba el alcance de los discursos de Ortega a la televisión por cable.

Con la medida, Telcor obligaba a las empresas de televisión por cable a enlazarse a los discursos del presidente mediante la señal de Canal 6 que, aunque pertenece al Estado, también transmite la propaganda oficial.

El Acuerdo también ordenó que los operadores debían permanecer “pegados” a la señal oficialista por el tiempo que Ortega hablara.

El Acuerdo se mantiene vivo a partir de los comunicados en los que para cada intervención pública de Ortega, Telcor recuerda a los operadores que deben enlazarse a las transmisiones.

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En el 2013, se discutió en la Asamblea una serie de reformas para el artículo 92, de la Constitución Política, sobre temas de seguridad nacional.

El Gobierno proponía cambios que, en el inciso d, indicaban que “el espectro radioeléctrico y satelital que incida en las telecomunicaciones nicaragüenses deberá ser controlado por el Estado”.

Además, planteaba que todas las bases de datos, resguardadas en otros países, debían permanecer en el país. Las alarmas sonaron contra el interés de establecer un control del internet.

Castillo defendió las modificaciones y argumentó que “tiene que existir control, por fuerza, en cualquier Estado en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, los ciber, si no hay control cualquiera te hace una barbaridad”.

Estas reformas no prosperaron, pero Castillo también intentó que Telcor controlara el nombramiento de los gerentes generales de informática y seguridad de las empresas de telecomunicaciones del país.

En abril de 2013, tras varias reuniones con la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Telcor emitió el acuerdo 006-2013, en el que “permitía” a las empresas nombrar estos cargos importantes, y el ente regulador se realizaría auditorías.

Siete años pasaron desde entonces y, en mayo del 2020, un nuevo acuerdo firmado por Castillo modificó el documento anterior, y amplió los cargos que deben ser informados para la verificación del ente regulador a: gerentes generales, jefes de informática o sistemas, gerentes financieros, gerentes de interconexión y acceso, gerentes jurídicos, jefes de mantenimiento de redes y jefes de seguridad.

Cierre y ocupación de 100% Noticias

En abril de 2018 estallaron las protestas cívicas contra el Gobierno de Ortega, que reaccionó ordenando la represión más sangrienta de la historia reciente de Nicaragua. Las protestas en contra de las reformas al Seguro Social eran cada vez mayores y la presión a algunos medios, otrora aliados del régimen también era evidente.

El periodista Miguel Mora, director y propietario de 100% Noticias, denunció el 20 de abril de 2018, en una entrevista en CONFIDENCIAL, que en una reunión con Orlando Castillo, el funcionario les pidió que no dieran cobertura a las protestas y les aseguró que era una petición directa de Daniel Ortega. Ese día Telcor suspendió por las vías de hecho la señal de 100% Noticias, y los canales 12, 23, y 51. Ocho horas después, Telcor restableció las señales televisivas, excepto la de 100% Noticias que regresó al aire hasta el 25 de abril, como resultado de la presión ciudadana.

“Última hora, la información de última hora es que hay presencia de antimotines y quieren entrar aquí a 100% Noticias”, decía ocho meses después una angustiada Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa del canal de televisión, que en ese momento pasó a ser confiscado y desmantelado. Mora y Pineda fueron secuestrados y encarcelados por casi seis meses.

Al acto le antecede la suspensión de su licencia por parte de Telcor y hasta la fecha, casi un año después de la excarcelación de Miguel Mora y Lucía Pineda, el Canal 100% Noticias no ha sido devuelto a sus dueños y su señal solo se transmite por internet.

Censura a Esta Noche y Esta Semana en TV

Los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche también sufrieron la censura impuesta por Orlando Castillo desde Telcor.

El 23 de enero de 2019, ambos programas de televisión fueron sacados del aire por amenazas y órdenes verbales de Castillo transmitidas a la dirección de Canal 12 y a los operadores del sistema de cable, según denunció el director de CONFIDENCIAL, Carlos F. Chamorro.

La presión también incluyó el programa Danilo Lacayo en Vivo. Los tres programas tenían en común que se transmitían por la señal de Canal 12 y eran críticos del Gobierno de Daniel Ortega.

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Inicialmente, Castillo invocó una supuesta regulación de Telcor que obligaría a los programas de producción independientes que se transmiten en canales privados, a contar con una autorización del ente regulador. Sin embargo, ese mismo día, Telcor emitió un comunicado en el que calificaba como “fake news” las informaciones relacionadas al tema. Sin embargo, ordenó que dichos programas y Danilo Lacayo en Vivo, salieran del aire por la señal de Nicavisión Canal 12 y el sistema de cable.

Dieciocho meses después, la censura televisiva contra Esta Semana y Esta Noche persiste, y solamente se transmiten por internet a través de YouTube y Facebook Live.

Sancionado por Estados Unidos y Canadá

El 21 de junio de 2019 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Orlando Castillo, Sonia Castro, Gustavo Porras y Oscar Mojica, señalados de corrupción y violaciones a los Derechos Humanos.

El director de Telcor, la ministra de Salud, el presidente de la Asamblea Nacional y el titular de Transporte e Infraestructura, respectivamente, se unían así a la lista de funcionarios sancionados que entonces ya incluía a la vicepresidenta y vocera, Rosario Murillo; el secretario general de la Alcaldía de Managua y operador político del FSLN, Fidel Moreno, y el hijo de pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo.

Más tarde, Canadá sancionó a nueve funcionarios orteguistas, entre ellos a Castillo, señalado de ordenar el cierre de 100% Noticias, y de silenciar a los medios de comunicación independientes. También fue señalado por Estados Unidos de acciones que “amenazan la paz, seguridad o estabilidad” del país.

Xinwei, el satélite chino y Wang Jing

El misterioso empresario chino Wang Jing, a quien Ortega le concedió la concesión para construcción de un “Canal Interoceánico” en Nicaragua en 2013, llegó antes a Nicaragua de la mano del director de Telcor, como dueño de la empresa de telecomunicaciones Xinwei, que prometió realizar una inversión 2000 millones de dólares.

La llegada de Xinwei a Nicaragua fue celebrada como la gran inversión china que vendría a competir con Movistar y Claro para beneficiar a los usuarios y bajar los costos de la telefonía, pero esto nunca ocurrió.

Xinwei llegó al país con “los dados cargados”, participando en una licitación arreglada para que solamente la empresa china pudiera ganar. En la licitación, Telcor exigió que los oferentes operaran con tecnología de banda ancha AMDC (UIT-R.M. 1801-1) que se utiliza para llegar a zonas rurales y que solo se encuentra en Asia. Así, Xinwei sin cumplir la inversión de 2000 millones de dólares, obtuvo otras seis licencias de operación para que, con permiso de Telcor, busque a otras empresas para ofrecer servicios en el país.

A la muerte de Castillo, Xinwei todavía no tiene operaciones ni redes en el país, aunque según el funcionario ya estaba participando en licitaciones del Banco Mundial. “Ellos están fabricando equipos y la fabricación de los equipos lleva su tiempo”, justificaba Castillo ante la ausencia de las obras de infraestructura.

Las otras licencias le permiten ofrecer servicios de telefonía móvil, televisión por suscripción bajo el formato IPTV (para servicios de streaming), telefonía pública y telefonía básica local, larga distancia nacional y larga distancia internacional.

La única presencia de visible de Xinwei es su marca Cootel, manejada como un negocio privado por allegados del Gobierno, para ofrecer servicios de internet de banda ancha e internet por fibra óptica, en supuestamente trece departamentos del país, aunque realmente solo cubriría Managua.

La promesa de los satélites rusos: ¿huracanes o espionaje?

En febrero de 2016, Castillo anunció la construcción de las estaciones para operar cinco de 24 satélites de la Agencia Federal Rusa del Sistema Satelital (Glonass). Castillo prometió que los satélites brindarían un servicio de observación y monitoreo para enfrentar con eficacia los efectos de huracanes, tsunamis y sequías.

Los satélites, a cargo de la Agencia Federal Espacial de Rusia, han sido criticados, sin embargo, por su hermetismo. “Se ha dicho que tiene fines civiles, pero el alto grado de secretismo de las actividades llevadas a cabo allí hace sospechar”, criticó el consultor civil en seguridad y defensa, Roberto Cajina.

El intento de control de las redes sociales

Una polémica recurrente en la gestión de Orlando Castillo fue el intento de controlar las redes sociales que el régimen de Ortega ensayó en varias ocasiones y de diferentes formas.

En marzo de 2018, apenas un mes antes que estallara la Rebelión de Abril, la Asamblea Nacional convocó a una supuesta consulta ciudadana, con el aval de Telcor, para diseñar un proyecto de ley para controlar la libertad de expresión en las redes sociales.

El anteproyecto fue rechazado por los usuarios y quedó sepultado de forma definitiva con las protestas que estallaron en abril de 2018, en las que a través de las redes sociales los ciudadanos se autoconvocaron de forma masiva y documentaron la represión.

¿Y la televisión digital?

“En el 2020 estaremos listos con la televisión digital”, aseguraba Castillo en marzo de 2018 al medio digital especializado en tecnología Terabyte, sin embargo, a la fecha se desconoce el rumbo que lleva el proyecto, cuya primera prueba se hizo ese mismo año.

El ambicioso proyecto buscaba llevar la televisión hasta los lugares más remotos del país, sin embargo, explicaba también que quienes tuvieran televisores viejos debían comprar su propia caja de decodificación ya que no habría subsidio de parte del Estado.

Aquellos que hubiesen cambiado sus televisores a algunos más modernos, no tendrían que invertir extra, pues solo tendrían que encenderlo y recibir la señal.

Castillo explicó que la televisión digital permitiría llevar “los programas del Gobierno para la educación”, a las zonas más alejadas del país.

El problema es que el sistema educativo del país ha sido cuestionado por expertos que consideran que más bien las escuelas públicas son utilizadas como máquinas para adoctrinamiento y propaganda oficialista.

Castillo se refería, en aquel entonces, a los niños de zonas alejadas como Pantasma, en Jinotega, al norte de Nicaragua, y ejemplificaba que un padre no tenía dinero para llevar a sus hijos a las escuelas que quedaban más alejadas.

“Ahora sí, con un televisor que va a tener cerca puede recibir la carrera que el Gobierno diseñe para que (el niño) beneficie al país. Si ahorita salen 200 profesionales yo diría que pueden salir 3000 o 4000 al año”, mencionó Castillo sobre los planes que tenían. A mitad de 2020, de los planes de la televisión digital no se conoce nada.

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