Piden liberación e indemnización para Wilfredo Brenes y 15 aguadores más, por detención arbitraria resolvió ONU

El Grupo de Trabajo de Trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, se pronunció sobre la detención arbitraria de la banda de los aguadores donde se incluye a Wilfredo Brenes quien actualmente está encarcelado y acusado falsamente por supuesta comercialización de drogas.

Según el Grupo de Trabajo, la privación de libertad de Amaya Coppens, Atahualpa Quintero, Derlis Hernández, Hansel Quintero, Ivannia Álvarez, Jesús Tefel, Jordán Lanzas, José Medina, María Hurtado, Marvin López, Melvin Peralta, Neyma Hernández, Olga Valle, Roberto Buchting, Wendy Juárez y Wilfredo Brenes fue arbitraria conforme a las categorías I, II y III de sus métodos de trabajo.

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El Grupo de Trabajo también se pronunció sobre el caso de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, y consideró que el "remedio adecuado" de parte del Gobierno de Nicaragua sería poner a los 16 activistas y 2 periodistas en libertad plena (en ambos casos no hay un documento de absolución o cierre del caso) y concederles el derecho a medidas de reparación. 

El Grupo de Trabajo instó además al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a detención y adopte medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

Resolución del Grupo de Trabajo de ONU sobre caso de los aguadores

Primero, no hubo un fundamento jurídico que la justificara: al momento del arresto, los policías no informaron los motivos del mismo ni mostraron orden judicial, y las personas no cometieron ningún delito en flagrancia. También se faltó a la base legal al imponer automáticamente prisión preventiva a las 16 personas, sin examinar caso por caso su necesidad. Segundo, la detención de las 16 personas fue consecuencia del ejercicio su libertad de opinión y de expresión, así como por su posición crítica al gobierno. Tercero, se vulneraron parcialmente de manera grave las garantías a un juicio justo.

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El Grupo de Trabajo consideró importante esta opinión porque si bien los activistas fueron excarcelados bajo el régimen de convivencia familiar en diciembre de 2019, la liberación “se dio unilateralmente por decisión del Poder Ejecutivo, antes de la sentencia y sin aval del tribunal de la causa, con un proceso judicial que sigue en curso, lo que podría dar lugar a un encarcelamiento posterior”.

Además, el Grupo remitió el caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al Relator Especial sobre el derecho al disfrute del nivel más alto de salud física y mental para que tomen las medidas correspondientes, al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.

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Finalmente, el Grupo de Trabajo sugiere al Gobierno que considere permitirle llevar a cabo una visita oficial al país, y solicita que se provea la información de seguimiento a los casos en un periodo de 6 meses.