CPDH demanda ingreso ordenado y controlado de nicaragüenses varados

La Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH denunció que el régimen de Daniel Ortega viola el artículo 28 y 31 de la Constitución Política de Nicaragua al impedir el ingreso de más de 600 compatriotas a suelo pinolero.

En un pronunciamiento, CPDH señala que 600 personas están en el puesto fronterizo de Peñas Blancas “entre ellas niños, mujeres embarazadas, jóvenes y personas de la tercera edad, quienes desde el pasado 18 de julio soporta el sol, lluvia y duermen en cartones, reclamando su derecho constitucional de ingresar a su país”, indican.

El artículo 31 de la Constitución Política establece “Los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país”.

El régimen sandinista exige como requisito para ingresar la prueba negativa COVID-19, para la CPDH esta medida no es consecuente con las dificultades económicas que enfrentan los ciudadanos que deciden retornar “si no tienen dinero para su alimentación, vivienda y salud, tendrán dinero para pagar una prueba cuyo costo es mayor a $100 dólares”, señalan.

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“Nicaragua debería garantizar el ingreso ordenado y controlado por asunto de la pandemia y garantizar el acceso de la prueba a las personas que consideren que deba realizarse esta prueba, estas personas no tienen ayuda de parte de sus familiares en Nicaragua y tampoco ayuda de parte de sus familiares en Costa Rica” explicó Denis Darce, Secretario Ejecutivo de la CPDH.

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