Policía sandinista violenta Constitución Política con arresto a comerciante que vendía banderas

La detención arbitraria de la comerciante Tania Isabel González por parte de la sancionada policía sandinista por vender supuestamente “banderas vandálicas”, es un reflejo de la sistemática persecución y criminalización de los derechos humanos de los nicaragüenses que ejerce la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el país.

Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más informó a 100%Noticias que desde la insurrección cívica en abril 2018 el régimen Ortega-Murillo persigue de manera sistemática “es arrestada arbitraria e inconstitucionalmente” porque los ciudadanos sólo pueden ser detenidos a través de una orden judicial, “momentos que el país tiene una generalizada inseguridad, asaltos a mano armada en diferentes lugares del país”.

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Para Carrión, vender banderas no constituye un delito ni falta penal “la policía violó su derecho a la libertad individual, a su integridad física, a su dignidad de persona, seguridad personal, derecho al trabajo, una cantidad de derechos violentados en esa retención arbitraria. En Nicaragua, la dictadura violenta todos los derechos en nuestra Constitución Política y Derechos Universales”.

De igual forma, el defensor José Antonio López de los Defensores del pueblo opinó que efectivamente la policía violenta la Constitución Política de Nicaragua en el artículo 57 que establece “Los nicaragüenses tienen el derecho al trabajo acorde con su naturaleza humana”.

El art. 80 de la Carta Magna también protege a la ciudadana “El trabajo es un derecho y una responsabilidad social. El trabajo de los nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad, de las personas y es fuente de riqueza y prosperidad de la nación. El Estado procurará la ocupación plena y productiva de todos los nicaragüenses en condiciones que garanticen los derechos fundamentales de la persona”.

Según López, el artículo 46 también fue violentado “En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos”.

El activista enumeró diferentes violaciones a los derechos humanos que cometieron en el caso de Tania Isabel González, propietaria de una ferretería en San Carlos, Rio San Juan en Nicaragua. 

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“La Policía violenta el Código Penal porque hubo abuso de autoridad, suspensión de garantías, discriminación, todos somos iguales ante la ley. Si la ofendida interpone una denuncia los oficiales tendrán que enfrentar la justicia por los delitos antes mencionados”, explicó.

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