Cadena perpetua es amenaza a opositores, Ortega y Murillo los señalan de cometer "crímenes de odio"

Como una "amenaza" así es la lectura que le dieron algunos opositores en Nicaragua a la propuesta del dictador en Nicaragua Daniel Ortega, de "cadena perpetua para castigar crímenes atroces", incluidos los de "odio".

"Esa amenaza de cadena perpetua a opositores, es la confesión de la impotencia de los Ortega Murillo, la evidencia de que nada les ha funcionado y se desesperan" opinó Dora María Téllez, excomandante guerrillera y miembro del Movimiento renovador sandinista, MRS.

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo anunció que el dictador "Daniel Ortega Saavedra, ha orientado a las Autoridades de la Corte Suprema de Justicia, proponer una Reforma a las Leyes pertinentes necesarias, para proceder a remitirla a la Asamblea Nacional, proponiendo penalizar con prisión a cadena perpetua, a quienes cometan estos delitos que tipificamos como crímenes de odio, crueles, aberrantes, inhumanos, humillantes y denigrantes, que no corresponden con nuestra Cultura".

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Murillo sancionada por Estados Unidos por violar los derechos humanos dice que las "graves violaciones a los Derechos humanos serán penalizadas de acuerdo a esta instrucción" y justifica la pena de cadena perpetua "ante la crueldad de ataques y crímenes cometidos contra ciudadanos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, por personas generalmente con graves alteraciones y perturbaciones mentales, o culturales".

Para el jurista José Pallais, miembro de la Coalición Nacional, la cadena perpetua es una "pena que está prohibida por la convención y pacto de San José sobre los derechos humanos" por ser "penas infamantes, es pena inhumana, de ser aprobada estarían infringiendo ese tratado de Derechos humanos que es parte de las obligaciones del país y está incorporado en la Constitución de la República" criticó Pallais.

El político opositor considera que una pena de cadena perpetua donde no hay independencia del poder judicial que está sometido bajo el poder del dictador, la medida sería aplicada por razones políticas.

"No hay ninguna base doctrinaria o técnica que la justifique, tenemos que pensar que detrás de la misma está un objetivo de  convertir la justicia en venganza, en venganza de opositores, y más grave aún cuando hablan del delito de odio, pues Doña Rosario todos los días dice que los opositores son los que están cargados de odio, que son los que odian, cuando el odio y la violencia viene desde el Estado, viene del gobierno" argumentó Pallais en 100% Noticias. 

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El jurista recordó que "esa conclusión de delitos de odio no determinados, que en Venezuela, han sido aplicados para restringir, reprimir a los opositores, pareciera que es la línea que pretenden ejercer o continuar en Nicaragua, tratando de justificarla por querer aplicárselas a violadores cuando en nuestro país los violadores, los asesinos en cantidades enormes han sido liberados por este régimen (...) lo único que podemos apreciar es el deseo de utilizar a un poder judicial sometido, falto de independencia para castigar a la oposición y para castigar también predeciblemente a la Prensa hablada, escrita, televisada arguementando que ejercen al informar un discurso de odio como se ha querido señalar en Venzuela. Es grave esta propuuesta debemos rechazarla" manifestó el doctor José Pallais, quien es asesor de Fuerza democrática nicaragüense dentro de la Coalición Nacional. 

Por su parte el penalista Roberto Fúnez dijo a 100% Noticias que "aumentar las penas y condenas no resuelven el aumento de la criminalidad, al contrario, más bien se incrementan" y agregó que no solo basta en reformar el código penal, sino que también "necesitaría reformarse el artículo 37 de la constitución política de Nicaragua, mismo que establece que al condenado no se le puede poner una pena mayor a los 30 años" argumentó el doctor Fúnez.

El régimen de Daniel Ortega ha excarcelado a más de 23 mil reos comunes, muchos con delitos de asesinatos y violaciones sexuales. La población percibe que la actividad delictiva se ha incrementado tras estas liberaciones bajo la figura del régime de convivencia familiar.

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Este lunes Michelle Bachelet, Alta Comisionado de Derechos Humanos para Naciones Unidas actualizó su informe sobre Nicaragua y reiteró que la impunidad persiste "Como lo advertí en diversas oportunidades, la Ley de Amnistía aprobada en junio de 2019 ha favorecido la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos".

Bachelet registró 30 casos de amenazas e intimidaciones en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y miembros del clero católico, entre otras personas. Abogó por la liberación de más de 94 presos políticos opositores al régimen "exhorto al Gobierno a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad en el marco de las protestas o por expresar opiniones críticas con el Gobierno". 

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