Ortega criminaliza la libertad cibernética

Fundación Violeta Barrios de Chamorro rechaza la oprobiosa ley de Ciberdelitos que no solamente violenta el derecho de Libertad de Información y Prensa, sino que niega el derecho a los ciudadanos a buscar y recibir información en plena libertad.
La Prensa

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro rechaza la oprobiosa Ley de Ciberdelitos que no solamente violenta el derecho de Libertad de Información y Prensa, expresamente amparados en los artículos 30, 66, 67 y 68 de la Constitución de la República, sino que niega el derecho a los ciudadanos a buscar y recibir información en plena libertad.

El texto de la ley mordaza criminaliza el derecho de expresar libremente pensamientos e ideas ya sea por periodistas, medios de comunicación o cualquier ciudadano que haciendo uso de las redes sociales desee expresar su opinión sobre la gestión pública.

La Ley de ciberdelitos cercena el derecho constitucional de hacer peticiones, denunciar anomalías y realizar críticas a la gestión estatal; además limita otras formas y mecanismos de participación ciudadana. La Ley deja a discreción de los operadores del sistema de justicia tales como la Policía, la fiscalía y los jueces, determinar y clasificar a su discreción, qué es una amenaza, cuando se induce al delito y qué es una noticia falsa.

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En la Ley se usan conceptos y frases excesivamente ambiguos e indeterminados, sin rigor técnico que distan mucho de los estándares de otras legislaciones de la región. Esta “Ley Mordaza” que es una ley ordinaria se excede sobre la Constitución Política porque penaliza derechos constitucionales, como el derecho a la libertad de expresión, derecho al trabajo, derecho de Acceso a la Información, y el derecho al libre ejercicio de la práctica periodística.

La ley de Ciberdelitos es tan siniestra, que desde un audio, una foto, un archivo cualquiera, que podamos andar en nuestros teléfonos, computadoras u otros dispositivos tecnológicos podría ser catalogado por los operadores de justicia, como propagación y difusión de noticias falsas, y cualquier ciudadano podría ser condenado de dos a cuatro años de prisión.

La Ley obliga a los proveedores de servicios de comunicación, tales como a las compañías telefónicas, a poner a disposición de los operadores de justicia, información sensible de cualquier usuario de estas compañías; lo cual violenta el derecho a la vida privada que tenemos los nicaragüenses y que está amparada en el artículo 26 de la Constitución Política.

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Por lo tanto, repudiamos esta nueva bofetada contra las Libertades Públicas, lo que representa un grave retroceso en materia de legislación y de respeto a los Derechos Humanos. ¡Denunciamos la inconstitucionalidad de esta ley mordaza! Tenemos la firme convicción de que Nicaragua volverá a ser República, según el anhelo de Pedro Joaquín Chamorro, mártir de las libertades públicas y la vocación democrática del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro. Managua, 28 de octubre de 2020

Fuente: Fundación Violeta Chamorro

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