Organizaciones piden al gobierno de Costa Rica vacunar a población migrante, muchos son nicaragüenses

El Comité Técnico del Colectivo Bienestar y Migraciones Costa Rica solicitó a las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro a no discriminar ni dejar al margen del plan de vacunas contra la covid-19 a los migrantes que residen en Costa Rica, entre los que se incluyen a miles de nicaragüenses que emigraron por los conflictos sociopolíticos que estallaron en abril de 2018.

“Como Colectivo, expresamos nuestra profunda preocupación porque el plan de vacunación contra la Covid-19 discrimine y excluya a miles de personas extranjeras que viven de manera permanente en el país y que se encuentran en esa condición, aún y cuando tienen vínculos importantes y duraderos en términos laborales y familiares. Excluir a estas personas del plan de vacunación solo contribuirá a poner en riesgo a grupos que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad social y, eventualmente, incrementará los costos de atención médica en caso de que estas personas tengan que acudir a los centros hospitalarios” señala parte del comunicado.

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Según estadísticas de Migración y Extranjería de Costa Rica al 31 de diciembre de 2018 hay un total de 525,674 personas extranjeras residiendo en el país y destacan que pese a la crisis sanitaria del covid-19 los migrantes continúan laborando en funciones importantes dentro del país, “durante el período de la pandemia, miles de personas trabajadoras extranjeras han seguido laborando en actividades que son importantes para el país como la agricultura, la construcción, el servicio doméstico y otros servicios en general”.

“En virtud de lo anterior y dado que las poblaciones migrantes en condición migratoria irregular pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, solicitamos que estas personas no sean excluidas y discriminadas del plan de vacunación que está implementando la CCSS, esta misma solicitud también incluye a otros grupos que pueden estar en una situación similar como los pueblos indígenas o personas en condición de calle” expresan las organizaciones en su comunicado.
Por tal razón proponen: 

1. Que el costo de incorporar a las personas extranjeras en condición migratoria irregular sea cubierto con recursos provenientes del Fondo Social Migratorio que, de acuerdo con la Ley General de Migración y Extranjería está “dirigido a apoyar el proceso de integración social de la población migrante en los servicios nacionales de migración, salud, educación, seguridad y justicia” (Art. 242). De este fondo el 25% debe utilizarse para el equipamiento e infraestructura de salud pública (Art. 242, numeral 3). 

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2. Que se solicite el apoyo financiero a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para que contribuya con el financiamiento de programas de vacunación contra la Covid-19 en regiones del país donde dicho organismo implementa proyectos de integración social. 

3. Que se explore la posibilidad que la incorporación al plan de vacunación de poblaciones migrantes en condición migratoria irregular se cubra con la cooperación brindada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo el proyecto “Programa para proteger los empleos e ingresos de la población vulnerable en Costa Rica” (CR-L1144) que debió incorporar a poblaciones migrantes en el país y que tuvo una débil cobertura de esta población.