Ley de protección a sancionados aislará financieramente a Nicaragua, según expertos

El Gobierno de Nicaragua empuja a la quiebra al sistema financiero nacional con la ley que protege a los sancionados por EE.UU. y países de la Unión Europea.

Una de las leyes aprobadas recientemente en Nicaragua expone al sistema financiero nacional a lo que los expertos consultados por la Voz de América califican como "una catástrofe que golpearía devastadoramente la economía de los nicaragüenses".

La ley de Adición y Reformas a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias se ha sumado a una avalancha de legislaciones que buscan un blindaje ante las presiones internacionales y las futuras elecciones en el país.

Esta norma, que fue aprobada la semana pasada, establece entre otras cosas, sancionar a los bancos y prestadores de diversos servicios que rechacen a un cliente sin una causa que esté sustentada en una ley nacional, lo que para muchos es una forma de proteger a entidades y personalidades sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos.

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Roger Arteaga, exdirector ante el Banco Centroamericano de Integración Económica y expresidente de la Cámara de Comercio Americana en Nicaragua, valoró en entrevistacon la VOA que las implicaciones de esta medida serán catastróficas para la economía nacional.

"Es una de las reformas más letales para el sistema financiero de Nicaragua, puesto que lo pone en una disyuntiva de atender las recomendaciones y compromisos que los bancos han hecho con la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) o atender las reformas que se están presentando en esta ley, porque hay contradicciones en ella", señaló.

Arteaga advirtió que el "delito" es la violación de la orden presidencial 13851 firmada por el expresidente estadounidense Donald Trump, en la que se establece que quien ofrezca servicio, preste ayuda, o tenga relaciones con sancionados, será también objeto de sanciones.

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Pero la medida no solo pone en riesgo a los bancos, se extiende hasta la economía nacional, la economía de las empresas, los trabajos en las zonas francas, exportadores, importadores y a centenares de miles de familias que  viven de las remesas, según sostiene el economista y exparlamentario Enrique Sáenz.

"¿Entonces qué? Ortega está poniendo una pistola en la cabeza de los banqueros: o reabren  operaciones bancarias a los mafiosos, o serán objeto de sanciones. Los banqueros están contra la pared: si acceden al chantaje de Ortega, pierden las corresponsalías, con el riesgo de colapsar las transacciones bancarias internacionales. Si no acceden al chantaje, se exponen a las sanciones de la dictadura", explica.

Resulta que los bancos  nicaragüenses no tienen sucursales en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos. Operan con un mecanismo que se llama bancos corresponsales. Entonces, los bancos locales firman contratos de "corresponsalía", mediante los cuales los bancos estadounidenses prestan servicios bancarios a nombre de los bancos locales. Al perderse este servicio los nicaragüenses no podrán exportar, importar, enviar o recibir remesas.

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Además, esta ley haría que el GAFI coloque al país en su ‘lista negra’, lo que bloquearía todas las operaciones internacionales que quiera hacer Nicaragua como país, no solo los bancos.

                                              

Para Sáenz el problema es que la cadena comienza a romperse con solo aprobar la ley, ya que inmediatamente las empresas internacionales calificadoras de riesgo, los bancos transnacionales, el GAFI, adoptarán sus medidas con las consecuencias que los expertos han señalado.

El Consejo Superior de la Empresa Privada también advirtió que tras la reforma a la ley que tutela los derechos de los consumidores, Nicaragua corre el riesgo de ser expulsada del sistema financiero mundial lo que dañaría todas las transacciones financieras internacionales.

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