Organismos de derechos humanos denuncian robo de 100% Noticias y Confidencial ante Naciones Unidas

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez de Escorcia, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas  la toma de las propiedades de los medios de comunicación confiscados Confidencial y 100%Noticias, así como de las organizaciones de la sociedad civil a través del Ministerio de Salud (Minsa). El régimen de Daniel Ortega selló la ocupación con la inauguración de un centro de atención para personas con adicción de alcoholismo y/o drogadicción en 100% Noticias.

“A las 9 organizaciones que se les canceló su personería jurídica y sus bienes, hoy sus instalaciones son destrozadas y ocupadas por el Ministerio de Salud continuando la destrucción y saqueo de sus bienes como el CENIDH en juigalpa y su sede central en Managua y las empresas periodísticas Confidencial y 100% Noticias”, dijo Núñez ante Naciones Unidas.

La activista pidió la aprobación de una nueva resolución que permita mantener el mandato de la Alta Comisionada “La aprobación de nuevas leyes constituyen verdaderos instrumentos de represión para silenciar y controlar a la oposición política, periodismo independiente y defensores de derechos humanos. Solicitamos a este Consejo apruebe una nueva resolución que mantenga el mandato de la Alta Comisionada y exhorte a Nicaragua a cumplir con las recomendaciones anteriores y reanudar su cooperación autorizando el ingreso de la CIDH de inmediato al país”, dijo.

Nicaragua sin condiciones

Asimismo, el representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, Marcos Carmona señaló que a casi 3 años del estallido social persisten las violaciones y nuevas formas de represión, mientras las víctimas no han obtenido verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

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“A pesar que el gobierno de Nicaragua quiere hacer creer que se están respetando los derechos humanos la realidad es que continúa el asedio, la amenaza, la persecución y las limitaciones a los derechos, a la libertad de asociación, libertad de expresión, de opinión y movilización, incluso para los excarcelados y todos aquellos que opinan diferente, hasta tomarse un café en su casa es causa de detención ilegal”, expresó Carmona.

El activista de derechos humanos señaló que las instituciones siguen siendo utilizadas como instrumentos de represión “Las instituciones públicas siguen siendo utilizadas como instrumentos de la política de represión y violación de los derechos humanos, incluso sobre nuestro trabajo de nuestros derechos humanos. El estado de Nicaragua en lugar de crear condiciones para la restitución de los derechos humanos han aprobado en los últimos meses leyes que violentan y criminalizan los ejercicios de los derechos humanos protegidos constitucionalmente y comprometidos por Nicaragua y la comunidad internacional. No hay señales de crear condiciones para elecciones libres, justas y transparentes. Las víctimas familiares continúan esperando y demandando verdad, justicia y reparación y no repetición ante la grave violaciones de los derechos humanos que han sucedido desde el año 2018” manifestó.

Represión se intensifica

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch expuso que en el 2020 se intensificó las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y advierte que la situación podría agravarse en un año de elecciones presidenciales. 

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“La situación de derechos humanos en Nicaragua durante el 2020 se intensificó la represión contra organizaciones de la sociedad civil, la prensa y defensores de derechos humanos continúan siendo blanco de amenazas de muertes, intimidación, campañas de difamación, vigilancia, entre otros. En los últimos meses la Asamblea Nacional aprobó varias leyes que violan los derechos a la libertad de expresión, de asociación, así como a postularse a un cargo público y a votar en elecciones libres y justas, considerando el contexto actual existe un temor justificado que estas leyes se han utilizadas para prohibir la participación de la sociedad civil en las elecciones presidenciales de este año, para restringir la labor de los defensores derechos humanos y periodistas que se expresan contra las políticas represivas”, dijo Vivanco.

El funcionario exhortó al Consejo de derechos humanos a renovar y fortalecer el mandato de la Alta Comisionada para seguimiento e informar sobre la situación de derechos humanos en el país y establecer indicadores de cooperación claros para que el gobierno de Nicaragua frene los abusos y garantice elecciones libres.

El Organismo Amnistía Internacional también se pronunció en favor del respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses y lamenta que existan más de 100 prisioneros políticos en las cárceles del país, al mismo tiempo, exigieron la liberación de los reos.

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“Amnistía Internacional ha documentado acoso contra civiles y nos preocupa la destrucción de una de las instalaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). En enero tras aprobarse una serie de leyes en los últimos meses que ponen en peligro el derecho a la libertad de expresión y asociación, llamamos al gobierno a poner fin a este acoso contra periodistas y defensores de derechos humanos, más de 100 personas siguen detenidas arbitrariamente sólo por ejercer su derecho, incluidos 33 personas detenidas después de haber sido puestas en libertad. Hoy no tenemos datos de que haya ninguna investigación por delitos cometidos, ante el hecho de que el gobierno no trabaja con la Oficina de la Alta Comisionada y organismos de derechos humanos y ante el deterioro constante de los derechos humanos” dijo la activista.

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