Nicaragua necesita solidaridad y acompañamiento internacional, según la FIDH

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) celebró este martes una nueva resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra Nicaragua en la que se condena la represión, el acoso a activistas y cooperantes con la ONU, y resaltó que el país "necesita solidaridad y acompañamiento".

"La situación en Nicaragua sigue siendo crítica. La resolución de hoy pone en evidencia el descontento internacional frente a la continuidad de las violaciones de derechos humanos en el país y la impunidad reinante", dijo la directora de la FIDH para las Américas, Jimena Reyes, en una declaración pública.

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"Nicaragua necesita de la solidaridad y acompañamiento internacional", sostuvo.

La resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que además de condenar el acoso a activistas y cooperantes internacionales, y pide al Gobierno de Daniel Ortega que permita las protestas civiles, "marca un punto de quiebre al condenar enérgicamente la agudización de la represión en el país", según la declaración de la FIDH, en conjunto con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

La resolución, aprobada con 20 votos a favor, 18 abstenciones, y ocho en contra, incluidos los de Cuba, Bolivia, China y Rusia, trasciende porque insta "al Estado de Nicaragua a combatir la impunidad y a buscar justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, considerando necesario que se lleven a cabo investigaciones independientes", señalaron la FIDH y el Cenidh.

"LA REPRESIÓN SE HA RECRUDECIDO" EN NICARAGUA

De acuerdo con las ONG, entre las violaciones a los derechos humanos que se deben investigar están "las múltiples formas de represión y violencia, incluidas las 'presuntas' ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el contexto de 2018 y denunciadas anteriormente por varias organizaciones de derechos humanos".

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En 2018 miles de nicaragüenses salieron a las calles para protestar contra el Gobierno de Ortega, quien, según la oposición, ordenó la denominada "Operación Limpieza", que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó al menos 328 muertos a manos de policías y civiles armados entre abril y julio de ese año.

Adicionalmente, organizaciones como el Cenidh, la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (CIDH), y la misma CIDH, han reportado que más de 103.000 nicaragüenses se han marchado al exilio, y miles han sido encarcelados, de los cuales 115 permanecen en prisión tras haber participado en protestas antigubernamentales.

"Entre 2018 y 2021, la represión se ha recrudecido en el país, especialmente en contra de los periodistas y medios de comunicación independientes, incluyendo también la persistencia de detenciones arbitrarias, las múltiples violencias contra los pueblos indígenas y afrodescendientes", subrayaron la FIDH y el Cenidh.

                                                  

Agregaron que persiste "el aumento de los feminicidios, y la criminalización constante contra las personas y organizaciones de derechos humanos, la usurpación de sus bienes, y la cancelación arbitraria e ilegal de sus personalidad jurídicas", tal como sufrió el Cenidh en los últimos dos años y medio.

Desde 2018 Nicaragua vive una profunda crisis de derechos humanos que no se vivía desde los años de 1980 del siglo pasado, también con Ortega en la presidencia.