"Corrupción generalizada" con régimen de Daniel Ortega señala informe de Estados Unidos

"Corrupción generalizada" en el Gobierno de Nicaragua, señala el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que evalúa los Derechos Humanos. Denuncian la corrupción en los poderes judicial, electoral, Gobiernos municipales, instituciones del Estado y una Contraloría que no hace absolutamente nada.  

"Hay una corrupción generalizada, incluso en la fuerza policial, el CSE, la Corte Suprema, las autoridades aduaneras y tributarias y otros órganos gubernamentales. Los gobiernos municipales y los gobiernos regionales de la Costa Caribe también se vieron afectados por la corrupción" expresa el Departamento de Estado.

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n el caso de la denegación de un juicio público justo manifiestan que “la ley establece un poder judicial independiente, pero el gobierno no respetó la independencia e imparcialidad judicial. La ley requiere la investigación de nuevos nombramientos judiciales por parte de la Corte Suprema de Justicia, un proceso totalmente influenciado por el nepotismo, la influencia personal y la afiliación política. Una vez nombrados, muchos jueces se sometieron a presiones políticas e incentivos económicos para ellos o sus familiares que comprometían su independencia” indica el informe.

                                                   

De igual manera expresan que en los casos contra activistas políticos opositores, los jueces bajo la inducción del régimen de Daniel Ortega emitieron juicios sesgados, “incluida la adición de penas de cárcel por delitos no presentados por la oficina del fiscal. Los abogados de los presos políticos informaron que los jueces desestimaban habitualmente las pruebas de los acusados y aceptaban como válidas las fuentes anónimas del fiscal. En muchos casos, los horarios de inicio de los juicios se cambiaron sin que se proporcionara información a uno o ambos lados del juicio, según las organizaciones de derechos humanos" destaca el informe estadounidense.

La Alcaldía de Managua aparece señalada de corrupción e impunidad en estos actos. Aunque la alcaldesa es Reyna Rueda, quien maneja los hilos de la municipalidad de hecho es Fidel Moreno, Secretario General de la Alcaldía, hombre de confianza de la pareja presidencial.

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“Según los informes, el gobierno municipal de Managua participó en prácticas corruptas relacionadas con proyectos de infraestructura. El gobierno no aplicó sanciones penales por corrupción, lo que permitió a los funcionarios participar en prácticas corruptas con impunidad” señalan.

                                                

En el caso de la Corte Suprema y los tribunales “siguieron siendo particularmente susceptibles a los sobornos, la manipulación y la influencia política, especialmente por parte del FSLN. Las empresas informaron que eran comunes el soborno de funcionarios públicos, las incautaciones ilegales y las evaluaciones arbitrarias por parte de las autoridades aduaneras y tributarias. y un estado general de permisividad obstaculizó la posibilidad de abordar el problema de manera eficaz. La falta de instituciones fuertes, un sistema débil de frenos y contrapesos y el control político absoluto de las instituciones gubernamentales permitieron que la corrupción continuara impunemente” indica el informe.

Contraloría ineficiente

Asimismo, la Oficina del Contralor, quien se supone que es el responsable de combatir la corrupción dentro de las agencias y oficinas gubernamentales, “no llevó a cabo una verificación completa de los estados financieros completos del gobierno. Por ejemplo, la Contraloría sostuvo que Albanisa, una empresa privada controlada por miembros del régimen que importaba y vendía productos petrolíferos venezolanos, así como los ingresos asociados en virtud del acuerdo de cooperación petrolera de Venezuela, no estaban sujetos a auditoría porque la Asamblea Nacional no aprobó el acuerdo” enfatizan. 

En el mismo informe se recopila datos en lo que se evidencia que funcionarios del Poder Ejecutivo continuaron participando en negocios financiados con fondos de asistencia económica y para el desarrollo prestados por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), liderada por Venezuela, todo ello fuera del proceso presupuestario normal controlado por la legislatura.

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“Los medios informaron que las empresas vinculadas a contratos anteriores financiados por el ALBA y con vínculos con la familia del presidente estaban estrictamente controladas por el FSLN, con poca supervisión pública. Los casos de mala administración de estos fondos por parte de funcionarios públicos fueron atendidos personalmente por miembros del FSLN y la familia inmediata del presidente Ortega, y no por las entidades gubernamentales a cargo de los fondos públicos”.

                                                   

En caso de la divulgación de información financiera el informe manifiesta que “los funcionarios públicos rara vez hacen pública su información financiera como lo exige la ley, y no hay un registro público de sanciones por incumplimiento”.

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