Madres de Abril denuncian ser víctimas de "terrorismo de Estado" en Nicaragua

Managua, 23 abr (EFE).- La Asociación Madres de Abril (AMA) de Nicaragua denunció este viernes que sus integrantes han sido víctimas de "terrorismo de Estado" en el marco de las actividades conmemorativas del tercer aniversario de las manifestaciones contra el Gobierno del sandinista Daniel Ortega.

"La AMA, compuesta por madres y familiares de víctimas asesinadas por el régimen Ortega-Murillo, denunciamos ante el pueblo de Nicaragua y comunidad internacional, toda nuestra indignación, dolor, la violencia y la saña con la que la Policía ha arremetido contra familias miembros de AMA en diferentes territorios del país en el marco del tercer aniversario de la "Insurrección de Abril" y del asesinato de las víctimas", señaló esa organización, en una declaración.

DETENCIONES, ACOSOS, ASEDIOS...

Entre esos casos mencionaron la "violenta detención" de su presidenta, Francys Valdivia, el pasado martes en la ciudad de Estelí (norte), durante un evento en memoria de su hermano, Franco, quien murió de un disparo cuando protestaba contra el Ejecutivo.

"También fue detenida arbitrariamente Stephanie Martínez -madre de la hija de Franco-, Marco Silva y Ana Rivera. Denunciamos la agresión física, verbal y amenazas de muerte a Francys Valdivia y a Francisca Machado, madre de Francys y Franco", continuó la AMA.                                                  

Esa organización publicó un video en el momento en que una decena de policías, incluyendo antidisturbios, detuvieron a la fuerza a las tres mujeres y a un varón, y los montaron en la caja de un coche patrulla. Los cuatro fueron liberados una hora después.

Ese mismo día, agregó la AMA, la Policía "capturó e ingresó arbitrariamente" a la cárcel el "Chipote", en Managua, a Nelson Lorío, padre de un bebé de 14 meses que murió hace tres años en el marco de las manifestaciones antigubernamentales, en circunstancias aún no esclarecidas. Fue liberado dos días después.

Además, se refirió al caso del profesor Álvaro Gómez, a quien la policía y simpatizantes sandinistas "acosaron" la misa en la ciudad de Masaya (sureste) en la que honraba la memoria de su hijo, un universitario de su mismo nombre, que falleció hace tres años de un disparo, también cuando protestaba contra el Gobierno.

NO PERMITIRÁN QUE MEMORIA DE SUS HIJOS SEA BORRADA

La AMA tildó esas acciones como "terrorismo de Estado" y exigió "un basta a la violación de su derecho a la memoria de sus hijos y familiares".

Sostuvo que "todo el mes de abril las familias miembros de AMA han recibido acoso e intimidación tanto en sus hogares, como en las redes sociales de parte de policías, paramilitares y simpatizantes del Gobierno", y que se trata de una "violencia generalizada y sistemática del régimen Ortega-Murillo en contra de todas las familias nicaragüenses".

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"Desde el momento de los asesinatos (de sus familiares) nos han asediado, acosado, profanado las tumbas de nuestros hijos, hermanos, esposos, negando nuestro derecho a exigir verdad, justicia y memoria", observó.

En el documento, la AMA dijo que alzaban sus voces "para decir basta ya".

"No podemos seguir permitiendo que se mantenga este estado policial, que se siga convirtiendo en cárceles, nuestras casas. Nuestro grito es de dolor, pero no de resignación, no nos callarán, no permitiremos que la memoria de nuestros familiares sea borrada, mancillada, ni con sus leyes, ni con sus insultos, ni con sus armas de fuego", agregó.

SE MANTENDRÁN "EN RESISTENCIA Y MOVILIZACIÓN"

La Asociación llamó a sus miembros a mantenerse "en resistencia y movilización" y anunció que seguirán "conmemorando todas las vidas arrebatadas por la dictadura Ortega Murillo y seguiremos en la exigencia de justicia y verdad".

"No nos detendrán ni sus golpes, ni el horror, ni la tiranía. El espíritu de libertad de nuestros familiares asesinados y de todo el pueblo de Nicaragua impondrá la luz ante la oscuridad", indicó la AMA en el documento, en el que también destacó que "las madres no se rinden".

                                                  
El 18 de abril de 2018 estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Daniel Ortega, debido a que respondió con la fuerza.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como "intento de golpe de Estado", dejaron al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.

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