Observación electoral: ¿Puede blindar las elecciones?

El régimen de Daniel Ortega le ha declarado la guerra a los organismos de observación, impidiendo que tanto nacionales como internaciones vigilen el proceso. La oposición demanda que las próximas elecciones de noviembre sean una de las más observadas debido al contexto sociopolítico. A pesar de su importancia en el proceso, las misiones no tienen capacidad para impedir un amaño, pero sí para disuadirlo.

A Daniel Ortega no le conviene que observen los procesos electorales en los que se ha reelegido —una vez tras otra— como presidente. Desde 2016, prácticamente nadie observa las votaciones en Nicaragua. Ortega se ampara en un eufemismo: ha dicho que el pueblo es el principal observador, y el mayor garante de su voto. No quiere a los observadores porque, de acuerdo a especialistas en el tema, los métodos técnicos que este proceso utiliza son capaces de desenmascarar un fraude. 

Es imposible evitar unos comicios destinados a ser amañados, debido a la compleja maquinaria que ha construido el régimen. Ortega tiene un control absoluto de todo el proceso, principalmente a través del Consejo Supremo Electoral (CSE). Como mucho, la vigilancia de los observadores sólo puede disuadir el fraude en las Juntas Receptoras de Votos (JRV), porque la presencia de un tercero desincentiva a los operadores, explica un analista del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), que prefiere omitir su nombre. 

“Lo que se puede hacer es documentar de forma fehaciente el fraude”, explica este organismo observador. “No obstante, la presencia masiva de observadores es fundamental para una elección”.

Este argumento también lo sostiene el Grupo Promotor de las Reformas Electorales (GPRE), conformado por especialistas en sistemas políticos y abogados constitucionalistas. Para este colectivo, la observación es uno de los puntos fundamentales a exigir, por dos razones: brinda a los electores seguridad de que su voto cuenta, y endosa el proceso. 

“Acompañantes”

Gabriel Álvarez, miembro del GPRE, explica que en la más reciente reforma a la Ley Electoral (Ley 331), se ha eliminado la figura de los observadores por “acompañantes”. No obstante, incluso con este término considera que se puede invitar a organizaciones prestigiosas. Sin embargo, el CSE suele extender invitaciones solo a países amigos, u organismos nacionales que tienen una afiliación partidaria, como el Centro Nacional de Universidades (CNU). 

“Si aquí vinieran acompañantes de la OEA, Unión Europea, Centro Carter, Ética y Transparencia, lo veríamos bien. Pero si solo se invita a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), sería fatal, porque son amigos”, explica el abogado constitucionalista.

Integrantes de la misión de observación de la Unión Europea. Foto de archivo | Redacción Abierta.

La iniciativa de reforma a la Ley Electoral fue introducida en la segunda semana de abril por los diputados sandinistas. Contrario a la exigencia de la oposición, la enmienda solo lleva cambios superficiales. Además, presenta “elementos que se podrían utilizar para inhibir a candidatos opositores”, según Álvarez. 

El artículo 81 destaca que “no pueden ser inscritos como candidatos o candidatas a los cargos de elección señalados en el art. 1 de la ley, quienes no llenen las calidades, tuvieren impedimentos o les fuere prohibido de conformidad con la Constitución Política de Nicaragua, Ley No. 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, y la Ley No. 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”.

En la actual Ley Electoral, el CSE tiene el deber de reglamentar y acreditar a los observadores del proceso. En el artículo 27, sobresale que todas las JRV deberán permitir el acceso de observadores a los locales. 

La gestión de la observación electoral

Según el especialista del Ipade, es difícil aspirar a un proceso que no sea fraudulento. Además, el gobierno debe extender las invitaciones a los organismos internacionales de observación seis meses antes de los comicios, para que así se gestionen los fondos de cada misión.

Tras la invitación, una parte del equipo de observadores debería arribar al país para realizar sus primeras lecturas. Es decir, constatar el marco institucional, verificar que las disposiciones de la ley se cumplen y el respeto de todas las libertades. Desde ahí inicia el proceso de recolección de información. 

“El papel de esta instancia es brindar seguridad a toda la contienda y legitimar los resultados, pues es un tercero quien está evaluando la jornada”, explica el especialista del Ipade.

Más allá de lo que puede pensarse, la observación electoral no es simplemente una constatación en tiempo real de cada JRV, sino la suma de criterios técnicos. Para dar un ejemplo, Ética y Transparencia, uno de los organismos nacionales que ha participado como observador en pasados procesos electorales, cuenta con 18 indicadores para garantizar unas elecciones. Solo en las elecciones de 2011, cuando el control del FSLN en el sistema político del país no era como lo es hoy, se violaron 17 de esos índices.

Guerra declarada contra los garantes del proceso

El 4 de junio de 2016, durante un congreso del FSLN en el cual Ortega se proclamó para otro período presidencial, el caudillo sandinista llamó “sinvergüenzas” a los observadores. También fue claro en sus objetivos: “aquí se acabó la observación, que vayan a observar a otros países… en Nicaragua se enfrentan a un pueblo que tiene vocación antiimperialista”, vociferó.

Puede que la discordia del régimen hacia los garantes internacionales tenga su raíz en las verdades eludidas por las misiones. El Centro Carter, uno de los organismos que vigiló la contienda de 2011 informó: “El 6 de noviembre de 2011, ese mismo CSE organizó y celebró las elecciones nacionales más opacas de los últimos veinte años en Nicaragua, cuyos resultados fue imposible verificar, estableciendo en consecuencia un precedente nocivo para el futuro de la democracia en Nicaragua”. 

Ese mismo año, la Unión Europea también fue contundente: “El proceso electoral ha estado dirigido por un Consejo Electoral muy poco independiente y ecuánime, que no ha cumplido con su deber de transparencia y colaboración con todos los partidos. El doble rasero utilizado en la acreditación de los grupos de observación nacional (…) constituyen serias limitaciones a la transparencia y reducen notablemente la capacidad de verificación de fases fundamentales del proceso, incluida la sumatoria de resultados en los centros de cómputo”. 

Imagen de archivo | Redacción Abierta.

Pese a las posturas bravas mostradas en el pasado, Ortega aceptó un diálogo con la OEA en octubre de 2016, de cara a realizar mejoras en el tendido electoral para los comicios municipales. Las “negociaciones” con Luis Almagro partieron de un informe elaborado por el organismo que nunca se hizo público.

El mandatario sostuvo reuniones con el secretario general, llenando de suspicacia la agenda política nacional. Muchos creen que lo hizo presionado por la naciente ley Nica Act que empezaba a introducirse en el Senado de los Estados Unidos, y que consistía en imponer sanciones a altos funcionarios del gobierno, así como condicionar los préstamos internacionales. Para diciembre de ese año, Ortega se había comprometido a reformar casi todo el sistema electoral, y permitir la observación irrestricta. 

De los acuerdos salió un Memorándum de Entendimiento en el que se abordan los compromisos adquiridos por el presidente tras los tres meses de diálogo con la OEA, donde se detallaron los principales aspectos.

Fueron 14 los planteamientos que hizo la OEA en materia electoral: el voto universal y equitativo, la inscripción en el registro civil, el registro electoral, el acceso al centro de votación, la emisión del voto, la integridad de las preferencias del votante, el registro exacto de las preferencias del votante, el derecho de postulación a cargos públicos, la igualdad en seguridad, la igualdad de oportunidades, tales como el financiamiento a los partidos políticos, el derecho a la libertad de prensa e información, la libertad de asociación, asamblea, expresión y movimiento, la frecuencia de las elecciones regulares para cargos electivos, y la irreversibilidad de los resultados electorales.

Nunca cumplió los acuerdos

El 28 de febrero de 2020 se venció el plazo de los acuerdos, y Ortega no cumplió ninguno. Presionado por la crisis sociopolítica de abril, el mandatario restringió las libertades cívicas e impuso un estado policial de facto. Almagro también mostró distancia con el régimen. Ahora, la OEA está a un paso de aplicar la Carta Democrática, uno de los principales instrumentos que tiene cuando existe una ruptura “del orden democrático”.

Las anotaciones surgidas de pasadas observaciones electorales demuestran que la OEA seguía con cierta cautela el desmoronamiento del sistema electoral en Nicaragua. No obstante, politólogos como José Antonio Peraza comentaron en ese entonces que de un plumazo no se tomaron en cuenta los fraudes electorales pasados, pues las observaciones se centraron en fortalecer “lo que había sido destruido por la contraparte”.

A finales de 2020, la OEA retomó la mayoría de los puntos que expuso en el tiempo de las negociaciones con Ortega. Casi todos conforman hoy las garantías que este organismo recomienda para un proceso justo. A ellos, se le suma la observación electoral, el instrumento que Ortega ha convertido como su enemigo.

Un articulo de Redacción Abierta

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