OACNUDH: medidas contra partidos y precandidatos alejan a Nicaragua de un proceso electoral con respeto de los derechos humanos

La Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) mostró su preocupación por las medidas adoptadas recientemente por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la disolución de dos partidos políticos, y las acusaciones en contra de una de las aspirantes a la presidencia.

“Lamento que, a menos de seis meses de las elecciones generales, el Estado de Nicaragua haya tomado estas medidas que alejan, en lugar de acercar, la posibilidad de un proceso electoral donde se respeten los derechos humanos de todas las personas a asociarse libremente en forma de partidos políticos, a postular sus candidaturas y a votar por las opciones políticas de su elección”, declaró Alberto Brunori, Representante de OACNUDH.

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Según Brunori, las nuevas reformas electorales contienen causales excesivamente amplias para inhabilitar candidaturas, suspender y cancelar la personalidad jurídica de los partidos políticos, e incorpora restricciones a la libertad de expresión, reunión pacífica, asociación y participación política que son incompatibles con la normativa internacional en materia de derechos humanos.

PRD supone una amenaza

El Alto representante de OACNUDH, señala que la cancelación de la personalidad jurídica del Partido de Restauración Democrática (PRD) y Partido Conservador (PC) por parte del Consejo Supremo Electoral (CSE) se realizó sin dar la posibilidad a sus representantes de presentar argumentos en su defensa y excluye la participación de varias candidaturas de la oposición en las próximas elecciones.

“La disolución es el castigo más severo que se puede imponer a un partido, y por lo tanto solo puede ser tomado cuando su mera existencia supone una amenaza grave a la democracia”, señaló el Representante Regional Alberto Brunori.

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Para Brunori, resulta problemático que Poder Electoral haya tomado esta medida contra el PRD por una supuesta separación de los principios bíblicos fundacionales del partido, siendo una causal que no se encuadra en ninguno de los supuestos aceptados por el derecho internacional de los derechos humanos para restringir la libertad de asociación.

Acusaciones infundadas

Respecto a la nota de prensa que difundió el Ministerio de Gobierno en la que señalan a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y a su ex directora y ahora aspirante presidencial, Cristiana Chamorro, por presuntas irregularidades financieras y lavado de dinero, así como el allanamiento a las instalaciones de Confidencial, dirigido por su hermano Carlos Fernando Chamorro. La Oficina Regional hizo un llamado al régimen a modificar la ley electoral para alinearse con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.

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“Restablecer plenamente las garantías para el disfrute de los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y de participación política que resultan requisitos indispensables para un proceso electoral libre, creíble, equitativo y participativo”, indican.

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