Médicos huyen de Nicaragua: ¿Por qué ocurre en plena pandemia?

El gobierno no admite que la cifra real de casos de coronavirus en el país sea mucho mayor que la reportada por el Ministerio de Salud.

MANAGUA - Lo único que llevaba consigo el doctor Eddy Valverde, cirujano gastrointestinal, era su vestimenta y un poco de efectivo en su billetera cuando tomó la decisión de salir de emergencia de Nicaragua ante el temor de ser apresado por el gobierno del presidente Daniel Ortega hace menos de un mes.

Valverde miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, un grupo de especialistas que se autoconvocaron para atender e informar a la población sobre el coronavirus en el país, también se sumó a la nueva oleada de exiliados que se reanudó tras las recientes detenciones.

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Señala que lo determinante para tomar esta decisión fueron las amenazas constantes de fanáticos al gobierno en sus redes personales, así como el espionaje que vivió mientras estuvo en Managua.

El galeno relata que el año pasado fue retenido por un tiempo por las autoridades policiales, pero en esta ocasión considera que la situación se agravó hasta el punto de dejar “todo lo que tenía en el país”.

“No es posible que nos quieran ver como un peón al servicio de la dictadura. Nosotros estamos al servicio de la población y ningún funcionario nos debe decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto”, comenta el médico en alusión a las críticas de voceros del gobierno en programas oficialistas transmitidos en medios del Estado.

Valverde habla de periodistas afines al gobierno que han pedido incluso en televisión pública que se les suspendiera la licencia para trabajar, según ellos, “por mentir” al contradecir las cifras oficiales sobre el nivel de contagio de coronavirus.

El gobierno, a través del Ministerio de Salud, reconoció recientemente un aumento de casos de COVID-19 desde principios de junio hasta la fecha, pero nunca ha informado el número de contagios desde que se reportó el primer caso en Nicaragua.

Y es ahí precisamente donde otro gremio de profesionales, bajo condición de anonimato, lleva un conteo aparte en el llamado “Observatorio Ciudadano”. Este grupo contabiliza, desde el primer caso reportado en marzo de 2020 hasta la fecha, unas 3.496 muertes debido a la pandemia. El Ministerio de Salud solo reconoce 193.

Amenazas del gobierno

Durante este nuevo rebrote reportado por el oficialismo y por organismos independientes, la vocera del gobierno y vicepresidenta Rosario Murillo ha advertido a los médicos por generar “terror con falsos pronósticos”.

“En la vida todo se paga y si hacemos daños, el daño nos llegará. No nos expongamos a recibir las consecuencias de nuestras acciones (…) dejen de hacerle daño al pueblo, a la familia, aterrorizando con falsos médicos, con falsos pronósticos, con falsas encuestas, con noticias falsas”, advirtió Murillo en televisión nacional.

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Días después fue citado ante la Fiscalía un primer médico para “testificar sobre un caso que atendió”, lo que encendió las alarmas de los profesionales de la salud por considerar que era un claro mensaje para ellos.

La Unidad Médica Nicaragüense (UMN) ha informado que debido a estas amenazas, varios profesionales de la salud se han visto obligados a salir por temor a ser apresados.

José Vásquez, su presidente, dijo a la Voz de América que la sede donde atendían a personas con síntomas relacionados al coronavirus era asediada constantemente, por lo que decidieron cerrar temporalmente.

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A su vez explica que los despidos de profesionales de la salud han continuado por denunciar las anomalías en los hospitales recientemente.

Desde el exilio, el doctor Valverde compara al gobierno nicaragüense “como un cáncer que ha exterminado con todo”, pero señala que “todo tendrá su fin”.

“Hemos visto pacientes que se les miente en sus diagnósticos o incluso fallecidos a quienes a sus familiares se les ha negado el sagrado derecho de decir la verdadera causa de defunción”, comenta, y a la vez reprocha que a pesar de haber estudiado más de 10 años para ser un profesional de la salud, los médicos también son obligados a actividades partidarias para tener un puesto de trabajo.

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