Condenan campaña sandinista contra el diario La Prensa

La Relatoría para Libertad de Expresión en la OEA, la Sociedad Interamericana de Prensa y otros observadores de derechos humanos coinciden en que Nicaragua ha entrado en una fase crítica de las garantías y derechos fundamentales de la ciudadanía.

El fuerte despliegue policial para allanar las instalaciones y dejar incomunicado sin internet ni electricidad al histórico periódico La Prensa en Nicaragua,  la tarde de este viernes, ordenado por el gobierno de Daniel Ortega ha generado una fuerte condena en la comunidad internacional.

El rotativo fundado en 1926 publicó este miércoles su última edición impresa acosada por las restricciones para importar papel, pero se comprometió a robustecer su plataforma digital para no doblegarse ante el gobierno sandinista y mantener la agenda informativa independiente.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos se unió al rechazo internacional por el allanamiento a la sede del periódico nicaragüense e hizo un llamado "al régimen para que respete la libertad de expresión de La Prensa, en vez de actuar para silenciar la información independiente", según informó el Buró para Asuntos del del Hemisferio Occidental del gobierno estadounidense.

                                                            

Por su parte el Relator Especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal ha condenado de manera enérgica la toma del periódico y en declaraciones a la Voz de América dijo sin miramientos que Nicaragua ha entrado en una fase crítica de los derechos fundamentales.

No duda en señalar que el procedimiento judicial para hacerse de las instalaciones del periódico carece de validez jurídica y solo deja ver el nivel de coaptación de todo el aparato del Estado por el presidente Ortega, su esposa Rosario Murillo y las piezas claves a su mando que hoy controlan todos los estamentos del poder civil y militar del país centroamericano.

“Creemos que el ejercicio de las libertades civiles y políticas en Nicaragua ha entrado en una fase crítica donde las voces críticas a las autoridades, pero también labores legítimas como el ejercicio de la prensa independiente no solo contra el periódico La Prensa, sino con la prensa en general, la que se ha visto forzada al exilio y envuelta en procesos judiciales sin garantías”, comentó el relator Vaca Villarreal, desde la instancia adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Por su parte el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge  Canahuati, comentó a VOA que –al calor de los hechos- ha sido difícil conseguir información de primera mano sobre lo sucedido la tarde del viernes por la misma incomunicación a la que ha sido sometido el medio de comunicación.

“Esta es otra señal del régimen dictatorial Ortega-Murillo que viene sacando del medio a opositores y críticos de su gobierno. Ayer, en reacción al bloqueo del gobierno de los insumos del diario, condenamos ‘la actitud hostil y anti libertad de prensa’, lo que hoy ha sido ratificado con esta nueva acción contra La Prensa”, dijo el presidente de SIP desde Honduras, donde dirige el grupo OPSA.

Para el organismo regional que aglutina a cientos de medios de comunicación de todo el continente americano el allanamiento contra La Prensa recuerda lo ocurrido en 2018 en Confidencial, dirigido por Carlos Joaquín Chamorro, actualmente exiliado en Costa Rica, y el caso de 100% Noticias también acosado por el gobierno sandinista.

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“Cada vez estamos más convencidos de la falta de democracia en el país, donde los deseos enfermizos de poder de los Ortega-Murillo los lleva a reprimir y suprimir a sus críticos, ya contando con las leyes aprobadas a la medida del régimen, inventarán algún delito contra la casa editorial para garantizar su salida de circulación”, acotó el presidente Canahuati.

El diario La Prensa pertenece al clan Chamarro, combativa familia de la expresidenta Violeta Barrios, viuda del asesinado dirigente de la casa editorial Pedro Joaquín Chamorro, en 1978 a manos de la dictadura de Somoza y justo antes del ascenso sandinista al poder.

Juan Sebastián Chamorro y Cristiana Chamorro, actualmente presos del gobierno nicaragüense y por los que la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han emitido sentencias para su liberación, aún siguen detenidos.

Por su parte el gobierno británico criticó lo sucedido y reprobó la falta de credibilidad con la que el actual mandatario Daniel Ortega busca reelegirse por tercera ocasión consecutiva.

De acuerdo con Zac Goldsmith, ministro británico de Relaciones Exteriores, quien fue citado por Reuters "las elecciones de noviembre carecerán de credibilidad". 

Se agudiza crisis de derechos humanos

Desde la organización Amnistía Internacional ven crítica la situación general de Nicaragua que, a juicio de la investigadora para Centroamérica Astrid Valencia, se da en el contexto de las elecciones generales del próximo 7 de noviembre.

Denuncia que el asedio contra los medios de comunicación independiente y contra la prensa en particular con los hechos conocidos estos días dan cuenta de la gravedad de la situación.

Valencia destaca el hecho de que la policía ingresara para cortar el suministro de internet y energía eléctrica. “Debemos recordar que esto no es un acto aislado, ocurre en un contexto de represión, en un contexto donde el ejercicio de libertad de prensa en específico y a los derecho humanos en general es un reto cotidiano”, explica la especialista de Amnistía Internacional.

También desde Human Rights Watch, el director para las Américas, José Miguel Vivanco, señaló que “el asalto a las oficinas de La Prensa y el corte de acceso a internet” deben generar una condena firme de la comunidad internacional.

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El activista aseguró que los periodistas están incomunicados y que tal acción muestra un “nuevo abuso de la dictadura Ortega–Murillo”.

El gobierno sandinista no ha dado una versión oficial sobre los hechos aparte de un comunicado presentado por la policía que a juicio del Relator Especial, Pedro Vaca Villarreal, deja enormes vacíos y solo muestra el nivel de desprecio a la libertad de expresión en ese país.

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