Régimen se ausenta en audiencia de Corte IDH, no cumplen con liberación de opositores

El régimen de Daniel Ortega no se presentó a la audiencia pública que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el cumplimiento de las medidas provisionales a favor de los líderes opositores Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Violeta Granera y José Adán Aguerri. En junio, la Corte IDH ordenó al Estado de Nicaragua liberar a los opositores detenidos, sin embargo, Ortega desacató la resolución.

En la audiencia participaron familiares de los beneficiarios de medidas provisionales, así como los organismos Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Colectivo de DDHH Nicaragua Nunca más y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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La presidenta del CENIDH, Vilma Núñez de Escorcia, denunció la desaparición forzada de los beneficiarios quienes el pasado 24 de agosto fueron acusados por supuestos delitos de conspiración, sin que sus abogados acreditados pudieran intervenir en la audiencia que se realizó de forma secreta.

“En un evidente desafío a la resolución de esta Corte, frente a la inminencia de esta audiencia acusado a los beneficiarios de esta medida por el supuesto delito de conspiración, decretándoles prisión preventiva prolongando la privación arbitraria de su libertad. Honorable Corte, el Estado continúa sin informar de manera oficial el paradero de las y los beneficiarios ocultando las condiciones en que se encuentran, sin comunicación continúa impidiendo que se han vistos por sus seres queridos y representantes legales impidiendo el ejercicio de los recursos legales y garantías procesales, por ello, los representantes sostenemos que estamos frente a una forma de desaparición forzada” dijo Núñez.

Berta Valle, esposa del precandidato Félix Maradiaga, solicitó a la Corte IDH “pruebas de vida” de los opositores detenidos debido a que han transcurrido 80 días desde que fueron secuestrados por la sancionada policía sandinista. 

“El Estado de Nicaragua trata con indiferencia las medidas provisionales dictadas por esta Corte para proteger la seguridad y bienestar de mi marido Félix Maradiaga (...) con intención de mantenerlo incomunicado y desaparecido indefinidamente. Hago un llamado a la comunidad internacional para que exija la liberación de mi esposo por mi esfuerzo el régimen de Ortega me ha identificado y notificado públicamente que estoy siendo investigada por lo cual no podré regresar en un futuro cercano a mi país”, dijo Valle

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A la solicitud de prueba de vida se sumaron Carolina Jackson (hija de José Adán Aguerri), Julio Sandino (hijo de Violeta Granera), Victoria Cárdenas (esposa de Juan Sebastián Chamorro) y Javier Hidalgo (Familiar de Tamara Dávila). 
“Sin ninguna explicación no hemos logrado saber si está bien, su estado físico y salud mental o espiritual tenemos miedo por su salud debido a que presenta problemas respiratorios crónicos, reflujo y gastritis desde hace muchos años todo esto empeora”, dijo Carolina Jackson. 

“Tememos por su estado de salud, ella cumplirá 70 años el 5 de noviembre es una adulta mayor con complicaciones de salud este año inició con problemas cardíacos y de diabetes, los médicos especialistas le ordenaron exámenes periódicos y tratamiento (...) mi madre sigue una dieta estricta que sabemos no se está cumpliendo en la cárcel lo único que nos reciben en la cárcel por los tres tiempos de comida es agua o líquido me inquieta sobremanera que la ropa que han solicitado últimamente para mi madre tiene que ser más ajustada lo que una señal definitiva que está bajando de peso”, expresó el hijo de Violeta Granera, quien se exilió por persecución política.  

Antonia Urrejola de la CIDH informó que los beneficiarios se encuentran en una situación de extrema gravedad por las condiciones de privación de libertad, la cual consideran es una desaparición forzada conforme a los instrumentos jurisprudencia aplicable.

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“La falta de información precisa sobre su lugar de detención evidencia de que estas privaciones de la libertad realizada por agentes estatales, la falta completa de comunicación que les afecta así como la total falta de información sobre su integridad personal en lo que se refiere a los presentes medidas que está Corte y su presidente ordenaron al Estado dos mandatos claros y directos con miras de eliminar la situación de riesgo extremo (...) La Comisión solicita a la Corte que se pronuncie sobre el pedido de la Comisión de requerir al Estado para que permita que tanto una delegación de la Comisión como de la Corte Interamericana puedan ingresar al territorio Nicaragua para constatar la implementación de las medidas provisionales y buscar su efectividad”, manifestó Urrejola.

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