Consejo Nacional de Universidades se toma la Uhispam

Representantes del CNU han recibido con actas, la documentación, sellos y equipos de las sedes de Rivas, Jinotepe, Masaya y Granada.

La acción ilegal y arbitraria se produjo luego de cancelación de la personería jurídica de la Universidad Hispanoamericana, UHISPAM, en el seno de la Asamblea Nacional, a solicitud del Ministerio de Gobernación, el pasado 13 de Diciembre.

Se conoció de manera extraoficial que, representantes del Consejo Nacional de Universidades, CNU, han recibido con actas, la documentación, sellos y equipos de las sedes de Rivas, Jinotepe, Masaya y Granada.

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“Actualmente está en proceso la recepción de archivos de la sede central en Managua”, dijo una fuente que pidió el anonimato.

                                                             

Fue el pasado 24 de diciembre que el Ministerio de Gobernación, a través de una nota de prensa, comunicó que en los próximos días, el CNU, emitirá un comunicado en el cual dará a conocer el procedimiento para garantizar la continuidad y culminación de los estudios profesionales a bajos costos, de aproximadamente 4 mil estudiantes que pertenecían a la casa de estudios.

Nicaragua Actual trató de comunicarse con José Adán Bermúdez, quien era socio de Leonardo Torres en la Uhispam, a quien recientemente el Legislativo le despojó de la personería jurídica de la casa de estudios, sin embargo, no fue posible obtener su versión al respecto.

Se conoce de manera no oficial que las pláticas continúan entre representantes de la UHISPAM y el CNU, quien a la fecha no se ha pronunciado sobre el tema.

La cancelación de la Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y a la Asociación Consejo Nicaragüense para la Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), fue aprobada con 84 votos a favor por la aplanadora sandinista y diputados aliados al régimen.

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Indican que, tanto Uhispam como Conimipyme, supuestamente, transgredieron la “Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”, así como el Decreto Ejecutivo número 15-2018, referido a la “Ley contra el Lavado de Activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”.

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