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CNU “garantizará continuidad académica” en universidades canceladas en Nicaragua

En total cinco universidades privadas fueron canceladas por diputados de facto de la Asamblea Nacional de Nicargaua.

A partir de hoy el Consejo Nacional de Universidades, (CNU) controlado por la dictadura de Daniel Ortega informó que garantizará la continuidad académica y responsabilidades educativas pendientes de solución, tras la cancelación de la personería jurídica a cinco universidades privadas del país.

“Se garantizará la continuidad académica y responsabilidades educativas pendientes de solución de lo que fueron estas instituciones de educación superior, como consecuencia de las cancelaciones de sus respectivas personerías jurídicas por el incumplimiento a sus obligaciones y la continua transgresión a las normas Legales establecidas”, indica el comunicado del CNU

Las cinco universidades privadas canceladas son: Universidad Católica del Trópico Seco (UCASTE), Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), Universidad Paulo Freire (UPF), Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC) y la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH).

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En el escueto comunicado, el CNU señala que los centros de estudios fueron cerrados conforme a lo establecido en la Ley General sobre  Personas  Jurídicas  sin Fines de Lucro y  la  ley N. 606 Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua.

Condenan cancelación de universidades 

Tras la cancelación de personerías jurídicas de cinco universidades, entre las que destaca la UPOLI, organizaciones estudiantiles surgidas tras la represión de abril del año 2018, condenaron el control que el régimen hace en casas de estudio privadas. 

“Condenamos enérgicamente este atropello que atenta contra miles de jóvenes estudiantes nicaragüenses. La educación ha sufrido las embestidas de este régimen que pretende hegemonizar la educación superior, controlar la libertad de cátedra y de pensamiento de los jóvenes de estas universidades”, dice un comunicado firmado en conjunto por la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), Movimiento UNA, Alianza de Jóvenes y Estudiantes nicaragüenses (AJEN) y el Movimiento Estudiantil 19 de Abril, el que emitido esta mañana.

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Los diputados del Frente Sandinista y del Partido Liberal Constitucionalista, este último dirigido por María Haydée Osuna, despojaron de las personerías jurídicas a las universidades y asociaciones de la diócesis de Estelí, bajo el argumento de que habrían incumplido con la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

“Con este régimen; cualquier organismo no gubernamental está bajo el peligro de que, de forma arbitraria y sin previo aviso le quiten su personería jurídica. Estas acciones del régimen contra las organizaciones no gubernamentales son una clara persecución en contra de la gente que hace uso de su derecho a organizarse, fundar asociaciones, agremiarse alrededor de lo que considere oportuno para el desarrollo de sus actividades, incluso asociaciones de carácter religioso”, se lee en el documento de los universitarios quienes continuarán demandado al Consejo Nacional de Universidades, una educación superior con “libertad de pensamiento y no politizada”. 

Colectivo de DDHH repudia cancelaciones 

Por su parte, Gonzalo Carrió, defensor del Colectivo defensor de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca Más, condenó la decisión de los diputados sandinistas y liberales de cancelar la personería jurídica de estas universidades privadas y recordó que esta es una medida “inconstitucional” que viene a afectar a la educación superior de miles de jóvenes nicaragüenses.

“La Asamblea Nacional, haciendo gala de su sometimiento pleno al ejecutivo y a la persecución política que persiste en Nicaragua y que va a cumplir ya cuatro años en abril próximo, canceló la personería jurídica de varias asociaciones vinculada a las autoridades educativas, vinculadas a la iglesia católica y expresiones de participación en el desarrollo económico, particularmente del desarrollo social y educativo. Estas son decisiones inconstitucionales, violatorias del orden constitucional que establece que Nicaragua es una sociedad plural y con participación de iniciativas incluyendo las privadas”, expresó Gonzalo Carrión.

El defensor de los Derechos Humanos recordó que la decisión de los diputados es con “el propósito de imponer un modelo y forma de organización que contribuye a fortalecer las pretensiones del poder central para contribuir a la perpetuidad del poder, para lo cual necesitan de un pensamiento único y de acciones únicas”, añadió.

“Esto se trata de una vez más de un abuso de poder en este tiempo difícil para Nicaragua, en donde se ha masacrado la vida de centenares de personas”, continuó.

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La decisión de los diputados, a criterio de Carrión es porque estas universidades y asociaciones  “en su ejercicio incomoda a esa intención de una familia de perpetuarse en el poder”.

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