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Defensora pública de Monseñor Leonardo Urbina, fue asistente personal del juez que lo condenó

La defensora pública Jennifer Hernández fue asistente del juez Edén Aguilar, quien condenó al religioso por el delito de abuso sexual en concurso real de violación sexual y lesiones psicológicas leves en perjuicio de una menor de 14 años
Monseñor Leonardo Urbina
Monseñor Leonardo Urbina y la defensora pública Jennifer Hernández.
Tomada de El 19 Digital

El abogado Yader Morazán denunció que la defensora pública de Monseñor Leonardo Urbina, Jennifer Eliett Hernández Granera, fungió como asistente de confianza del juez Edén Enrique Aguilar Castro, del Juzgado Tercero Especializado en Violencia contra la Mujer, quien condenó a Monseñor por lo cual debería declararse la nulidad del juicio. 

“Y, por si fuera poco, Jennifer Eliett Hernández Granera, Defensora Pública impuesta a monseñor Leonardo Urbina, fue la asistente de confianza del juez Edén Aguilar que lo condenó, lo que provoca una queja disciplinaria y nulidad del proceso por no inhibirse”, escribió Morazán en redes sociales. 

Según Morazán los cargos de confianza son una decisión exclusiva del juez por lo cual la defensora pública debió inhibirse del proceso contra Monseñor Urbina. 

“La confianza de ese cargo es tal, que ni los superiores pueden imponer al juez al asistente a cargo, es una decisión exclusiva del Juez. Es un cargo de mucha confianza, porque los asistentes acceden anticipadamente a las decisiones que el juez tomará. Algunos asistentes llegan incluso, a incidir en las decisiones de los jueces, y cambiar el rumbo de lo decidido por el juez. En algunos casos, los superiores del juez a veces prefieren entenderse con el asistente, quienes pueden tener más habilidades en el manejo del despacho judicial”, indicó.

Según el abogado, la defensora calló “maliciosamente” al no recusar al juez, como lo establece el artículo 32 numeral 7 del Código Procesal Penal y art. 38 Ley 501 “(Separarse de la causa): "tener amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato con cualquiera de las partes o intervinientes".

“La defensora pública que maliciosamente calló y no recusó al Juez por las razones que les he dicho, podría estar incurriendo en el delito de "Patrocinio infiel", que es hacer fraude procesal con el propósito de perjudicar deliberadamente los intereses de su defendido (art.466CP)”, sostuvo. 

“Mafias en la defensoría pública”

Al mismo tiempo, el abogado cuestionó el trabajo de la Defensoría Pública en Nicaragua, institución que sólo debe de representar a personas de escasos recursos económicos o en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, desde 2018 es utilizada para validar audiencias clandestinas y para excluir a las defensas reales, principalmente en los casos de los presos políticos. 

“Este patrón que se ha venido reproduciendo a partir de los procesos políticos iniciados en el contexto pre electoral del 2021, no podría ser posible sin contubernio entre el Magistrado presidente del TAM, Ernesto Rodríguez, y la directora de las Defensorías, Clarissa Ibarra”.

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Para el abogado opositor, en la defensoría operan “mafias”, encabezada por el magistrado Ernesto Rodríguez, quien le pide a la directora general Clarissa Ibarra que asigna "misiones "a defensores de "confianza" para casos que se celebrarán de forma clandestina “eligiendo a los más adeptos, es decir familiares de magistrados. Esta persona fue quien entretuvo personalmente a los familiares de monseñor Leonardo Urbina, pero nunca hizo nada para permitirles acceder a la persona que "representaba" la institución a su cargo, o presenciar alguna de las audiencias. Recordemos su rostro, y nombre”, señaló.

Monseñor fue condenado a una pena de 30 años por el supuesto delito de  abuso sexual en concurso real de violación sexual y lesiones psicológicas leves en perjuicio de una menor de 14 años, en un juicio celebrado a puertas cerradas.

Urbina Rodríguez, de 51 años era párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, de la ciudad de Boaco (centro), se convierte en el segundo sacerdote en ser condenado por la Justicia nicaragüense por delitos comunes.

Según la familia, el juez Aguilar Castro impidió el derecho de nombrar a un abogado defensor particular, pese a que hicieron cuatro peticiones al respecto.

El judicial aceptó a una representante de la Defensoría Pública como abogada de oficio del sacerdote, denunció el abogado de la familia, Francisco Gutiérrez, a quien no lo acreditaron para el juicio.

Cabe señalar que Urbina Rodríguez se convierte en el segundo sacerdote condenado en los últimos 3 meses, de un total de 11 que guardan prisión, incluido Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa (norte), quien es acusado de subversivo, aunque no se han ofrecido pruebas.

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