Oenegés denuncian la sistemática violación a la libertad de asociación en Nicaragua

Al menos 18 organizaciones denunciaron este jueves en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la "extrema situación en relación a la sistemática violación de la libertad de asociación y el derecho a defender derechos humanos en Nicaragua".

Representantes de esas organizaciones leyeron una declaración durante esa audiencia ante la CIDH en la que aseguraron que a la fecha se han cancelado arbitrariamente en Nicaragua la personalidad jurídica de 2.634 ONG, de las cuales 2.510 han sido ilegalizadas a partir de marzo de este año.

Además, que al menos 43 de esas organizaciones han sido allanadas y que el Estado nicaragüense se apropiado inconstitucionalmente de su patrimonio.

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"Denunciamos ante la Comisión la continua aplicación de leyes represivas que son utilizadas para justificar estas cancelaciones y criminalizar a sus miembros y miembras, lo cual aumenta la vulnerabilidad en poblaciones históricamente discriminadas", señalaron en el documento.

Alertaron que solo la disolución de 53 del total de organismos ilegalizados, significa una reducción de 41,9 millones de dólares en ejecución anual de proyectos de desarrollo, la pérdida de al menos 2.000 empleos formales y la desatención de un millón de personas beneficiarias.

"Todas estas cancelaciones y violencia contra las personas defensoras de derechos humanos son avaladas por un Poder Judicial instrumentalizado y por la ineficacia de recursos internos", añadieron.

Relator denuncia política de desmantelamiento

Según los organismos, esa audiencia contó con la participación del Relator Especial sobre Libertad de Reunión y Asociación de Naciones Unidas, Clement Voule, quien denunció una "política de desmantelamiento de movimientos sociales", mediante la aplicación de leyes ambiguas, la estigmatización de su labor, cancelación de personalidad jurídica y ocupación de sus bienes.

Al respecto, la comisionada Margarette May dijo que todas las organizaciones que defienden la democracia en Nicaragua "están en peligro", "que la criminalización y represión contra las personas defensoras de derechos humanos es ilegal" y que no existe ningún órgano independiente en este país.

Durante la audiencia, tanto la CIDH como sus relatores especiales aseguraron que la "grave situación" en Nicaragua es prioridad para ellos, y "que estas violaciones a derechos humanos se merecen una máxima condena".

"Nicaragua necesita regresar la libertad de su gente, los presos políticos no pueden existir en un país democrático, Nicaragua necesita abrir estos espacios de diálogo", abogó, por su lado, la comisionada Esmeralda Arosemena, en un mensaje dirigido al Estado nicaragüense.

Piden cese a la "brutal represión"

Las organizaciones demandaron "el cese inmediato de la brutal represión contra la población nicaragüense organizada, absteniéndose de continuar cancelando masivamente organizaciones, restableciendo la personalidad jurídica de las organizaciones canceladas, devolviéndoles sus bienes".

También revocar "las órdenes de captura vigentes y liberando inmediatamente a todas las personas que permanecen privadas de libertad por motivos políticos, así como derogar todas las leyes represivas e inconstitucionales".

Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Centro de Asistencia Legal para Pueblos Indígenas (Calpi), Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia (Codeni), Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), entre otros.

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Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con siete de sus potenciales rivales en prisión.