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Justicia salvadoreña busca a peligroso marero que huyó a Nicaragua

Autoridades de El Salvador alertaron que se encuentran tras la búsqueda de “El Homicida” quien pertenece a la estructura MS13 y logró escapar a su país natal Nicaragua, sin embargo, tres familiares fueron detenidas con 35,000 dólares
guerra contra las pandillas en el salvador
El nicaragüense Iván Ariel Reyes.
Cortesía

Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, informó que las autoridades salvadoreñas se encuentran tras la búsqueda de Iván Ariel Reyes, “El homicida”, un peligroso pandillero de origen nicaragüense.

Según Villatoro, este nicaragüense es miembro de la Clica “Calle La amargura” y de la estructura criminal MS13 quien junto a familiares delinquía en El Salvador. “Su nombre es Iván Ariel Reyes, alias "El Homicida", quien ante las medidas de seguridad de El Salvador huyó a Nicaragua. Sin embargo, dejó algunas raíces mal plantadas aquí”, explicó el ministro salvadoreño.

El funcionario indicó que este peligroso delincuente cometía delitos de extorsión en El Salvador junto a su compañera de vida, suegra y cuñada contra humildes comerciantes y familias salvadoreñas.

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En un operativo policial, las tres mujeres fueron detenidas y se les ocupó una fuerte cantidad de dinero producto de la extorsión de salvadoreños.

“Estas terroristas han sido capturadas, incautándoles más de $35 mil en efectivo, producto de la extorsión. Por lo tanto, serán procesadas de acuerdo a las leyes de lo penal de nuestro país. Que les quede claro, colaborar con un criminal también es un delito”, advirtió el ministro.

Sin embargo, el nicaragüense logró escapar de la justicia salvadoreña y se cree que se encuentra en Nicaragua.

“Y sí, cobardemente este sujeto ha regresado a su país natal, donde será procesado según la ley lo considere necesario. Entiendan, NINGÚN terrorista tiene cabida en el territorio salvadoreño, este país es nuestro”, resaltó Villatoro.

Guerra contra pandillas

El Salvador mantiene un régimen de excepción, aprobado a finales de marzo en el Congreso tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas y que ha dejado más de 60.000 detenidos.

El régimen de excepción suspende derechos constitucionales, como el de la defensa e inviolabilidad de las telecomunicaciones, además la detención administrativa pasa de 3 días a un máximo de 15 días.

Human Rights Watch (HRW) y la organización Cristosal han recomendado al Gobierno de Bukele terminar con la medida.

Un informe de estas organizaciones señala que durante el régimen de excepción se han dado violaciones de derechos humanos, más de 90 muertes en custodia de fuerzas de seguridad del Estado y casos de "torturas y malos tratos".

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