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CALIDH rechaza acelerado proceso de restricción de los DDHH en Nicaragua

Reiteraron el firme compromiso y acompañamiento legal y gratuito con las víctimas y familiares de las graves violaciones de Derechos Humanos ocurridas desde 2018
el chipote nicaragua
Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote.
Confidencial

El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) aprobó una declaración sobre la situación en Nicaragua en la cual se solidarizan con el pueblo nicaragüense, respaldar la lucha y resistencia cívica y rechazar el acelerado proceso de restricción de los derechos humanos en el país.

En la declaración, también rechazan el carácter antidemocrático y autoritario del régimen de Daniel Ortega que se ha profundizado desde el inicio de la crisis social y política de 2018, así como la concentración inconstitucional de funciones y atribuciones estatales en el poder ejecutivo.

También expresaron su profunda preocupación por la erosión de la institucionalidad nicaragüense que provoca que la situación de vulnerabilidad de diversos grupos discriminados histórica, estructural y contextualmente se profundice.

Por otro lado, lamentan el aumento de la violencia contra grupos como las mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores, personas LGBTIQA, pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, defensores y defensoras de derechos humanos entre otras.

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Asimismo, reiteraron el firme compromiso y acompañamiento legal y gratuito con las víctimas y familiares de las graves violaciones de Derechos Humanos ocurridas desde 2018. “Expresar nuestro firme compromiso con la restauración de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua”.

Además, la CALIDH demandó la liberación incondicional de todos los presos políticos. “Exigimos se detengan todas las formas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y se permita la vigencia de todos los derechos establecidos en las leyes sobre régimen penitenciario en Nicaragua”.

Respecto a los ataques contra la Iglesia Católica de Nicaragua demandaron el cese de todas las formas de interferencias e intromisiones abusivas de las autoridades estatales en la libertad religiosa de la Iglesia Católica, así como el cese de la difamación, criminalización y expulsión forzada del país de los líderes y jerarcas católicos.

Exigieron el restablecimiento de las libertades públicas, especialmente la libertad de expresión, pensamiento, reunión, asociación y prensa. “Nos solidarizamos con los medios y trabajadores de la comunicación que han tenido que exiliarse para proteger su integridad, libertad y vida. Demandamos la devolución de los medios de comunicación confiscados”.

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