CALIDH: “Rechazamos el proceso judicial en contra del obispo Rolando José Álvarez en Nicaragua”

El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH) emitió un comunicado de rechazo al proceso judicial contra el obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando José Álvarez, además señala que observa con preocupación los ataques estatales en su contra.

CALIDH reveló el comunicado este 9 de enero desde su sede central en Buenos Aires, Argentina. En el anuncio cuestiona ocho puntos que se han cometido en este proceso en contra del primer obispo nicaragüense judicializado desde que en 2007 Daniel Ortega tomó el control del poder en Nicaragua.

“El proceso carece de las garantías del debido proceso, que no necesitan estar escritas en ninguna ley porque son parte del derecho internacional inmodificable. Derechos como el ser puesto de inmediato ante la autoridad judicial, el derecho a ser liberado ante la inexistencia de una acusación en un plazo razonable, el derecho de defensa, de ser tutelado por autoridades judiciales ante las arbitrariedades manifiestas fueron violados antes de que empezara este proceso en su contra”, cuestiona el CALIDH que a la vez recuerda que es el Estado de Nicaragua el garante de los derechos humanos.

VER MÁS: Envían a juicio a Monseñor Rolando Álvarez quien fue llevado a la audiencia inicial en juzgados de Managua

Sobre este punto, agregó que las leyes penales en las que se basa el Poder Judicial para juzgarlo son vagas e imprecisas en su redacción y son inconstitucionales porque quiebran el principio de presunción de inocencia, pues fueron aprobadas con la clara intencionalidad de castigar a las voces críticas respecto del actuar del gobierno tras casi cinco años de crisis sociopolítica. Estas leyes obedecen al plan general de censura y castigo estatal al que es sometida toda voz disidente.

El CALIDH responsabilizó al Estado de Nicaragua por toda desmejora de la salud de Álvarez ante la negativa humanitaria de libertad dada su situación de salud.  

De igual modo, este organismo señaló que el proceso penal seguido contra el obispo de Matagalpa es parte del patrón sistemático de ataques contra la libertad religiosa, de asociación y expresión de la Iglesia Católica en Nicaragua en su conjunto y de ciertos clérigos en particular.

“El Estado ha difamado, criminalizado y forzado al exilio a religiosos y laicos con la finalidad de silenciar y castigar a voces como las de Álvarez”, declara el comunicado.

En este sentido, el CALIDH recordó que los ataques religiosos están sancionados por los Derechos Penales Internacionales y explicó que la libertad religiosa alcanza el derecho al clérigo de opinar sobre la coyuntura social, política y económica de un país.

El CALIDH se comprometió a dar seguimiento a los acontecimientos que rodean al clero nicaragüense y llamó al cese de ataques contra la Iglesia, incluyendo los discursos de las máximas autoridades estatales.

“La laicidad que impone el artículo 14 de la constitución de ese país implica que las autoridades no pueden emitir opiniones sobre las cualidades morales o espirituales de los clérigos y otros religiosos tanto del rito católico, como de cualquier otro”, concluye.

A Juicio

El 19 de agosto, el obispo Alvares fue sustraído por agentes policiales del palacio episcopal provincial junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.

La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, acusa al alto jerarca de intentar "organizar grupos violentos", supuestamente "con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales".

Este 10 de enero de 2023, Gloria María Saavedra juez del décimo distrito penal de audiencia de Managua admitió las supuestas pruebas contra monseñor Rolando Álvarez y remitió al obispo a juicio. La fecha no fue revelada. 

“Se llevó a cabo la audiencia inicial del proceso penal en donde compareció Rolando José Álvarez Lagos en su calidad de acusado por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüenses”, se lee en la nota de prensa.