Renovación del mandato a Grupo de Expertos de DDHH mantendrá en el escenario global a Nicaragua

Luego que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una prórroga de dos años para el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN por sus siglas en inglés) y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), encargados de documentar los graves abusos cometidos por las autoridades a todos los niveles en el país. El Colectivo 46/2 aplaudió la decisión porque la crisis de DDHH seguirá en el escenario global.

Carlos Quesada del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) del Colectivo 46/2 señaló que la renovación de esta resolución significa que “a pesar de los esfuerzos del gobierno por cerrar lo que queda del espacio cívico del país, activistas y organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua seguirán teniendo un escenario global seguro para denunciar los peores abusos del régimen que permanecen impunes".

Asimismo, Claudia Paz y Paz de CEJIL expresó que la renovación no es más que el reflejo de la gravedad y el constante empeoramiento de la crisis de derechos humanos de Nicaragua, y la clara falta de voluntad del gobierno para colaborar con la ONU para afrontarla.

Por su parte Alexandra Salazar de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), del Colectivo 46/2 dijo “Acogemos con satisfacción esta decisión y damos las gracias a todos los Estados que han apoyado este crucial mecanismo de rendición de cuentas, que garantizará que el amplio catálogo de abusos en Nicaragua no quede fuera del radar internacional".

“Las autoridades nicaragüenses, bajo instrucciones del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo, han llegado a nuevos extremos en sus campaña por reprimir toda disidencia, pero hoy la comunidad internacional ha enviado un mensaje claro: los responsables, a todos los niveles, acabarán rindiendo cuentas", añadió Olga Valle, de Urnas Abiertas. 

Por otro lado, Amaru Ruiz de Fundación del Río, considera que con la ampliación y el reforzamiento del mandato al GHREN para documentar los abusos contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, el Consejo de Derechos Humanos está proporcionando un apoyo fundamental a los derechos de las comunidades históricamente marginadas en Nicaragua. 

Gonzalo Carrión del Colectivo de DDHH Nicaragua Nunca más señala que la resolución se da en un contexto donde el Estado de Nicaragua no ha dado señales de cesar con la represión "el Estado no dio ni una sola señal incluso tuvimos la oportunidad de compartir en Ginebra ¿cuál era la posición presencial del Estado? y lo que escuchamos hoy por parte de la representación del Estado de desconocimiento total con el mismo discurso".

Agrega "tenemos ese desafío de seguir acompañándo a las víctimas con todo y el carácter de anonimato de la denuncia es vital porque el sistema represivo no se desmonta y el desafío es seguir acompañando a las víctimas, de seguir ejerciendo voz es un contexto difícil. Esra resolución debe ser considerada un aliento para el pueblo nicaragüense, para las víctima que no desisten de su derecho a la libertad, a la verdad, a la justicia".

También la organización Coalición Nicaragua Lucha que aglutina a 20 organizaciones recibió con esperanza la resolución que extiende por dos años los mandatos de observancia de la oficina del Alto Comisionado y del Grupo de Expertos sobre Nicaragua (GHREN). 

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“Saludamos a los Gobiernos de los diferentes países de la región y del mundo que, cumpliendo con su deber internacional, han apoyado una resolución que busca reforzar la efectividad del trabajo de los organismos del sistema internacional de DDHH para garantizar y proteger los derechos de las personas nicaragüenses ante un régimen autoritario que ha profundizado y sofisticado sus prácticas vulneratorias”, reza el comunicado. 

También destacan que la preocupación que existe sobre la situación en Nicaragua se evidencia con el incremento de diálogos interactivos en el Consejo Permanente y el Alto Comisionado, que busca profundizar el monitoreo sobre los hechos que suceden en el país.  

La nueva resolución fue redactada por ocho países de las Américas: Costa Rica, Canadá, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador y Brasil.