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Monitoreo Azul y Blanco reporta 158 violaciones de DDHH en mayo en Nicaragua

La dictadura de Daniel Ortega dirigió su maquinaria represiva en contra de abogados, sacerdotes y opositores a su régimen. Decenas de violaciones a los Derechos Humanos fueron documentadas en mayo

Junio 03, 2023 12:45 PM
protesta daniel ortega

Monitoreo Azul y Blanco, organización que contabiliza delitos perpetrados por el régimen de Daniel Ortega reportó 158 incidentes violatorios a los Derechos Humanos de las y los nicaragüenses en el mes de mayo de 2023. 

Entre los incidentes figuran secuestros, allanamientos, judicializaciones y hasta la suspensión definitiva de títulos profesionales de abogados.

La organización contabilizó  81 procesos judiciales ilegales, con medidas alternas. Se trata de 81 ciudadanos nicaragüenses que enfrentaron detenciones arbitrarias, presentados ante jueces y obligados a firmar a diario en delegaciones o juzgados. 

“15 de estos 81 procesos judiciales se llevaron a cabo en Chinandega, 10 en Chontales, y 12 en Managua. Además hay reportes de judicialización en Masaya, Jinotega y otros 10 departamentos del país”, indica el informe.

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Los procesos de judicialización se emprendieron en contra de 53 hombres y 28 mujeres, “fueron detenciones exprés contrarias al debido proceso,  sin derecho a defensa técnica de su elección, en la mayoría de casos fuera de su jurisdicción y llevados a cabo durante la noche”, caracterizaron en el informe. 

El reporte denunció que en el mes de mayo del corriente año, 27 abogados fueron despojados de sus títulos profesionales “la suspensión definitiva del ejercicio de las profesiones de abogado y notario público mediante resolución de la Corte Suprema de Justicia”, y especifican que seis mujeres abogadas fueron afectadas con la medida.

El Monitoreo Azul y Blanco incluyó en las incidencias los ataques a la Iglesia Católica, figurando el encarcelamiento de 4 sacerdotes “Uno fue liberado pero los otros tres permanecen detenidos”.

Durante el mes de mayo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aplicó restricciones migratorias a 10 personas, infringiendo el derecho a la libre circulación y obligando al destierro.

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