CALIDH: hay “demolición absoluta de los derechos humanos por parte del régimen” en Nicaragua

El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh) presentó su informe sobre derechos humanos en Nicaragua, correspondiente al primer semestre de 2023 y asegura que estos están completamente restringidos, porque el régimen quiere someter de forma brutal a la población.

“El aumento de las formas de violaciones de derechos humanos en el primer semestre de este año obedece a la intención deliberada del Estado de someter de forma brutal a la población nicaragüense a sus dictados a través del terrorismo de Estado”, señala el informe, en el que Calidh insiste que Nicaragua está viviendo tiempos de terrorismo de Estado, una contraposición del Estado de Derecho.

El informe presenta 11 puntos concluyentes. El primero se refiere a que existe un contexto permanente de restricción absoluta de los derechos humanos en Nicaragua, agravado por la dolosa falta de voluntad del Estado de cumplir con sus obligaciones establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que es Estado Parte.

Asimismo, insisten en que los crímenes de lesa humanidad “se han potenciado, ampliado en sus formas y profundizado de manera alarmante entre enero y junio de 2023”. Calidh afirma que preocupa la comisión de diversos crímenes de lesa humanidad en tan corto tiempo como el destierro forzado y la desnacionalización de cientos de nicaragüenses.

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“Además de la persistencia del ataque generalizado y sistemático contra la población civil, se ha consumado en este semestre la configuración de crímenes de lesa humanidad específicos de persecución a grupos particulares por razones religiosas contra la Iglesia Católica y contra los pueblos y comunidades mayangnas y miskitos del Caribe Norte por motivos étnicos”, destacan.

Por otro lado, en el periodo del informe, aseguran que se ha hecho uso de la autoridad estatal al margen de la legalidad y dirigido a la imposición de un clima de temor generalizado en la población y de doblegamiento moral de los ciudadanos, mediante la comisión pública e impune de graves violaciones de derechos humanos destinadas a erradicar cualquier resquicio de ejercicio de las libertades incluida la oposición al régimen.

Sin libertad de prensa

Calidh asegura que la restricción contra la libertad de prensa ha llegado a su punto más álgido con el ataque agresivo y directo contra directores y periodistas de medios de comunicación independientes, al despojarlos de su nacionalidad y la confiscación de sus bienes.

Además, afirman que las mujeres, las niñas y la comunidad LGBTIQA+ siguen sufriendo de la desprotección estatal debido a la inexistencia de políticas integrales de protección y la persistencia de un abordaje de la violencia centrado en  la promoción de una visión familiarista de la sociedad;  ausencia de medidas de prevención y la respuesta al delito mediante el punitivismo exacerbado, sin olvidar la absoluta concentración de las autoridades policiales y del sistema de justicia en las tareas de represión de la población.

“Las presas y presos políticos siguen siendo víctimas del patrón de censura castigo y venganza por parte del Estado, bajo el argumento de ser autores de desestabilizar al país. Persisten los actos de tortura y de tratos crueles, entre ellos la ausencia de atención médica oportuna, condiciones inhumanas de detención y la aplicación de medidas de castigo sin ninguna razón”, denuncia Calidh.

Asimismo, en el informe reflejan que la libertad de asociación está completamente demolida y resaltan que “es preocupante que en un país en el que cunde la pobreza se cierren y confisquen a las organizaciones asistenciales que atendían a sectores históricamente postergados de los que el Estado nunca se ha ocupado, profundizando así la vulnerabilidad de estos sectores, especialmente las niñas, los niños, adolescentes y mujeres”.

Iglesia católica y migración

Calidh también aborda la situación de la Iglesia Católica la cual califica como crítica, por los múltiples ataques de los que son víctimas sus miembros, porque afirman que el régimen “busca la debilitación absoluta en términos institucionales y el doblegamiento moral de su feligresía mediante las embestidas a sus líderes; el país se conduce hacia la supresión absoluta de la libertad religiosa”.

Por otro lado, la situación de los migrantes nicaragüenses “es la peor de los últimos treinta años, persisten las carencias, los asesinatos y feminicidios en la población migrante, todas estas situaciones atribuibles al Estado de Nicaragua. La incapacidad del Estado de poder contener a la migración económica evidencia el deterioro del empleo y de las condiciones de vida en Nicaragua”.

Finalmente denuncian que las comunidades y pueblos indígenas mayangnas y miskitos sufren del aumento de la violencia letal que busca su desterritorialización mediante el etnocidio y el desplazamiento forzado y aseguran que el Estado de Nicaragua es cómplice y tiene intereses directos en esta situación de violencia.

“Los ataques observados contra las comunidades tienen características similares con las actuaciones de los paraestatales en el pacífico, por lo que es posible aseverar la responsabilidad militar y policial en estos crímenes”, concluyen.