RÁPIDEZ EN CASOS DE PENSIÓN ALIMENTICIA

La Procuradora especial para la mujer Deborah Grandison anunció que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y la Procuraduría Especial para la Mujer firmarán un acuerdo para establecer que los jueces de familia obtengan en máximo de una semana toda la información referente a la situación laboral de las personas demandadas por pensión alimenticia.   El anuncio lo hizo ayer la procuradora especial para la Mujer, Deborah Grandison, quien participó en un foro de Equidad de Género en la Asamblea Nacional. Grandison precisó que actualmente los judiciales obtienen la información laboral de los demandados en un período de hasta 6 semanas y posteriormente es que pueden dictar una pensión provisional. “El tema del alimento es muy importante para nosotros y es por eso que se está tratando de mejorar las coordinaciones con las instituciones que tienen que apoyar y dar elementos para que se puedan llevar a cabo los juicios por pensión”, dijo  Grandison. Destacó que en las próximas semanas se estarán reuniendo con los directivos del INSS para detallar sobre ese acuerdo. El año pasado en los juzgados de Managua se reportaron 1,135 acusaciones por incumplimiento de deberes alimentarios. Investigaciones Señaló que actualmente algunos demandados  niegan estar trabajando para que no se les dicte pensión alimenticia. “Pero vamos a hacer la investigación al INSS y nos damos cuenta que sí están trabajando y que el salario que está devengando no es el que dicen”, explicó. Grandison agregó que la negativa de pensión de alimentos se incluye entre los delitos de violencia contra las mujeres. “Y no solamente a la mujer, sino a los hijos, por el hecho de negarle alimentos”, sostuvo. Por su parte, la diputada Martha Marina González, presidenta de la Comisión de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional, calificó de positivo el acuerdo entre la Procuraduría de la Mujer y el INSS, pero dijo que no tendrá ningún efecto en aquellos demandados que no están bajo el régimen de la Seguridad Social. El diputado Carlos Emilio López, por su parte, vicepresidente de dicha comisión, señaló que el Código de Familia obliga a todas las instituciones a apoyar resoluciones que permitan hacer efectiva las demandas por pensión alimenticia. “Por ejemplo, las direcciones de recursos humanos públicas y privadas tendrán que informar a los jueces de familia lo que realmente ganan los trabajadores que están siendo demandados”, dijo. El nuevo Código de la Familia, que entrará en vigencia en abril, establece que la pensión alimenticia cuando es por un hijo corresponderá al 25% del total de los ingresos del demandado; el 35% cuando es por dos hijos, y el 50% cuando es por tres o más hijos. 25 Por ciento del salario del demandado se destinará a la pensión alimenticia cuando se trate de un hijo. 50 Por ciento del salario del demandado será para la pensión alimenticia cuando es por tres o más hijos.   END