FIDH PIDE DESECHAR CANAL DE NICARAGUA

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) demandó este viernes a Nicaragua desechar el proyecto de canal interoceánico por los "graves" daños que causaría a más de 100 mil campesinos, a bosques y al mayor lago de Centroamérica. El organismo exhortó a Nicaragua a "renunciar al proyecto del canal interoceánico" y a obras anexas previstas en la concesión, en un informe presentado en Managua sobre "el grave impacto en los derechos humanos" que provocaría la vía trasatlántica. El gobierno de Nicaragua concedió a la empresa china HKND el derecho de construir un canal interoceánico de 270 kilómetros de extensión por el sur del país con un valor de al menos US$50 mil millones.

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La FIDH, que tiene sede en París y representa a 180 organizaciones de derechos humanos del mundo, recomendó a Managua derogar la Ley 840 para el desarrollo del canal, aprobada el 13 de junio del 2013 sin contar con estudios de factibilidad. La AFP intentó obtener una reacción de las autoridades nicaragüenses al informe pero no obtuvo respuesta. El informe de 60 páginas denuncia además la persecución, amenazas y allanamientos de propiedades de líderes de las protestas, quienes han sido tildados por el gobierno como "enemigos del desarrollo". El informe fue elaborado por la FIDH con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que forma parte de la Federación, con base en un análisis jurídico de la concesión y el testimonio de 131 campesinos radicados en la proyectada ruta canalera.

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El proyecto, que buscaría competir con el Canal de Panamá, pasaría por el Lago Cocibolca que abastece de agua a 80 mil nicaragüenses del sur del país. De acuerdo con el informe, el régimen jurídico del canal vulnera cuatro tratados internacionales, ocho leyes nicaragüenses y "deroga toda norma que se le oponga, adoptando indebidamente un rango supraconstitucional", advirtió la FIDH. Esta concesión "es un cheque en blanco para el inversionista" chino porque "le permite desarrollar o negociar con una amplia gama de proyectos en condiciones excepcionalmente favorables", agregó. Tendrá asimismo "derechos exclusivos y transferibles" para ocupar propiedades y acceder a todas las fuentes hídricas que necesite para ejecutar las obras, sin pagar contraprestación al Estado, según la FIDH. Fuente: Estrategia y Negocios