Congreso de EEUU condena represión y pide adelanto de elecciones en Nicaragua
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy una resolución que condena expresamente la violencia del Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y llama a la administración de Donald Trump a identificar a los implicados en ella para que sean sancionados.
La resolución fue copatrocinada por un grupo bipartidista de legisladores, entre ellos algunos muy conocidos de origen hispano como los republicanos Ileana Ros-Lehtinen y Carlos Curbelo y el demócrata Albio Sires.
El texto "condena la violencia, persecución, intimidación y asesinatos de manifestantes pacíficos por parte del Gobierno de Nicaragua" y llama a Estados Unidos a seguir condenando las "atrocidades" en el país centroamericano.
Pide además "identificar a aquellos cuya implicación en esta violencia los cualifique para la imposición de sanciones" bajo la Ley Global Magnitsky.
Esa ley, que permite al Gobierno norteamericano sancionar a acusados de violar los derechos humanos, fue la utilizada por la administración Trump para imponer el pasado 5 de julio las primeras sanciones en el marco de la actual crisis contra tres funcionarios del círculo de confianza de Ortega y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo.
"Esta resolución representa una amplia condena bipartidista de la violencia del régimen de Ortega y apoya al pueblo de Nicaragua en su búsqueda de libertad", manifestó el congresista republicano Ed Royce, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, antes de la votación.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acusó el martes al Gobierno de Ortega de patrocinar la violencia y volvió a instarlo a celebrar elecciones anticipadas.
"La violencia patrocinada por el Estado en Nicaragua es innegable. La propaganda de Ortega no engaña a nadie y no cambia nada", escribió en Twitter como respuesta a una entrevista que el mandatario nicaragüense ofreció la noche del lunes a Fox News, en la que negó la represión de la que lo acusan.
Más de 300 personas, según organizaciones de derechos humanos, han muerto en Nicaragua en el marco de las protestas que comenzaron contra el Gobierno del ex guerrillero el 18 de abril.