Congresistas estadounidenses dicen tener evidencias de corrupción sobre hijos de Ortega y Murillo

Las autoridades norteamericanas acusan a cuatro personas de corrupción con fondos públicos y violaciones a los derechos humanos.

Estados Unidos sigue presionando al régimen nicaragüense de Daniel Ortega en el marco de la brutal represión contra la población civil. Un grupo de congresistas norteamericanos presentará una solicitud al presidente Donald Trump para aplicar sanciones bajo la Ley Global Magnitsky a Juan Carlos y Laureano Ortega Murillo, dos de los nueve hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"(Estamos) pidiendo a la administración que sancione a más abusadores de derechos humanos y corruptos que se han llenado los bolsillos del dinero y la sangre del pueblo nicaragüense", manifestó la legisladora Ileana Ros-Lehtinen al diario La Prensa.

La solicitud de los congresistas también incluye a otras dos personas con vínculo con el régimen sandinista: Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, y Sonia Castro, ministra de Salud.

Las autoridades norteamericanas acusan a estas cuatro personas de corrupción con fondos públicos y violaciones a los derechos humanos.

Laureano Ortega Murillo, quien se desempeña como asesor para la promoción de inversiones del régimen, también es señalado por ataques a los medios independientes.

Su hermano Juan Carlos, en tanto, es acusado por EEUU de haber administrado medios de comunicación que el gobierno de su padre adquirió por la ayuda petrolera de Venezuela.

Estas acusaciones se suman, en ambos casos, a las denuncias por uso ilegítimo de fondos público.

Los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo son músicos. Según el descargo de los congresistas norteamericanos, también han utilizado recursos estatales para financiar sus producciones. Como por ejemplo el Festival Pucciniano de Ópera, donde Laureano fue una de las estrellas.

Ese evento estuvo patrocinado por el Instituto estatal de Turismo (Intur), con un costo de producción superior a los 290 mil dólares.

El rodaje de la película Drunk Wedding, que fue un verdadero fracaso en Estados Unidos, costó unos 400 mil dólares y también fue financiado por Intur.

Por su parte, Ros-Lehtinen aseguró que continúa presionando para que el proyecto de Ley Nica Act, aprobado por el Congreso en 2017, sea discutido y aprobado en el Senado, y se convierta en Ley. La misma propone restricciones de créditos de la banca internacional al régimen de Ortega, por corrupción, violaciones a los derechos humanos, y por fraudes electorales.

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