Seis claves sobre la crisis de Nicaragua

La crisis de Nicaragua parece no tener solución a seis meses de su estallido. La oposición insiste en mantener la protesta pacífica en las calles para obligar al Gobierno a retornar a la mesa de diálogo y discutir un adelanto de elecciones, pero hasta el momento la presión ha sido infructuosa.

A continuación, algunas claves para entender el conflicto:

¿Cuándo comenzó la crisis?

Se inició el 18 de abril con una protesta de estudiantes en Managua contra una impopular reforma al Seguro Social. Las manifestaciones se extendieron rápidamente a otras ciudades del país debido a la violenta acción de la Policía y grupos paramilitares contra civiles desarmados, que se cobró la vida de decenas de manifestantes, la mayoría jóvenes.

¿Cómo ha enfrentado el Gobierno la revuelta social?

Forzado por las protestas, Daniel Ortega pidió en mayo a la Iglesia católica que mediara en un diálogo nacional, el cual quedó interrumpido en julio cuando sus adversarios exigieron adelantar las elecciones de 2021. El mandatario acusó entonces a la oposición y a los obispos de "formar parte de un plan golpista" y descartó seguir negociando.

Simultáneamente, el Gobierno sofocó a sangre y fuego las manifestaciones mediante operativos conjuntos de policías y paramilitares, a lo que siguieron capturas selectivas de dirigentes sociales, estudiantes, docentes y campesinos, varios de ellos ya procesados judicialmente por terrorismo.

¿Quiénes conforman la oposición a Ortega?

Varias organizaciones sociales, incluyendo algunas surgidas al calor de las protestas, se agruparon a inicios de octubre en la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). En esta coalición figuran, entre otros, la Alianza Cívica, la Articulación de Movimientos Sociales, la Coordinadora Universitaria, movimientos feministas y de campesinos, empresarios, profesionales y defensores de derechos humanos. Afirman que su objetivo es buscar "la pronta salida del poder" de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y construir un proyecto de nación sobre bases democráticas, de respeto a la legalidad y a los derechos humanos.

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¿Será posible reanudar el diálogo?

Por el momento no se vislumbra esa posibilidad, ya que el Gobierno lo ha descartado y ofrece a cambio un “diálogo en la base” del gobernante Frente Sandinista, con el que procura restablecer la normalidad en el país. Al defender esa posición, Ortega se ha distanciado de países y organismos internacionales que han cuestionado su actuación, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la Unión Europea y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH). El Gobierno también suspendió su comunicación incluso con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

¿Qué repercusión económica ha tenido esta crisis?

El Banco Mundial ha pronosticado que la economía de Nicaragua caerá este año un 3,8 por ciento, frente al crecimiento del 4,9 por ciento que registró en 2017, debido al impacto del conflicto sobre sectores sensibles como el turismo, la inversión extranjera, la construcción, la infraestructura y el empleo.

Expertos independientes calculan las pérdidas económicas en más de 2.000 millones de dólares y estiman que el 28 por ciento de la Población Económica Activa (es decir, más de un millón de personas) no generará ingresos este año porque perdió su empleo con la crisis. A ello se suma una severa caída en las reservas internacionales y el riesgo de que Estados Unidos aplique sanciones económicas y financieras contra el Gobierno.

¿Cuál ha sido el costo del conflicto en vidas humanas?

La represión de las protestas sociales ha dejado en seis meses al menos 325 muertos, según información documentada por la CIDH, aunque ONGs de derechos humanos elevan la cifra hasta 512 fallecidos, más de 4.000 heridos y cientos de arrestados. El Gobierno reconoce 200 muertos y asegura que una mínima parte de las víctimas eran estudiantes universitarios.

Sumado a eso, cerca de 30.000 nicaragüenses han abandonado el país desde abril huyendo de la represión y la falta de trabajo. De ellos, al menos 25.000 han solicitado refugio en Costa Rica.