Al menos nueve periodistas de Nicaragua denuncian ataques, detenciones y amenazas

En las últimas horas 48 horas al menos nueve periodistas y trabajadores de medios de la prensa independiente de Nicaragua denunciaron haber sido objeto de detenciones, amenazas de muerte y uno de ellos una golpiza por la Policía sandinista.

El editorialista del diario "La Prensa", Luis Sánchez Sancho, está detenido en una estación de Policía de Managua tras verse involucrado el sábado en un accidente de tránsito con una motocicleta, según reportó el periodista Luis Galeano, del programa "Café con Voz".

"Al parecer el conductor de la moto sufrió lesiones leves, pero los medios oficiales quieren ponerlo como muy grave y en sus informes señalan a Sánchez como miembro de la Alianza Cívica que provocó lo que ellos llaman 'golpe de estado'", señala la cuenta de Facebook de "Café con Voz".

Sánchez Sancho fue dirigente del Partido Socialista de Nicaragua en la década de 1980 y actualmente integra las coaliciones opositoras Alianza Cívica y Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), creadas tras las protestas contra el presidente Daniel Ortega que comenzaron en abril.

En otro episodio, los periodistas Miguel Mora y Verónica Chávez, directores del canal 100% Noticias, fueron retenidos por policías sandinista dos veces el sábado al sureste de Managua. En la primera, Mora fue amenazado de muerte por un oficial y en la segunda, su conductor, Carlos Navarro, fue arrestado por un par de horas.

Mora declaró que un oficial de la Dirección de Operaciones Especiales (antimotines) lo acusó de ser culpable "de la sangre de los policías muertos" y que sus "días están contados". "Estamos en un Estado policial", denunció el director de 100% Noticias.

El viernes, la sede de la misma televisora estuvo rodeada durante horas por patrullas de la Policía, en lo que Mora calificó como "un asedio y acoso injustificado". Jaime Arellano, comentarista político del mismo canal, fue retenido ese mismo día por agentes policiales en la vía pública.

Mientras, el cronista deportivo de "Radio Corporación", Gustavo Jarquín, denunció haber sido golpeado en el rostro por tres policías, por negarse a entregarles el celular. Por su parte, el conocido periodista Danilo Lacayo, del canal 12 de televisión, reportó amenazas anónimas en mensajes de WhatsApp.

En León (occidente), dos empleados de la "Radio Darío" fueron arrestados por policías el viernes y encarcelados durante nueve horas. Uno de ellos denunció que efectivos policiales instaron a reos comunes a que los golpearan.

La organización de escritores y periodistas PEN Internacional condenó los sucesos e instó al Gobierno de Nicaragua a respetar el derecho a la libertad de expresión, prensa e información.

Por su parte, Pablo Cuevas, asesor legal de la ONG Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), expresó que Ortega "ha endurecido el asedio" contra la prensa independiente.

"Es evidente la cacería desplegada en contra de periodistas, líderes campesinos y todo aquel que se le oponga", dijo Cuevas.

Braulio Abarca, asesor jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), señaló a 100% Noticias que durante las últimas 48 horas han recibido denuncias de periodistas que han sido víctimas de amenazas por llamadas telefónicas, o presenciales “como es el caso de Jaime Arellano, o como el caso de 100% Noticias que el día viernes nosotros como CENIDH acompañamos a 100% Noticias, incluso horas después detienen a Arellano, la detención del señor (Carlos) Navarro conductor personal del señor Miguel Mora. Pertenece a una situación que amedrenta los derechos humanos”, refirió el defensor de derechos humanos.

“En la actualidad estamos en la cuarta etapa de la represión por parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, un gobierno dictatorial, un régimen de violencia que solo le queda la violencia para ejercer miedo, ejercer terrorismo de Estado”, agregó Abarca.

Los periodistas y medios involucrados en los incidentes mantienen posiciones críticas al Gobierno frente a la crisis que estalló el 18 de abril con protestas estudiantiles, sofocadas con violencia por policías y paramilitares, con un saldo de 200 muertos según el Gobierno y hasta 545 según ONG de derechos humanos.

El Gobierno no ha publicado ninguna información sobre estos sucesos.

*DPA