Ejército de Nicaragua, ¿espectador o cómplice?

Buen comienzo, pésimo final

Luego de la derrota del FSLN en las elecciones generales de febrero de 1990, el Ejército de Nicaragua inició un inédito y esperanzador proceso de reconversión de la Defensa. El objetivo: sentar las bases de su profesionalización e institucionalización para sobrevivir en un escenario adverso y harto complicado. Inédito, porque de ser el ejército de un partido ―el FSLN― se convertiría en la institución militar de la nación, de todos los nicaragüenses. Inédito además porque sería la primera vez que Nicaragua tendría un ejército que no estaría sometida a los intereses de grupos de poder ni de partido político alguno. Esperanzador, ya que al reconocer y aceptar la supremacía de la autoridad civil legítimamente constituida apuntalaba el difícil proceso de construcción de la institucionalidad democrática en el país.

El primer paso fue, incluso antes de la derrota del FSLN en las elecciones de febrero de 1990, la reforma a la Ley de Creadora de los Grados de Honor, Cargos y Grados Militares en julio de 1986 en la que se abandonan los viejos grados de la guerrilla y se establece una escala jerárquica en correspondencia con la existente en todos los ejércitos profesionales del mundo; el segundo, la ruptura formal de sus nexos con el FSLN mediante la renuncia de sus principales jefes y oficiales en 1990 a los cargos que ejercían en la burocracia partidaria, tal como estipulaban los Acuerdos de Transición de marzo de 1990.

El tiempo demostraría que esto que no pasó de ser una simple formalidad porque en términos reales no era posible que solo por esa “renuncia” se despojarían de su lealtad política al partido que había sido la matriz en la que se incubó y desarrolló por espacio de una década. Es más, siempre he dicho que en sus fundadores ―sus jefes y alta oficialidad― nunca desapareció el “corazoncito rojinegro que llevan dentro”. El tercer paso fue la edificación del andamiaje jurídico de la institución, cuyo pilar fundamental es la Ley 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, de septiembre de 1994, que cambia el apelativo Ejército Popular Sandinista (EPS) por el de Ejército de Nicaragua, y más tarde las leyes relativas a justicia militar, entre otras.

Hasta finales de 2006, el Ejército de Nicaragua gozó de reconocimiento nacional y fue, con justa razón, referente de primera línea a nivel regional y hemisférico. Su rol en la transición política del autoritarismo a la democracia, es decir, del régimen de Daniel Ortega al gobierno de Violeta Barrios de Chamorro y los dos gobiernos legítimamente electos que le sucedieron, fue clave en el azaroso proceso de construcción de la institucionalidad democrática en Nicaragua. Era el escenario altamente polarizado de los primeros años de la transición, cuando el gobierno de la señora Barrios de Chamorro estaba sometido a intensas presiones desestabilizadoras, tanto de los radicales de la UNO y de los sectores más conservadores del Congreso de Estados Unidos, como de los extremistas del FSLN, cuyo líder, Daniel Ortega, decidió “gobernar desde abajo”.

Veinte años después, sin embargo, ya con Daniel Ortega nuevamente en el poder y su emprendimiento de involución autoritaria, la esperanza se frustró. A partir de 2010, con el nombramiento de Julio César Avilés como nuevo comandante en jefe, el Ejército comenzó a dilapidar todo lo que hasta entonces había logrado y entró en un proceso de desinstitucionalización. Dos semanas después de la reforma parcial de la Constitución Política en enero de 2014, se reforma la Ley 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar que dio al Ejército mayores niveles de autonomía funcional y casi total autonomía institucional. Para entonces era más que evidente la identificación del general Avilés con el proyecto político continuista de Daniel Ortega, en el que los intereses corporativos del Ejército, administrados por el Instituto de Previsión Social Militar, y los individuales de la cúpula militar ―el generalato y el coronelato― se funden con los del consorcio Ortega-Murillo. Daniel Ortega nunca desaprovecha oportunidad para recordar a los militares, en sus actos oficiales, su “origen sandinista”, pero no como uno de los valores de su identidad militar original, sino para asegurar su lealtad política, más bien personal, a su proyecto político dinástico.

Impasibles ante la masacre policías y paramilitares

A lo largo de casi ocho meses, del 18 de abril a la fecha, el Ejército de Nicaragua ha permanecido aparentemente impasible ante la crisis política y humanitaria que vive el país. La represión desatada por la Policía y las bandas de paramilitares del régimen Ortega-Murillo ha dejado más de medio millar de asesinados, más de 4000 heridos, 1609 desaparecidos, cientos de capturados ilegalmente, secuestrados, torturados, más de 500 presos políticos y cerca de 400 judicialmente procesados bajo cargos infundados como terrorismo y crimen organizado. Muchos se han preguntado y se preguntan a qué se debe esa supuesta indiferencia de los uniformados, mientras que sectores de la población y algunos actores políticos han demandado la intervención del Ejército para desarmar a las bandas de paramilitares que, en conjunto con la Policía, asesinan, secuestran y capturan a quienes demandan libertad, justicia y democracia. En realidad, la impavidez del Ejército no es como se aparenta. Aunque sin intervenir directamente en la crisis, el solo hecho de guardar silencio frente a la represión y el genocidio les convierte en cómplices silenciosos del régimen.

La nota de prensa del 21 de abril, el comunicado de 12 de mayo y la nota de prensa del 30 de ese mismo mes, han sido las tres únicas veces en las que los militares han salido fugazmente de la ostra de sigilo en la que se han encerrado. En la primera, inmediatamente después de iniciada la masacre, titulada “Posición del Ejército ante la situación del país”, aseguran que en las últimas horas se han “llenado de dolor y luto” y que se suman y respaldan “la decisión de búsqueda de una solución por la vía del diálogo para encontrar una respuesta consensuada al tema que originó estos momentos de dolor”. Así mismo rechazan “las manipulaciones de información, que se han desarrollado sobre el quehacer del Ejército de Nicaragua”, sin especificar cuáles son esas “manipulaciones”.

El Comunicado del 12 de mayo, casi un mes después de que la Policía y los paramilitares desataran su orgía de represión criminal y de sangre de nicaragüenses inocentes, y cuatro días antes de instalarse el Diálogo Nacional, amplía los términos de la nota de prensa del 21 de abril. Se solidarizan “con las familias que han perdido a seres queridos y a los que de una forma u otras han sido afectados por todos los hechos de violencia” asegurando que apoyan “los esfuerzos para esclarecer estos hechos y se proceda conforme la ley”. El Diálogo, señalan, “es la única ruta que evitará afectaciones irreversibles a nuestro pueblo, a nuestra economía, al desarrollo nacional y a nuestra seguridad”. Así mismo, respaldan “la labor de mediación y testigo del diálogo que encabeza su Eminencia, Cardenal Leopoldo Brenes”. Y advierten que “La actual situación nos está arrastrando a la división de la familia nicaragüense desde campañas que fomentan el odio” sin señalar a quienes las fomentan.

La nota de prensa del 30 de mayo ―justo después de que francotiradores apostados en las instalaciones del Estadio Nacional dispararon contra la multitudinaria marcha del Día de la Madres y asesinaron a ocho jóvenes autoconvocados frente a la entrada principal de la Universidad Centroamericana (UCA), más tres asesinados en Chinandega, uno en Masaya y cuatro en Estelí mientras en estas ciudades se realizaban marchas similares a la de Managua, además de decenas de heridos― es exculpatoria y solo se refiere a un vídeo que circuló en las redes sociales en el que aparecen camionetas de doble cabina con personas armadas entrando y saliendo de las instalaciones del Hospital Militar. El Ejército, dice la nota, “reitera su rechazo a todo tipo de manipulación de información falsa que a través de diferentes medios se divulga para tergiversar actuaciones de nuestra institución”, asegurando que no aceptarán jamás informaciones calumniosas. “El Ejército de Nicaragua tiene control absoluto de sus Fuerzas y Medios”, afirman. Después de esos tres documentos, silencio absoluto y profundo hasta el día de hoy. Salvo una leve referencia al diálogo, ni una sola palabra del general Julio César Avilés, comandante en jefe del Ejército, sobre la masacre, por ejemplo, en el acto de celebración del 39 aniversario de Fuerza Naval el pasado 30 de julio.

Adicionalmente, un pequeño diario digital de Managua publicó el 18 de julio una nota titulada “Ejército de Nicaragua rechaza en papel de ‘golpista’”, en la que el vocero de la institución armada se muestra más preocupado por la imagen de esta e insiste en formalidades jurídicas relacionadas con la actuación del Ejército durante la crisis. Pura forma y nada de fondo.

Las tres dimensiones del ostracismo de los militares

El mutismo de los uniformados ante la crisis política a que vive Nicaragua desde el pasado 18 de abril y los asesinados, heridos, secuestrados y torturados por policías y paramilitares, tiene tres dimensiones: una jurídica, otra política y la tercera es de orden financiero. La primera comprende los preceptos constitucionales y la segunda, lo que establece la Ley 855, Código Militar reformado en enero de 2014. Lo primero que debe subrayarse es la incoherencia entre el mandato constitucional y lo que prescribe la ley en lo relativo a la intervención del Ejército en misiones de seguridad pública y orden interior. Por un lado, el artículo 92 de la Constitución establece que “Sólo en casos excepcionales el Presidente de la República, en Consejo de Ministros podrá, en apoyo a la Policía Nacional, ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua cuando la estabilidad de la República estuviera amenazada por grandes desórdenes internos, calamidades o desastres naturales”. Si bien este artículo constitucional establece una clara restricción a los militares en tanto permite que estos actúen “solo en casos excepcionales” y “graves desórdenes internos” y por orden del Presidente de la República, el hecho es que lo que sucede en Nicaragua es un caso excepcional y quienes han provocado los graves desórdenes internos han sido la misma Policía y los paramilitares. En todo caso, no sería en apoyo a la Policía sino para desarmar a policías y paramilitares por igual. Pero ¿a quién se le ocurriría pensar que Ortega ordenaría al Ejército intervenir para neutralizar a los dos pilares de lo mantienen en el poder?

A contrapelo de lo que prescribe la Constitución, el artículo 2 de la Ley 855 establece que una de las 20 funciones del Ejército es “Disponer de sus fuerzas y medios para combatir las amenazas a la seguridad y defensa nacional, y cualquier actividad ilícita que pongan en peligro la existencia del Estado nicaragüense, sus instituciones y los principios fundamentales de la nación”. Como puede constatarse, mientras la Constitución condiciona la intervención del Ejército, la Ley 855 no lo hace y le deja manos libres para intervenir sin necesidad de una orden del Presidente de la República. Esta es la incongruencia y el Ejército la aprovecha, considerando, aunque sin decirlo expresamente por clara conveniencia, que la Carta Magna está por sobre cualquier ley ordinaria. A pesar de ello, siempre es preciso preguntarse: ¿Por qué el Ejército no cumple lo que su propia Ley le ordena?

En riesgo los millonarios recursos del Ejército

La dimensión política es muy clara. Es más que evidente que el actual comandante en jefe del Ejército, general Julio César Avilés, no tiene la autoridad política ni el talante personal para golpearle la mesa a los Ortega-Murillo como sí lo hicieron a los mandatarios de turno, cada uno en su oportunidad y por razones diferentes, los comandantes en jefe que le antecedieron. Si bien Avilés es uno más de los fundadores del Ejército Popular Sandinista (EPS), su nivel ascendencia política es absolutamente inferior a la de los generales Humberto Ortega, Joaquín Cuadra, Javier Carrión y Omar Halleslevens que le precedieron. Avilés asumió la comandancia del Ejército en febrero de 2010 por un período de cinco años, es decir, hasta febrero de 2015, pero por su sumisión a la pareja Ortega Murillo, Daniel Ortega le “premió” extendiendo su período de mando al frente de la institución castrense por cinco años más, vale decir, hasta febrero de 2020.

La tercera dimensión es relativamente poco conocida por la ciudadanía, salvo por especialistas y quizás algunos sectores políticamente informados. Se trata de los millonarios recursos del Ejército que administra, por cierto muy eficientemente, el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM). Una auditoría de la firma Deloitte & Touche constató que en 2002 el IPSM tenía un capital de 29.5 millones de dólares, que en 2009 se habían incrementado a 72.3 millones de dólares.

Para el 2012 esos fondos podrían haber aumentado a 100 millones de dólares, 40 por ciento de los cuales están invertidos en bonos en Estados Unidos y son administrados por las firmas de inversión Russell Investments, Reverence Capital Partners y TA Associates. Solo imagínense, sin necesidad de hacer una complicada operación de matemáticas financieras, a cuánto pueden ascender esos recursos del IPSM hoy día, seis años más tarde. Nicaragüenses en Estados Unidos han iniciado una campaña para que estas firmas de inversión dejen de administrar el fondo de pensiones del Ejército de Nicaragua porque, aseguran, es dinero manchado con la sangre de los nicaragüenses asesinados por el régimen Ortega Murillo. “Debemos hacerles saber, afirman en una carta dirigida a los gerentes generales de esas firmas de inversión, que están sentados sobre el dinero empapado en la sangre de nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses, para que puedan romper su relación con el régimen asesino de Daniel Ortega y sus benefactores en el Ejército”.

El Ejército sabe muy bien que de involucrarse abiertamente en la sangrienta represión desatada por el régimen Ortega-Murillo sus fondos invertidos en Estados Unidos serían automáticamente congelados y que su impacto sería demoledor. Prácticamente no tendrían cómo cubrir sus obligaciones con los oficiales que han pasado y pasarán a retiro ni mantener los beneficios adicionales que brindan a sus afiliados. Esto explica, en parte, no solo el silencio de los militares, sino que también su no participación abierta, directa en la crisis y en la represión. De hecho, en declaraciones a una cadena televisiva estadounidense arrancando septiembre de este año, el senador republicano Marco Rubio advirtió a los militares nicaragüenses que de hacerlo habrían “consecuencias. Por ejemplo, sus retiros, de los militares nicaragüenses, están invertidos en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Eso va a ser congelado”. Suficiente amenaza para guardar al menos las apariencias, ¿no?

Más aún, a través del IPSM, el Ejército de Nicaragua es uno de los principales accionistas del Banco de Finanzas (BDF), uno de los cuatro bancos del país calificados negativamente a finales de agosto pasado por el Fitch Group, líder global en servicios de información financiera y en calificaciones crediticias, lo que ya ha puesto en riesgo los intereses financieros de los uniformados porque en caso de una quiebra los accionistas son los primeros afectados. A medida que la crisis económica provocada por la crisis política desencadenada por la pareja de El Carmen se profundice, el riesgo será cada vez mayor y esta situación ya debería haber disparado las alarmas y poner en alerta roja a las autoridades militares, pero se desconoce qué previsiones estarán tomando o ya han tomado. Esta sería razón suficiente para que los militares adviertan a Ortega que los está llevando al despeñadero. Pero aun así han cerrado filas con el régimen Ortega-Murillo. ¿Es que estarán dispuestos a “morir con las botas puestas”, malbaratar sus millonarios recursos y dejar en la ruina y desamparados a los oficiales que cotizan al IPSM?

Un ejército a la medida de Daniel Ortega y Rosario Murillo

El artículo 93 de la Constitución Política define al Ejército como “una institución nacional, de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante” y, el 94, prescribe que “Los miembros del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional, no podrán desarrollar actividades político–partidistas”. En el papel esto podría ser música para los oídos de los nicaragüenses, lamentablemente en la realidad no es más que papel mojado. Hay hechos, aparentemente irrelevantes, pero que en realidad no lo son, que lo demuestran. Por ejemplo, hasta antes de 2007 las celebraciones de los aniversarios del Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval se realizaban, como corresponde, en sus unidades militares, usualmente por la mañana y bajo los procedimientos del Protocolo Militar. Esto cambió en 2007 con el regreso de Daniel Ortega. Primero la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía y luego la Vicepresidencia de la República monopolizaron las celebraciones de los militares. Comenzaron a realizarse fuera de las unidades militares y al final de las tardes.

El Protocolo Militar, usualmente sobrio, fue reemplazado por los regodeos de Rosario Murillo. El pabellón Azul y Blanco de Nicaragua comenzó a ser avasallado por la bandera roja y negra del FSLN, de tal forma que esas celebraciones de carácter nacional fueron convertidas en mítines partidarios con el consentimiento de las autoridades militares y en abierta violación a lo establecido en el artículo 94 de la Constitución. A pesar de ello, los uniformados nunca han parecido sentirse incómodos. Al parecer lo disfrutan. Lo anterior, sin embargo, no es una simple formalidad ni una forma de hacer partícipe al pueblo de esas celebraciones, aunque las de este año 2018 se han realizado en locales cerrados. Se trata de la pretensión nada oculta de enviar un mensaje nada subliminal: “El Ejército está con el gobierno, el Ejército apoya al Gobierno”. Con una arraigada tradición militarista en el imaginario colectivo de los nicaragüenses ese mensaje fácilmente podría haber calado entre la población dándole al régimen una privilegiada posición de poder, el poder de los fusiles, poder en el que se sustenta al régimen Ortega-Murillo.

¿Qué reciben a cambio de su lealtad los militares? Solo promesas incumplidas

Sin embargo, es preciso preguntarse: ¿qué recibe el Ejército a cambio de su apoyo al régimen bicéfalo? Aparentemente nada, apenas solo promesas de modernización de sus medios aéreos y navales, porque los que tienen son vetustos, ya dieron su vida útil y su estado es más que precario. Ortega primero trató encontrar en la Rusia de Vladimir Putin esos medios, pero el gobierno del exagente de la KGB no estaba ni está en condiciones de replicar las donaciones de la “generosa” asistencia que la desaparecida Unión Soviética brindó a la revolución sandinista en la década de 1980. Ortega no tuvo más que negociar con un astillero ruso la compra de seis medios de superficie ―cuatro patrulleras y dos misileras, estas últimas innecesarias, por cierto―, incluso un general despistado habló de adquirir aviones de guerra Mig-29 con la peregrina idea de combatir al narcotráfico como si de una guerra convencional se tratara. También se dijo que se adquiriría una flotilla de aeronaves rusas Yak-130, un avión de entrenamiento y combate, de poca o nula utilidad en la interdicción de aeronaves del narcotráfico internacional.

Al final, el Ejército tuvo que conformarse con la donación de tanques T-72 B1, que eran material de descarte de las Fuerzas Armadas rusas y que para Nicaragua solo significan un gasto mayor porque hay que darles mantenimiento así solo sirvan para exhibirlos en los desfiles militares de cada 2 de septiembre cuando se celebra el aniversario de la constitución del Ejército. Pero de la nada apareció una inesperada luz al final del túnel. El gobierno anunció que había contratado con la empresa holandesa B.V. Schepswerf Damen Gorinchem la compra de dos patrulleras Damen Stan Patrol 4207 valoradas en 14 millones de dólares. Pero sin mayores explicaciones esa luz se apagó porque a la fecha, y a pesar de que la Asamblea Nacional aprobó el préstamo correspondiente, las dos patrulleras no han llegado aún a los puertos del país.

El Ejército tolera a los paramilitares, no actúa por conveniencia

Pero si el Ejército solo recibe promesas incumplidas a cambio de su apoyo al régimen Ortega-Murillo, ¿por qué guarda silencio ante la criminal represión desatada por la pareja gobernante? Lo único que se puede pensar es que quizás estén defendiendo parte de sus intereses corporativos financieros y los individuales de la cúpula militar que pudieran estar coludidos con los de Daniel Ortega, Rosario Murillo y su círculo más cercano. Aparentemente no hay otra explicación porque si algo es cierto es que su relación no está cimentada en coincidencias ideológicas ni políticas como en la década de 1980. Ahora son esencialmente utilitarias, de muto beneficio financiero.

Puede que sea cierto que el Ejército tenga “control absoluto de sus Fuerza y Medios” como se asegura en la nota del 30 de mayo pasado, pero la realidad es que los militares han permitido, de buena gana o no, que la Policía y los paramilitares les arrebatasen el monopolio legítimo de la Fuerza y que les hayan convertido en menos que actores de reparto en la crisis que vive el país. La Constitución Política reconoce únicamente la existencia de dos instituciones armadas en Nicaragua, una militar ―el Ejército― y la otra de naturaleza civil ―la Policía―. Pretendiendo contener y neutralizar la inesperada y masiva rebelión cívica y pacífica de los autoconvocados, Daniel Ortega y Rosario Murillo recurrieron a la Policía y a las bandas de paramilitares.

Estas fueron organizadas desde la vicepresidencia de la República en coordinación con las 135 alcaldías y los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) a nivel territorial que Murillo controla. Las bandas de paramilitares están conformadas por expolicías y exmilitares, policías de línea que por las noches visten de civil, trabajadores de esas alcaldías, una cantidad no determinada de los más de 800 presos que purgaban penas, incluso mayores, que fueron liberados por orden de Daniel Ortega, desmovilizados del Servicio Militar, pandilleros desmovilizados y/o activos y jóvenes en situación de riesgo social, además de pequeños narcotraficantes de droga dedicados al narcomenudeo. Sus mandos se distribuyen entre miembros de la Asociación de Militares Retirados (AMIR), antiguos miembros de las Tropas Especiales del Ministerio del Interior (MINT), conocidas como Tropas Pablo Úbeda (TPU), miembros activos de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE) de la Policía y oficiales de la Policía con experiencia militar.
Paramilitares, un cuerpo armado al margen de la Constitución

A pesar de que es prácticamente imposible establecer la cantidad exacta de sus efectivos, sí es importante señalar que esas bandas de paramilitares constituyen una auténtica fuerza irregular con capacidad militar, establecidas con formato cuasi militar, pero que no responden a los mandos oficiales de las fuerzas de seguridad, en este caso de la Policía. En las fotografías y vídeos que circulan por las redes sociales es posible identificar las armas que utilizan, entre ellas Fusiles de asalto AK-47, FAL y AR15, escopetas calibre 12, carabinas M1, pistolas y revólveres.

Si la Carta Magna expresamente establece que “No pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional que los establecidos en la Constitución” y las bandas de paramilitares son un tercer cuerpo armado, ¿a quién corresponde entonces cumplir con este precepto constitucional? Ya he indicado que la Carta Magna señala que es al Presidente de la República. Pero si este no lo hace, ¿quién debe hacerlo entonces? La respuesta a esta interrogante está en la misma Norma Suprema y en la Ley 855, a la que denominaremos Ley del Ejército. La primera señala en su artículo 95 que “El Ejército de Nicaragua se regirá en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia”; la segunda prescribe en su artículo 2 que una de las funciones del Ejército es “Disponer de sus fuerzas y medios para combatir las amenazas a la seguridad y defensa nacional, y cualquier actividad ilícita que pongan en peligro la existencia del Estado nicaragüense, sus instituciones y los principios fundamentales de la nación”.

Es más que evidente que los paramilitares, en tanto cuerpo armado ilegal, constituyen una grave amenaza a la seguridad y defensa nacionales y sus actividades ilícitas ponen en riesgo la existencia del Estado, sus instituciones y los principios fundamentales de la nación. Este artículo, como puede constatarse, no condiciona ni restringe la intervención del Ejército para controlar y neutralizar a ese “tercer cuerpo armado” organizado, armado y financiado por la pareja de El Carmen. En consecuencia, si el Ejército no dispone de sus fuerzas y medios para combatirlo es sencillamente porque no están dispuestos a cumplir con lo que la ley les ordena, apuntalando así al régimen Ortega-Murillo en contra de la voluntad de la gran mayoría de nicaragüenses que reclaman justicia y democracia y que demandan que se vayan. Pero además los militares violan la Constitución porque al no hacerlo es claro que no se rigen por ella, ni la respetan ni la obedecen. Así, si bien el Ejército tiene legitimidad de origen, por su silencio cómplice no tiene legitimidad de desempeño. Evidencia de ello es la poca o ninguna confianza que la mayoría de los nicaragüenses tiene en el Ejército y la opinión desfavorable que del general Julio César Avilés, comandante en jefe de la institución militar, tienen los nicaragüenses, de acuerdo con la encuesta de opinión de CID Gallup de septiembre de este año.

Un “intento de golpe de Estado”, ¿y el Ejército dónde estaba?

Desde que derogó la polémica reforma al INSS y aceptó dialogar para tratar de resolver la crisis, el 22 de abril, cinco días después de iniciada la inédita rebelión cívica y pacífica, pero manteniendo su escalada represiva, el gobierno Ortega-Murillo sabía que estaba acorralado. No tenía nada que ofrecer en el Diálogo para solucionar la crisis que, en su obcecación por mantenerse en el poder, provocó. Llegó a la instalación del Diálogo con un desproporcionado e intimidante despliegue de seguridad, incluyendo dos helicópteros de la Fuerza Aérea del Ejército, y las manos vacías, pero ya manchadas de sangre. Los primeros días del Diálogo se desarrollaron entre la intransigencia del gobierno y la firmeza de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. El 23 de mayo, una semana después de haber sido instalado, se suspendió temporalmente.
Un mes antes, el 23 de abril, el mismo día en que cientos de miles de nicaragüenses participaron en la mayor marcha pacífica autoconvocada en Managua, aparecen las primeras referencias a un supuesto “golpe de Estado blando”, un “aterrizaje suave” o “soft landing” que presuntamente se fraguaba contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Un mes después, el 23 de mayo, justo el día en que se suspende temporalmente el Diálogo, la narrativa oficial cambia de lo “blando” a lo “duro”. El canciller de Daniel Ortega, quien encabeza la delegación del gobierno en el Diálogo Nacional, afirma que la Agenda del Diálogo presentada por los obispos de la Conferencia Episcopal en su labor de Mediación y Testigo “es una Agenda que, al verla en su forma concentrada, nos lleva a un solo punto: [Es] El diseño de una ruta para un golpe de Estado, la ruta para cambiar el Gobierno de Nicaragua”. Pero la Agenda lo que señalaba eran los mecanismos constitucionales para la celebración de un proceso electoral justo y transparente, indicando que para ello era preciso una reforma parcial de la Constitución Política a fin de adelantar las elecciones presidenciales, municipales, legislativas y de las regiones autónomas, a la mayor brevedad posible, así como otras reformas concurrentes.

A partir de ese momento, la retórica del “intento de golpe de Estado” se extendió de boca en boca de funcionarios del régimen como reguero de pólvora, pero ¿es en realidad la Agenda presentada por los obispos un “intento de golpe de Estado”? Obviamente que no, pero en su desesperación por deslegitimar y criminalizar las protestas cívicas y pacíficas de los autoconvocados, el régimen Ortega-Murillo recurrió al primer expediente que encontró más fácil para victimizarse, pero el más desatinado porque en rigor un golpe de Estado es una acción violenta llevada a cabo por fuerzas militares o rebeldes que buscan apoderarse del gobierno de un Estado y constituye falta de reconocimiento hacia la legitimidad constitucional. Grave desliz político y conceptual del Canciller porque un “cambio de gobierno” por la vía constitucional no es sinónimo de “golpe de Estado” y los autoconvocados no son militares ni rebeldes que pretenden apoderarse del Gobierno por medios violentos. El carácter cívico y pacífico de la rebelión ciudadana cívica y desarmada es, sin lugar a duda, el mayor mentís a la narrativa oficial del golpe de Estado.

Incluso, Guillermo Fernández Maldonado, coordinador de la Misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Nicaragua, declaró en conferencia de prensa el 29 de agosto pasado, que desde el inicio de la crisis el gobierno Ortega-Murillo planteó a la Misión que las protestas se trataban de un intento de golpe de Estado que buscaba romper el orden constitucional. "Lo que nosotros le dijimos [al gobierno] ―afirma Fernández Maldonado― es que si esa es la visión (del golpe de Estado) que nos den acceso a la información y a los lugares que ratifiquen esa visión y si encontramos, que efectivamente los hechos sostienen esa visión, lo haríamos público. No nos han respondido, agregó, [a] ninguna de las solicitudes de información y no nos han permitido ir a ninguno de los lugares que propusimos", agregando que la información oficial a la que ha tenido acceso la Misión “no apoya esa visión (del golpe de Estado)”. Al día siguiente, descubierto en la falsedad de su narrativa y sin más argumento que la fuerza y el abuso del poder, el régimen Ortega-Murillo ordenó la expulsión de la Misión del OACNUDH del país.

Pero bien, dejemos atrás los entresijos de esa porfía entre el Gobierno de Ortega y la Misión del OACNUDH y asumamos que, en efecto, los obispos de la Conferencia Episcopal y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en realidad pretendían dar un golpe de Estado al presidente Daniel Ortega, golpe que según este se venía urdiendo desde que regresó al poder en enero de 2007. Asumamos además que quienes estaban detrás de esa conspiración eran, como lo ha reiterado Ortega, “las fuerzas extremistas en Estados Unidos que están asentadas en la Florida” y que era ejecutada por las “fuerzas clandestinas armadas que […] se han convertido en instrumento de muerte del golpe de la derecha”.

En tales circunstancias, es obligado peguntarse: ¿Por qué Ortega esperó 11 años para denunciarlo? ¿Dónde estaban y qué hacían mientras tanto el Ejército y la Dirección de Información para la Defensa (DID), su órgano “especializado de información estratégica de Estado”, devenido a órgano de Inteligencia política ―espionaje político― del régimen, en abierta violación del precepto constitucional que expresamente “prohíbe a los organismos del Ejército y la Policía, y a cualquier otra institución del Estado, ejercer actividades de espionaje político”? ¡Nada! Más aún, en ninguno de los tres documentos (el comunicado y las dos notas de prensa arriba citados) emitidos por el Ejército se hace siquiera la más mínima referencia a esa “intentona de golpe de Estado”. En cualquier país del mundo un intento de golpe de Estado es desvelado por sus órganos de inteligencia y de inmediato se encienden las alarmas de seguridad para neutralizar la conjura y capturar a los conjurados. Pero en Nicaragua no fue así. El Ejército no supo o no pudo descubrir a tiempo la amenaza que se cernía sobre su Jefe Supremo. ¡Quien lo hizo fue el canciller Moncada! Y esto solo tiene dos explicaciones: o la DID es ineficiente en sumo grado, o maliciosamente se guardó esa información con fines insospechados.

* Por Roberto Cajina, Consultor Civil en Seguridad, Defensa y Gobernabilidad Democrática