Los menores huérfanos de la represión que la dictadura Ortega Murillo no reconoce

La Plataforma periodística Despacho 505 realizó un recuento de los niños que perdieron a sus padres desde el inicio de la represión gubernamental en abril del 2018 y que sus nombres no aparecen en las listas de las instituciones de Estado y hasta la fecha no reciben ningún tipo de asistencia.

Despacho 505 entrevistó a los familiares de estos menos que sufren por la muerte de sus papás y el estigma de ser hijos de un enemigo del gobierno. Están creciendo con muchas necesidades en diferentes ciudades de Nicaragua.

HAMILTON: 8 AÑOS

Hamilton es alumno destacado del tercer grado en una escuela de Masaya. Su papá, a quien solo identificaremos como Erick, fue asesinado en la Operación Limpieza ejecutada por la policía y civiles armados para desmantelar los tranques el 17 de junio de 2018 en esa ciudad. Tenía 34 años.

Operación Limpieza es el término popular utilizado por la población para referirse a la ofensiva armada dirigida para eliminar los tranques y barricadas que la gente había colocado desde el mes de mayo del 2018, para protegerse del ataque de paramilitares en distintas ciudades en el contexto de las protestas antigubernamentales. El mismo término fue utilizado por la dictadura somocista en 1978 para atacar las ciudades donde había presencia de guerrilleros sandinistas.

Erick participó en las protestas y fue asesinado en uno de esos ataques. Él era obrero de una textilera y se hacía cargo de la manutención de su hijo Hamilton. Después de su muerte, la tía abuela del niño, de oficio costurera, se ha hecho cargo de su manutención, a pesar de sus pocos ingresos económicos.

“A él (Hamilton) me lo hicieron madurar antes de tiempo, él recuerda lo de su padre (el asesinato). Empezar con él es difícil porque llenar un vacío que talvéz él no lo saca (expresa)… solo él sabe su dolor”, dice su tía abuela con la voz quebrada.

La tía de Hamilton llora al exponer el trauma que el pequeño calla tras el asesinato de su padre en Masaya.

A los pocos días del asesinato de Erick, el niño fue llevado al psicólogo para valorar su estado emocional, gracias a las gestiones de otras madres y esposas de asesinados, porque ninguna institución del gobierno, como el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, se acercó para brindar apoyo económico o psicológico. Dieciséis meses después tampoco lo han hecho.

Aunque Hamilton goza del amor de la familia paterna, manifiesta que le hace falta su papá. Cuenta que hacían las tareas y lo llevaba al campo de béisbol.

RICARDO: DE 10 AÑOS

Ricardo también perdió a su papá Marcelo Mayorga durante la Operación Limpieza en Masaya. Su madre ha asumido su cuido con la ayuda de su otro hijo de 19 años. En esta familia las necesidades económicas apremian y la tristeza embarga al niño.

Hay días en que Ricardo no quiere comer, se enoja fácilmente y se levanta sin querer hablar con nadie, narra su mamá. Ella explica que esos cambios surgieron a partir del asesinato de su papá, incluso ha recibido atención psicológica por esa razón. Al ser baleado mortalmente Marcelo tenía 41 años de edad y trabajaba como chofer.

Ricardo es asmático y mensualmente requiere de la compra de medicamentos, que no son garantizados por ninguna institución de salud. Se dificulta adquirirlos por la falta de dinero.

Ricardo también recuerda a su papá y se consuela viendo las fotos o navegando en internet donde busca videos y fotografías de su progenitor. Lo hace para recordarlo siempre y como una forma de escape, logró expresar.

NICKY: 6 AÑOS

Franco Valdivia fue asesinado en Estelí, su hija de seis años pide «ir al cielo» para volver a verlo.

En Estelí, al norte de Managua, Nicky de 6 años de edad, hija de Franco Valdivia, tampoco ha recibido ayuda psicológica o material del Estado. Valdivia era estudiante universitario y trabajador de una carpintería. Fue asesinado el 20 de abril de 2018, al inicio de las protestas.

Nicky está a cargo de su mamá, una licenciada en Farmacia que se encuentra desempleada, y de su abuela paterna, Francisca Machado, quien es ama de casa.

La niña llora cuando ve las fotografías de su papá y le pregunta a su abuela dónde está. Francisca siempre le dice a su nieta que su papá está en el cielo y Nicky responde: “Quiero ir al cielo a verlo”.

ALEXANDER Y ALEX GAMALIEL

En León, al occidente del país, los niños Alexander Caleb de 5 años y Alex Gamaliel de 3 meses de nacido, han quedado viviendo en condiciones de extrema pobreza con su madre desempleada.

Son hijos de Alex Machado Vásquez, un obrero de la construcción, de 24 años, que fue asesinado el 5 de julio de 2018.

Luisa Sánchez, abuela paterna de los niños, dice que trata de ayudar con la manutención a través de la venta de frijoles cocidos. Con eso ella gana unos 200 córdobas diarios (6 dólares), lo cual es insuficiente para cubrir las necesidades básicas.

“El niño está viviendo muy mal, yo sé que el niño perece… que me ayuden para mis niños, yo quiero que alguien se toque el corazón, que me ayude”, suplica la señora.

Luisa perdió a su hijo y a su dolor suma las dificultades que enfrentan para garantizar las necesidades de sus dos nietos, pide ayuda.

Cuando Alexander Caleb llega a la casa de la abuela, se queda observando la foto de su papá y dice: “La policía mató a mi papá”. Se siente triste y llora.

Estos dos niños tampoco reciben apoyo institucional, a pesar que delegados de gobierno les ofrecieron ayuda económica. Doña Luisa la rechazó, porque recién asesinado su hijo les pidió a las autoridades el acta de defunción y se la negaron. Tampoco buscaron atención psicológica de ningún centro médico porque desconfían del sistema público de salud.

LESLIE Y GALILEA

En Ciudad Sandino, Managua, se vive otro drama con las niñas Leslie y Galilea, hijas de Josep Delgado. Él se desempeñaba como ayudante de mecánica y fue asesinado el 8 de julio de 2018, cuando al salir de su casa desde una esquina le dispararon. Días antes lo habían amenazado por ser crítico del gobierno, cuenta Bertha Alfaro, su mamá. “Ha sido muy difícil para las niñas, principalmente para Leslie que tiene 8 años, siempre lo llora”, relata.

Leslie y Galilea son hijas de madres distintas. Para la manutención de Leslie el Seguro Social asigna a su madre 1,300 córdobas (unos 40 dólares) mensuales; pero Galilea, de 5 años, no recibe un solo córdoba.

La madre de Galilea sobrevive trabajando como estilista. Entre cortes   y peinados reúne entre 500 y 800 córdobas semanalmente. Insuficiente, indica Bertha.

Si bien estos niños que perdieron a sus padres debido a la represión estatal tienen apoyo familiar, no han recibido atención psicológica profesional de ninguna institución del Estado, tampoco asistencia económica para sufragar los gastos de manutención, a pesar de que las familias responsabilizan al gobierno por el asesinato de los padres quienes eran quienes garantizaban el sustento.

GOBIERNO SOLO ATIENDE A SUS SIMPATIZANTES

Para brindar atención a los afectados en el contexto de la crisis sociopolítica que todavía no se resuelve, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 994, Ley Integral de Atención a las Victimas, y una de las acciones contempladas consistió en la identificación de los huérfanos del conflicto.

Según el recuento gubernamental hay 105 huérfanos (48 niñas y 57 niños), hijos de 198 víctimas de lo que llaman violencia provocada por el intento fallido de un golpe de Estado. No obstante, la cantidad de huérfanos podría ser mayor, tomando en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, contabilizó 325 víctimas mortales en las protestas del 2018.

La Procuradora de Derechos Humanos, Corina Centeno informó recientemente a través de medios oficialistas, ya que no atendió nuestras solicitudes de entrevista, que el listado de niñas y niños huérfanos fueron remitidos al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, para que elabore un plan de seguimiento a fin de garantizarle sus derechos humanos.

Las preguntas que la Procuradora de Derechos Humanos no responde
¿En qué cosiste la ayuda concreta que les están dando a las familias de los asesinados? ¿Por qué el gobierno no le pasa una ayuda económica a las niñas y niños huérfanos por esos hechos de violencia?
¿Existe sesgo político en las asignaciones de ayuda a las víctimas?
El gobierno reconoce 198 víctimas. La CIDH reconoce 325 . ¿Han buscado ustedes a las hijas e hijos de estas otras víctimas?
¿La Ley 994 divide a las niñas y niños en dos categorías: quienes reciben atención del
Estado y quienes quedan fuera de esos beneficios?

“Ninguna de las familias de los asesinados en la represión gubernamental ha recibido la visita de alguna instancia del gobierno y tampoco la queremos”, aseguró Liseth Dávila, vice presidenta de la Asociación Madres de Abril AMA.

Si bien los huérfanos tienen necesidades psicológicas y económicas, lo que exigen tanto las madres de los asesinados como los hijos, es justicia, verdad, reparación y no repetición, destacó Dávila.

Efectivamente, las madres y esposas de asesinados consultadas en Managua, Masaya, León y Estelí, coincidieron en su demanda de justicia, aunque reconocieron que enfrentan dificultades económicas para dar respuesta a las necesidades de alimentación, ropa, educación, recreación y salud, y no cuentan con redes de apoyo para cubrirlas.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

A estos niños, niñas y adolescentes huérfanos, el Estado de Nicaragua les ha violentado una serie de derechos humanos, sostiene Jorge Mendoza, vocero de la Federación Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan por los derechos de la Niñez y la Adolescencia (Codeni).

Nicaragua es firmante de compromisos internacionales en materia de protección de los derechos de la niñez como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, la Convención Americana sobre Derechos Humanos el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales han sido violentados, sostiene Mendoza.

El Estado ha violentado también la Constitución de la República y el Código de la Niñez y la Adolescencia, que establecen las condiciones que debe garantizar para proteger a la niñez, pero al asesinar a sus padres les quitó el derecho a tener una familia, sostiene Codeni.

Si el Estado por razones políticas solo está atendiendo a una parte de los niños huérfanos, sería otra grave violación a sus derechos humanos, la atención debe ser sin exclusión alguna, sin discriminación, no se debe poner el interés político por delante, señala la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena.

El Estado debe proveerles las condiciones mínimas a estos niños y niñas, para vivir en familia, no es meterlos en instituciones. Nicaragua tiene un marco legal de protección a la niñez, esa institucionalidad es responsable de proporcionar a esos niños las satisfacciones mínimas para sus derechos, sostuvo Arosemena.

Asimismo, asegura que el gobierno debe generar las condiciones, que les permitan a las familias, asumir la protección de esos niños y niñas con el apoyo técnico, económico, social, educativo y asistencia emocional, enfatizó la presidenta de la CIDH.